“Afirma la Dirección de la TPA para justificar la privatización de los informativos municipales, que la prestación del servicio es ‘imposible de alcanzar con los recursos propios’, pero eso es lo que precisamente se está haciendo desde el primero de enero”
- “Si fueran insuficientes los recursos propios no tendrá sentido ni justificación un eventual ERE”
Gijón/Xixón.-. José Manuel Fernández Lavandera, consejero de la RTPA en representación del Grupo Parlamentario de FORO Asturias, ha llamado la atención sobre el hecho de que “desde el primero de enero de este año los servicios informativos de la cadena pública autonómica vienen funcionando con el buen hacer de los propios recursos del Ente Público sin que se resienta por ello el nivel de audiencia de las Noticias de TPA, lo que está suponiendo un notable ahorro de recursos para la cadena, que se viene a añadir a las decisiones que se tomaron de prescindir de programas excesivamente onerosos e injustificables para una cadena pública”.
Pese a ello, recuerda, “continúa adelante la convocatoria realizada por la Dirección de la RTPA de licitar la contratación del suministro de contenidos municipales para la producción de los servicios informativos, lo que viene entendiéndose como una externalización del servicio. Al final, se trata de la privatización de la ejecución de la información municipal”. “Ahora bien –se interroga el consejero de FORO–, si se mantuvo el nivel de audiencia de los servicios informativos con recursos propios durante todo el mes de enero, ¿qué sentido y finalidad tiene que se proceda a externalizar el suministro de contenidos informativos cuyo valor estimado alcanza los 5 millones de euros (832 millones de las antiguas pesetas)?”.
“Esa realidad debería hacer reflexionar a quienes se embarcaron en esta aventura, porque en el Pliego de Condiciones Juridicas se contempla como justificación para proceder a la licitación del contrato, que la prestación del servicio resulta ‘imposible de alcanzar con los recursos propios’, ocurriendo que tal pretexto viene desmentido por la tozuda realidad. Además, debería de preocuparles esta situación porque es condición básica en la contratación del sector público ‘asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, una eficiente utilización de los fondos destinados a (...) la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer’ (art. 1º de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público)”, explica Fernández Lavandera.
Argumenta el consejero que “difícilmente podrá explicarse que se cumple, en este caso, con el requisito de la ‘eficiente utilización de los fondos destinados a la contratación de servicios’, cuando está demostrado que se puede economizar el coste que supondrá la externalización de unos servicios que se vienen prestando con recursos propios del Ente Público de Comunicación. Y, si se puede evitar ese gasto, la consecuencia no es otra que se está quebrantando el objetivo de control del gasto, una de las exigencias básicas que impone la Ley 30/2007, de 30 de octubre”.
“Teniendo lo dicho anteriormente, no es de recibo que la Dirección de RTPA exponga como coartada para esa externalización la imposibilidad de la prestación del servicio con los recursos propios y al mismo tiempo se tenga en ciernes un eventual expediente de regulación de empleo (ERE) que pudiera afectar a trabajadores de la plantilla. Existe una evidente contradicción en ello. Si los recursos propios del Ente son insuficientes para la prestación del servicio, la consecuencia lógica es que no sobra nadie de los que están prestando servicios en el Ente”, destaca Fernández Lavandera.
“En consecuencia –finaliza–, los consejeros propuestos por el Grupo Parlamentario de FORO en la Junta General del Principado de Asturias no compartimos la decisión de la Dirección del Ente Público de licitar la contratación del suministro de contenidos municipales para la producción de los servicios informativos, y apostamos por que continúe la producción con recursos propios del Ente, con ahorro del valor estimado para esa externalización (5 millones de euros). Consideramos, además, que plantear un ERE en ese contexto resulta totalmente injustificable”.
