Cumplido el primer año completo de la Legislatura y con la voluntad de responder al papel indispensable del debate parlamentario en la vida democrática española, el Gobierno solicita de esa Cámara la celebración del Debate de política general sobre el estado de la Nación.

El propósito de este Debate es someter la acción de Gobierno a la evaluación de los distintos grupos parlamentarios, así como informar de las diferentes actuaciones que el Ejecutivo contempla desarrollar en las próximas fechas. La exposición de las medidas ya aprobadas por el Gobierno y la comunicación de las acciones que tiene previsto abordar han de contribuir a un objetivo esencial,  como es abrir un nuevo cauce para el escrutinio de la acción gubernamental por parte de la sociedad española.

Desde su toma de posesión, el Gobierno ha puesto en marcha una completa agenda de reformas de profundo calado y amplio recorrido con un objetivo prioritario: superar la crisis económica e impulsar la creación de empleo, como fundamento y garantía del bienestar social. Todo ello bajo un exclusivo principio rector: el interés general de los españoles.

El Ejecutivo está abordando, para ello, un programa reformista de una profundidad y extensión sin precedentes, tanto por la importancia de los objetivos que se persiguen, como por la dificultad que ha supuesto el punto de partida.

El Gobierno ha tenido que hacer frente a un escenario de intenso deterioro de la economía y dramático incremento del desempleo. El insostenible desequilibrio de las cuentas públicas, por encima de lo esperado, ha agudizándo la vulnerabilidad de la economía española a las tensiones financieras experimentadas en la Eurozona.

Esta situación ha condicionado de forma inequívoca el margen de actuación del Gobierno y ha obligado a asumir esfuerzos adicionales para volver a encauzar la senda de la consolidación fiscal y, con ello, recuperar la confianza y la credibilidad que suponen la base del crecimiento económico.

Pero un crecimiento estable, sostenido y creador de empleo exige también hacer frente a otros desequilibrios e ineficiencias acumulados por la economía española en los últimos años; desde la sequía de crédito provocada por la difícil situación del sistema financiero, hasta la insostenible dinámica de un marco laboral en el que los ajustes de la crisis se han traducido de forma unívoca en la destrucción de empleo.

Por ello, el Gobierno ha puesto en marcha un plan global de reformas articulado en torno a tres ejes: consolidación fiscal; saneamiento y reestructuración del sector financiero y reformas estructurales para dotar de mayor competitividad a la economía. Estas son las tres vías por las que discurre el camino del crecimiento y la creación de empleo.

Y este camino transcurre inequívocamente en el marco de la Unión Europea y nuestro compromiso con la moneda única. Por esta razón, el proceso reformista iniciado en España se desarrolla en paralelo y -además- en consonancia con las reformas que la Unión Europea está acometiendo para hacer de nuestro espacio común un proyecto de integración adaptado a los desafíos de competitividad global que permitan sostener y desarrollar un modelo de bienestar europeo en el siglo XXI.

España, junto al resto de Estados miembros, participa activamente en ese proyecto, que gira en torno a los siguientes ejes: la creación de empleo de calidad y el crecimiento económico sostenible, sobre la base del Pacto Europeo para el Crecimiento y Empleo aprobado por el Consejo Europeo de junio de 2012; el fortalecimiento de la Unión Económica y Monetaria, en línea con el calendario establecido en el Consejo Europeo del pasado mes de diciembre para la consecución de la Unión Bancaria, Fiscal y Política y la adopción del Marco Financiero Plurianual para el periodo 2014-2020.

Precisamente, el Consejo Europeo celebrado los días 7 y 8 de febrero se ha centrado en este Marco Financiero Plurianual.Tras un intenso proceso negociador, los Estados miembros han logrado un acuerdo sobre las prioridades presupuestarias de la Unión para los próximos siete años, de carácter equilibrado, tanto para la integración europea como para los intereses de España, con un saldo final que convierte a nuestro país en receptor neto de fondos.

A pesar de la difícil coyuntura económica y de las restricciones presupuestarias generalizadas, los Gobiernos de los Estados miembros han concedido una atención prioritaria a la lucha contra el desempleo y al crecimiento económico. Ejemplo de ello es la creación de un fondo para impulsar el empleo juvenil, con una importante aportación para España y la consolidación del apoyo a los agricultores españoles hasta el año 2020.

También en esa cita comunitaria, se ha abordado la compleja situación que se vive en Mali y el compromiso de la Unión Europea y el resto de la comunidad internacional en la búsqueda de soluciones para el Sahel.

Europa afronta un proceso de reformas crucial para su futuro y los diferentes Gobiernos de los Estados miembros hemos asumido como objetivo político de primer orden trabajar en aras del bienestar, de la cohesión económica y social, del crecimiento y de la competitividad en nuestros respectivos países y en Europa en su conjunto.

Así lo está haciendo el Gobierno de la Nación, con un programa de reformas compatible con los objetivos de Europa y pensado para las necesidades de España. Restaurar el equilibrio de las cuentas públicas, recuperar el flujo del crédito y favorecer la competitividad y flexibilidad de nuestra economía, son el fundamento para la creación de empleo y bienestar.

