La Subsecretaria del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Pilar Platero, ha firmado hoy, martes, un convenio con la Xunta de Galicia, que establece el marco de colaboración de ambas Administraciones para la puesta en valor de fincas rústicas con vocación agraria, tanto de titularidad de la Administración General del Estado como de aquellas de titularidad desconocida sujetas a expediente de investigación.
El convenio responde a las directrices de movilización de bienes ociosos contenidas en el Plan de Racionalización del Patrimonio Inmobiliario público del Estado, que se viene desarrollando desde comienzos de 2012.
La singularidad de este convenio respecto a otras medidas es que la puesta en valor de estos inmuebles se realizará bajo la tutela de otra Administración Pública, en este caso, de la Xunta de Galicia, a través de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural (AGADER), entidad gestora del Banco de Tierras de Galicia.
La Subsecretaria de Hacienda, Pilar Platero, ha explicado que "el acuerdo firmado constituye un ejemplo de eficiencia, optimización y colaboración y, en este sentido, se enmarca en el conjunto de medidas puestas en marcha por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas.
Dentro del esquema de movilización de tierras diseñado por la Ley de Galicia 6/2011, de 13 de octubre, de movilidad de tierras, las fincas rústicas de titularidad de la Administración General del Estado situadas en el territorio de la Comunidad gallega se integrarán en el Banco de Tierras de Galicia, gestionado por AGADER, para su puesta en valor mediante la cesión de su uso y aprovechamiento por terceros. Además, AGADER realizará las labores de mantenimiento y acondicionamiento de estas fincas.
En cuanto a los bienes de titularidad desconocida, el convenio regula el mecanismo para que AGADER pueda asumir su gestión mientras se instruye el expediente correspondiente, para evitar la desvalorización de estos inmuebles. Además AGADER colaborará con la Administración General del Estado en la detección de los predios abandonados y en la investigación posterior.
"El convenio que hoy hemos firmado -comentó Pilar Platero- define el marco de la asistencia que la Comunidad Autónoma de Galicia, de acuerdo con su Ley 6/2011, de movilidad de tierras, y a través de su Agencia de Desarrollo Rural, puede prestar a la Administración General del Estado respecto de dos grupos de bienes:
- Los inmuebles rústicos de carácter patrimonial propiedad de la Administración General del Estado. En el conjunto de las cuatro provincias gallegas, la Administración General del Estado posee 1.972 fincas rústicas, de las cuales 1.752 son de carácter patrimonial y se encuentran disponibles para integrarse en este sistema de administración de considerarse apropiadas para ello. En la firma la Subsecretaria hizo entrega de la relación de fincas del primer lote de tierras.
- Los inmuebles que presumiblemente carecen de propietario y, por tanto, pueden llegar a ser declarados de titularidad estatal de confirmarse esa situación. Según datos del Catastro, a 31 de enero de 2013, en Galicia había 327.827 fincas rústicas cuyo propietario no se conoce y que suman una superficie de 6.000 hectáreas.