El senador de IU, Jesús Iglesias, exigió hoy conocer el coste que ha tenido para el Estado los estudios necesarios para imponer el “repago” sanitario y que, según denunció, podría haber sido superior al supuesto ahorro pretendido. El senador explicó que para imponer el denominado copago, fue necesario hacer un estudio de carácter nacional que luego tuvo que trasladarse a cada una de las Comunidades Autónomas, encargadas luego de su inclusión en cada tarjeta sanitaria. “Queremos saber cuánto ha costado imponer esta medida porque, según las organizaciones de las defensa de la sanidad pública, es posible que en 2011 el proceso haya costado más de lo que se ha ahorrado”.

 

En rueda de prensa celebrada esta mañana en la sede de IU Asturias, Jesús Iglesias quiso referirse también a la corrupción que, explicó, a día de hoy no pude abordarse sin ligarla, además, a la amnistía fiscal que con las medidas de gracia a los defraudadores aprobadas por el Gobierno del Partido Popular, se ha convertido, dijo, “en un instrumento al servicio de la corrupción”.

Lo peor, explicó el senador, es que ni siquiera estas medidas de perdón a los que hurtaban al fisco han servido para hacer aflorar el dinero no declarado e, incluso, ha supuesto una merma de ingresos que se producían por las declaraciones complementarias, en su mayoría realizadas para subsanar errores.

El Gobierno anunció una previsión de recaudación de dinero no declarado de 2.500 millones, sin embargo, la cifra alcanzada, según datos del Ejecutivo es de solo 1191. “Más allá del mensaje absolutamente negativo de que los defraudadores al final siempre se salen con la suya, resulta que hay que discutir incluso que se haya llegado a esa cantidad”, señaló Iglesias para quien el dinero real aflorado está en torno a los 800 millones, ya que el resto se correspondería a la cifra que se redujo el monto total de las declaraciones complementarias. “La amnistía fiscal ha beneficiado a quien no quería defraudar: todos los años se hacen declaraciones complementarias, lo que da lugar a que Hacienda declare más. Curiosamente, ese año de la amnistía, esas complementarias han caído porque les era más ventajoso decir que se había defraudado”.

Junto a estos problemas, Jesús Iglesias denunció que las modificaciones aprobadas por el Partido Popular permitirán además tratar con mayor “mimo” a los defraudadores pues, añadió, “a partir de ahora, alguien que ha cometido un delito fiscal, presenta una de esas declaraciones voluntarias, y se entenderá que nunca cometió delito fiscal, y no se dará parte ni al ministerio fiscal ni a los tribunales. Esto es un coladero al servicio de la corrupción”.

Una prueba de este apoyo a los corruptos, señaló el senador, es el caso Bárcenas: “Dice Montoro que Bárcenas no podía acogerse y no es cierto. El real decreto se aprueba en abril de 2012 y como no iba tan bien como se esperaba la Dirección General de de Tributos, en junio, establece, interpretando el decreto, que se podrán acoger a esta regularización quienes no sean titulares de los bienes objeto de la regularización siempre y cuando luego asuman esa titularidad. Y de eso se aprovechó Bárcenas”