Miguel Arias Cañete ha señalado que el Gobierno quiere "poner al servicio de las cooperativas un mecanismo" capaz de contribuir a la mejora de la renta de los cooperativistas incidiendo en los problemas que este sector tiene en la actualidad, pues, a su juicio, es "un sector muy atomizado y con poca capacidad negociadora", al contrario de lo que sucede en otros países de la Unión Europea.

Su objetivo , ha dicho, es "favorecer su redimensionamiento, modernización, competitividad e internacionalización".

Arias Cañete ha señalado que existen en nuestro país unas 4.000 cooperativas agroalimentarias con más de un millón de socios y con una facturación de 18.797 millones de euros en 2012 que dan empleo directo a 100.000 trabajadores. No obstante, ninguna cooperativa española está entre las veinticinco más grandes de la Unión Europea.

El ministro ha dicho que el objetivo de este proyecto de ley es la estructuración de la oferta y el fomento de la fusión e integración de productores  y entidades que incremente su eficiencia y rentabilidad. "En el sector agroindustrial español, la integración de cooperativas y el corporativismo es muy importante", ha asegurado y ha destacado que se trata de un sector con una "clara vocación exportadora" y generador de empleo.

Respecto al proyecto de ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, el ministro ha explicado que su objetivo es "aumentar la eficacia y competitividad del sector" y "reducir el desequilibrio" en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor.

Arias Cañete ha señalado que se trata de un proyecto basado en un modelo mixto de regulación y autorregulación de las relaciones comerciales entre los agentes de la cadena alimentaria que contempla dos elementos fundamentales: los contratos alimentarios y las prácticas comerciales abusivas.

La autorregulación se centra en el establecimiento de un Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación alimentaria, cuya adhesión es voluntaria. El proyecto de ley crea, además, el Observatorio de la Cadena Alimentaria.

El ministro ha asegurado que con estas dos leyes "hacemos una reforma estructural de mucho alcance en el sector agroalimentario y le dotamos de unos instrumentos para mejorar el valor añadido de las producciones agrarias".

La vicepresidenta del Gobierno ha informado de que el Consejo de Ministros ha analizado el informe de la Abogacía del Estado sobre la resolución del Parlamento de Cataluña del pasado 23 de enero. En él "aprecia argumentos favorables a la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra dicha declaración. El Gobierno ha aprobado un acuerdo por el que se solicita al Consejo de Estado un informe previo a la interposición de un recurso de inconstitucionalidad".

Sáenz de Santamaría ha detallado que la Abogacía del Estado considera que "reconocer la soberanía del pueblo catalán vulnera distintos artículos de la Constitución" y argumenta la posibilidad de recurrir tal resolución en la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Por otro lado, establece las diferencias que hay entre esta decisión del Parlamento catalán y el denominado "plan Ibarretxe": "En ese caso el Constitucional se amparó en que estábamos en el inicio de un procedimiento legislativo, es decir, un acto de mero trámite. Aquí es una resolución que agota el procedimiento de decisión en sí misma y supone además la apertura de un proceso más amplio".

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha señalado que las declaraciones de la Renta y del Patrimonio del presidente del Gobierno se darán a conocer en la página web de La Moncloa, "probablemente", mañana sábado. Al tiempo ha destacado que Mariano Rajoy es el primer presidente de la democracia que adopta la decisión personal y directa de hacer públicos estos datos.

Respecto de la presentación del recurso de inconstitucionalidad sobre la propuesta soberanista adoptada por el Parlament de Cataluña, la vicepresidenta ha señalado que la Abogacía General del Estado ha apreciado elementos favorables a la presentación del recurso y ha recordado que el Gobierno que "cumple y hace cumplir la Constitución" porque "la democracia en un Estado de derecho es eso".

La vicepresidenta ha detallado el estado de trámite de la Ley para la reforma de la Administración local, una ley, a su juicio, muy importante porque "supone la vertebración territorial del Estado" y afecta a aspectos tan importantes como la educación y la sanidad, por lo que es especialmente importante hacer bien el correspondiente reparto competencial.

En respuesta a preguntas de los periodistas sobre una posible modificación de la legislación sobre el uso del tabaco, como consecuencia de la instalación del complejo Eurovegas en Alcorcón, (Madrid), Soraya Sáenz de Santamaría ha asegurado que "no ha entrado en los cauces de discusión del Gobierno".

A propósito de la actitud del Ejecutivo ante los supuestos casos de corrupción,  ha reiterado que se trabaja, en colaboración con otras fuerzas políticas, para proponer y establecer medidas por la transparencia y contra la corrupción. "Les garantizo que habrá medidas y medidas muy contundentes", porque, ha indicado, la valoración de la clase política, recogida en el informe CIS, "nos preocupa" y "nos pide soluciones". "Individualmente se nos exige que el comportamiento sea cada vez más ejemplar y transparente".