En respuesta a una pregunta del senador socialista Miguel Fidalgo, Miguel Arias Cañete ha asegurado que el Gobierno está trabajando para conseguir que las medidas que introduce la Política Pesquera Común que se aprueben finalmente "permitan al sector pesquero español ejercer una actividad rentable y con futuro, en la que se concilien los aspectos biológicos, ambientales y socioeconómicos".

Para ello, el ministro ha manifestado que el Gobierno apuesta por la consecución de un acuerdo satisfactorio y en bloque sobre todos los textos (Reglamento de la PPC, Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y Reforma de la OCM de productos de la pesca).

Arias Cañete también ha respondido al senador Fidalgo sobre la situación de los Acuerdos Internacionales de Pesca que afectan a España. Así, Arias Cañete ha recordado que se han firmado nuevos protocolos de pesca con Costa de Marfil, Madagascar, Mozambique, Mauricio y Kiribati.

No obstante, "el mayor de nuestros esfuerzos se ha dedicado a la renovación del protocolo de pesca con Marruecos y el acuerdo con Mauritania", ha asegurado. Respecto al primero de ellos, el ministro ha indicado que hoy, tras varias rondas negociadoras, nos encontramos en un proceso muy avanzado de negociación. Hasta el momento, se han consolidado los avances en relación con las condiciones técnicas, que facilitarán un mejor aprovechamiento del acuerdo. Ahora, se está negociando la contrapartida financiera que recibirá Marruecos.

Sobre el acuerdo con Mauritania, Arias Cañete ha recordado que el Gobierno votó en contra de la aprobación del Protocolo y sigue haciendo todos los esfuerzos para llamar la atención sobre sus efectos negativos. En particular, "desde el Gobierno continuaremos ejerciendo nuestra influencia para que sea vetado en el Parlamento Europeo y, de llegar a aprobarse, solicitaremos a la Comisión Europea que denuncie el acuerdo por falta de utilización".

Ante la pregunta del senador de CiU Manel Plana sobre las actuaciones previstas por el Ejecutivo para reconducir las asimetrías en la distribución de márgenes y precios en el proceso comercializador agrario, Arias Cañete ha subrayado que el correcto funcionamiento de la cadena alimentaria "resulta indispensable para garantizar un valor añadido sostenible a todos los operadores que contribuyen a aumentar su competitividad global y para que revierta, igualmente, en beneficio de los consumidores".

Para ello, el ministro ha explicado que se ha elaborado el proyecto de Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, basado en "un modelo mixto de regulación y autorregulación" de las relaciones comerciales entre los agentes de la cadena alimentaria.

También ha señalado el fortalecimiento del sector productor, sobre todo a través del fomento del cooperativismo, como otra alternativa para atajar los desequilibrios de la cadena de valor del sector agroalimentario. Así, el proyecto de Ley de fomento de la integración cooperativa y otras entidades asociativas , aprobado también este pasado viernes en Consejo de Ministros, dispone la puesta en marcha de medidas que fomentan la concentración de la oferta, en origen y la potenciación de grupos comercializadores.

En cuanto a los efectos del Acuerdo Agrícola de la UE con Marruecos, el titular de Agricultura ha señalado que, dado que las frutas y hortalizas españolas son consideradas como productos sensibles, "la liberalización no ha sido total, sino que se han mantenido una serie de protecciones del mercado comunitario que permitirán los intercambios sin perturbaciones significativas de ninguno de los mercados", ha recalcado. 

En el caso concreto del tomate, Arias Cañete ha comentado que dada la importancia de esta producción en España y, en particular, en el Archipiélago Canario, es donde más restricciones se han mantenido. En concreto, en el nuevo Acuerdo "se mantienen contingentes limitados a los que se conceden preferencias arancelarias". El ministro ha explicado que "estos contingentes se extienden al conjunto de la campaña octubre-mayo y, además, se establecen contingentes mensuales con la finalidad de que las cantidades importadas se distribuyan regularmente a lo largo de la campaña, evitando perturbaciones por concentraciones temporales de la oferta".

Ante esta cuestión planteada por el senador socialista Juan Andrés Tovar, Arias Cañete ha asegurado que el Gobierno está dedicando a este problema "gran esfuerzo y atención, y está diseñando política y medidas transversales", con medidas de carácter económico, social, cultural o medioambiental.

A este respecto, el ministro ha asegurado que la Ley de Desarrollo Rural Sostenible "no ha tenido el éxito esperado" debido, principalmente, a su contenido complejo y poco realista. Por ello, el Gobierno ha decidido su modificación para "acercarla a los problemas reales y al contexto económico en el que nos encontramos", dotándola de mecanismos que faciliten su puesta en marcha en todas las CCAA que opten por su aplicación.

Estos mecanismos, ha añadido, van desde el apoyo a la agricultura territorial y el fomento de la diversificación económica, a la dotación de infraestructuras, equipamientos y servicios básicos, tecnologías de la información y otras medidas relacionadas con los recursos naturales. 

A una pregunta del senador socialista Miguel Fidalgo sobre las investigaciones realizadas sobre irregularidades en la gestión de programas de desarrollo rural tipo LEADER, Proder y similares en Galicia, Arias Cañete ha asegurado que en el periodo 2007-2013, la responsabilidad en el control de las irregularidades y expedientes de reintegro es de las Comunidades Autónomas, que ejercen como autoridades de gestión de los programas.

Preguntado sobre las empresas e instituciones beneficiarias de subvenciones europeas de desarrollo rural (LEADER, Proder y similares) en la provincia de Ourense, Arias Cañete ha reiterado que las autoridades de gestión de estos programas son las Comunidades Autónomas, así como las responsables de la gestión y los pagos de las medidas incluidas en los programas.

En relación también con Galicia, el ministro ha aclarado los trámites realizados para hacer efectiva la devolución de fondos reclamada por no estar justificado el gasto en el Grupo de Acción Local CEIVAM que gestiona fondos del Programa LEADER en la provincia de Ourense.