Este Gobierno ha asumido un intenso esfuerzo de cara a la consolidación fiscal, que ha llevado a la adopción de medidas extraordinarias y a la aprobación de los dos presupuestos más austeros de la democracia, los correspondientes a los años 2012 y 2013. Además, se han puesto las bases para que el desequilibrio que ahora se trata de corregir no vuelva a repetirse en el futuro, mediante la aprobación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que fija límites de déficit y endeudamiento para todas las Administraciones Públicas. Es fundamental llevar a cabo un esfuerzo conjunto de todas las administraciones en la consolidación fiscal, en un compromiso compartido que a todos nos vincula.

El Gobierno no es ajeno al esfuerzo que esto supone. Por esta razón, ha contribuido también a asegurar la solvencia financiera de las Comunidades Autónomas, garantes del buen funcionamiento de una parte importante de los servicios públicos que disfrutan los ciudadanos españoles. Para ello, se ha puesto en marcha el Fondo de Liquidez Autonómico, un mecanismo al que pueden adherirse de forma voluntaria, con objeto de cubrir las necesidades de liquidez y sujeto a una serie de compromisos en materia de disciplina fiscal y financiera.

A este mecanismo se une el Plan de Pago a Proveedores con deudas pendientes de pago por parte de Comunidades Autónomas y Entidades Locales, que ha supuesto una importante inyección de liquidez en la economía productiva.

Pero la completa recuperación de la economía exige, como condición indispensable, un sistema financiero saneado y solvente, capaz de nutrir de crédito a la economía real. El Gobierno ha adoptado medidas firmes para sanear el sistema financiero, reforzar su solidez y culminar el proceso de reestructuración y resolución de entidades de crédito. Medidas firmes, que han ido acompañadas, además, de un ejercicio de transparencia sin precedentes, que incluyó dos evaluaciones externas e independientes de los balances bancarios.

En el ámbito de las reformas estructurales, la reforma laboral supone una inyección de competitividad para la economía española en su conjunto, favoreciendo la flexibilidad interna como alternativa a la destrucción de empleo, fomentando la empleabilidad e impulsando la formación.

La formación es un valor estratégico fundamental para el futuro de nuestro país, clave en la creación de empleo. Se han puesto ya las bases para el desarrollo de un modelo de formación dual y se está impulsando una reforma educativa, que no sólo busca reducir las tasas de fracaso y abandono escolar, sino favorecer la calidad y excelencia de nuestro sistema educativo, a fin de que el talento de los jóvenes pueda desarrollar todo su potencial y encuentre su correlato en términos de empleabilidad futura.

La labor reformista del Gobierno se dirige, también, a la mejora de la competitividad de los mercados de bienes y servicios, con medidas tanto de carácter horizontal como sectorial. Así, el anteproyecto de Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, que tiene por objeto asegurar la libre circulación de bienes y prestación de servicios en todo el territorio nacional y aprovechar las economías de escala y alcance que ofrece nuestro mercado, impulsando la igualdad de condiciones para el ejercicio efectivo de la actividad de los agentes económicos en toda España.

A ello contribuirán, también, las medidas de liberalización del comercio y de determinados servicios, que permiten agilizar los trámites para la creación de nuevos negocios y dinamizar la actividad del sector, así como fomentar la competencia.

Y, para velar por la competencia y el correcto funcionamiento de los mercados, se ha abordado una profunda reforma de los organismos reguladores, en el proyecto de Ley de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, remitido por el Gobierno a las Cortes Generales.

La reforma energética también ha formado parte de la agenda reformista del Gobierno en el primer año de Legislatura, comenzando por atajar el abultado déficit de tarifa del sistema eléctrico.

Junto a ello, el Gobierno ha impulsado otras reformas que afectan a los sectores de red-transporte y telecomunicaciones-; así como medidas que inciden directamente en sectores productivos como la industria, el turismo, la agricultura, o que inciden en la calidad del crecimiento, como el fomento de la innovación o la protección del medio ambiente.

En el marco de las transformaciones estructurales, el Gobierno ha asumido el reto de abordar una profunda reforma de las Administraciones Públicas para reducir al máximo los solapamientos y las duplicidades entre las distintas administraciones y convertir al sector público en un referente de austeridad y eficiencia. A este objetivo responde la creación de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, así como la definición de un nuevo marco de sostenibilidad y racionalidad para la Administración Local.

El objetivo es avanzar hacia unas administraciones más modernas y eficaces. También en el ámbito de la Justicia, donde las reformas iniciadas pretenden reforzar su independencia, agilizar su funcionamiento, garantizar la sostenibilidad del sistema de justicia gratuita e impulsar nuevos mecanismos para reducir la litigiosidad.

A lo largo de este año, de intensas reformas y de grandes esfuerzos, el Gobierno no ha sido ajeno a las consecuencias sociales que ha provocado la crisis económica, en particular, entre los sectores más vulnerables.

Por ello, y a pesar del escenario de restricción presupuestaria, en 2013 se han revalorizado un 2% las pensiones iguales o inferiores a mil euros y un 1% el resto de las pensiones.

Ante la imposibilidad de algunas familias a la hora de hacer frente a sus deudas hipotecarias, el Gobierno ha aprobado el Real Decreto-ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, que se está tramitando como proyecto de Ley en las Cortes Generales.

El refuerzo de la protección social también abarca un ámbito de especial preocupación: la situación de los trabajadores en paro que han agotado su cobertura por desempleo. El Gobierno ha prorrogado el Plan Prepara, contemplando la prolongación de las ayudas mientras la tasa de paro permanezca por encima del 20%.

En definitiva, la solidaridad, el mantenimiento de la cohesión social y el reparto equitativo de los esfuerzos no han dejado de ser principios inspiradores de una acción de Gobierno que no ha tenido más guía que el interés general de los españoles.

Éste es el principio rector del programa reformista asumido por el Gobierno, que se enmarca en un contexto de gran complejidad y que exige, por tanto, la voluntad y la determinación del Gobierno, tanto como la confianza de la sociedad española.

El proceso de reformas emprendido hasta la fecha ha contribuido a mejorar la proyección internacional de España. La voluntad política del Gobierno en recuperar la credibilidad, la reputación y la confianza de nuestro país se ha plasmado en una intensa agenda internacional del presidente del Gobierno con hitos de tanta visibilidad como la positiva celebración de la Cumbre Iberoamericana de Cádiz o el ingreso de España como Estado Observador en el proceso de integración de la Alianza del Pacífico.

El impulso a la Marca España como elemento vertebrador de nuestra visibilidad internacional sirve para poner en valor las fortalezas competitivas de nuestro país en ámbitos tan distintos como el económico, el turístico, el lingüístico y el cultural.

Una de estas fortalezas tiene que ser la estabilidad institucional, que permita mantener el rumbo, concertar los esfuerzos, construir certidumbres y contribuir a la confianza. Las dificultades económicas que atraviesa nuestro país exigen responsabilidad y compromiso con el interés general de los españoles. Sólo desde la confianza en un proyecto colectivo de recuperación podremos alcanzar las metas que nos proponemos y que los ciudadanos demandan.

Se hace necesario reforzar la responsabilidad de los gestores públicos, la transparencia de las administraciones y la confianza que en unos y otras pueden depositar los ciudadanos. Son condiciones necesarias en todo caso y, más aún, en un momento como el actual, en el que los ciudadanos españoles, que han dado una lección de responsabilidad a la hora de afrontar una crisis, demasiado larga y demasiado profunda, exigen de sus gobernantes y representantes, la ejemplaridad que está en la base del vínculo democrático que les une.

Por ello, el Gobierno ha impulsado reformas de una gran trascendencia en este sentido. Desde la financiación de los partidos políticos, reduciendo subvenciones e incorporando nuevos mecanismos de control de sus cuentas, hasta el compromiso de hacer de la transparencia un principio rector clave de la actuación de las Administraciones Públicas.

El Gobierno ha querido ser pionero en este propósito, mediante el traslado a las Cortes del proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Esta norma supondrá un antes y un después para las Administraciones Públicas españolas, que se someterán al escrutinio de los ciudadanos en sus actuaciones y para sus responsables, que, por primera vez, deberán responder legalmente a normas de Buen Gobierno, cuyo incumplimiento llevará aparejado un régimen de infracciones y sanciones que pueden llevar a la inhabilitación para cargo público y, a través de la reforma del Código Penal -ya aprobada por el Parlamento- a penas de prisión en los casos más graves.

Esta norma será uno de los pilares fundamentales sobre los que el Gobierno aspira a erigir una nueva forma de representación y gestión pública, más austera, eficaz, transparente y responsable. La transparencia como obligación y el buen gobierno como norma legal, constituyen los mejores antídotos posibles frente a la corrupción y la mala gestión de recursos públicos.

Pero el Gobierno propone ir más allá y avanzar en todas las vías que permitan reafirmar nuestro compromiso a favor de la transparencia y en contra de la corrupción.Fortalecer las instituciones, mejorar la calidad de la democracia y restaurar la confianza de los españoles.

En este propósito, el Gobierno ni puede ni quiere ir solo, en el entendido de que la solidez de nuestras instituciones compete y atañe a todos cuantos forman parte de ellas.

Recuperar el prestigio de lo público, reforzar los vínculos de confianza entre los españoles y sus representantes y, en definitiva, mostrar un compromiso claro y explícito con la vitalidad democrática de nuestras instituciones es un imperativo ético y político y es, en definitiva, la mejor garantía de que las reformas emprendidas tendrán los efectos por todos esperados.

El Gobierno acudirá al Debate sobre el estado de la Nación con espíritu abierto, dialogante y receptivo a las aportaciones de los distintos grupos parlamentarios, en la confianza de que el acuerdo y el consenso prevalezcan en todas aquellas iniciativas destinadas al objetivo compartido por toda la sociedad española, que no es otro que la recuperación económica, el crecimiento y la creación de empleo, para la mejora del bienestar y la prosperidad para todos los españoles.