Quito (Pichincha).- Un caso destacado que refleja la realidad migratoria es el desalojo que sufrió el compatriota Luis Solórzano, quien a pesar de haber entregado su vivienda hipotecada mantiene una deuda eterna en España. Ante este hecho, la Defensoría del Pueblo apoyó la demanda que dicho ecuatoriano presentó en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La Secretaría del Migrante (Senami) indicó que son cuatro los compatriotas que presentaron demandas por la crisis hipotecaria en España. “No se trata de una demanda en contra del gobierno español, sino en defensa de un ser humano frente a los abusos del gran capital. El acceso a la vivienda es un derecho humano”, manifestó la titular de la Senami, Lorena Escudero.
La Embajada del Ecuador en España, la Defensoría del Pueblo y la Senami apoyan la demanda de Solórzano, así como de los otros tres casos adicionales. “Hemos atendido a cerca de 6 000 personas con asesoría en el tema hipotecario. Como estrategia retomamos estas demandas que representan la problemática que viven miles de ecuatorianos en España”, indicó el defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira.
En el 2005 Solórzano firmó un préstamo hipotecario por 173 000 euros para adquirir un departamento de 85 metros cuadrados que pertenecía al Instituto de Vivienda de Madrid. El inmueble de origen público, en realidad, tenía un valor de 53 143 euros.
En el 2008 estalló una burbuja inmobiliaria en España que provocó un acelerado incremento del desempleo. Esta situación afectó a españoles y extranjeros, quienes tuvieron que desalojar sus departamentos al no poder pagar los altos costos de dichos inmuebles.
Algunas instituciones bancarias del Ecuador pretendieron comprar la deuda que habían adquirido los compatriotas en España, sin embargo, frente a este escenario, en mayo de 2012, la Asamblea Nacional aprobó una ley para prohibir que los préstamos hipotecarios adquiridos por connacionales en otros países se cobren en el Ecuador.
Las deudas hipotecarias en Ecuador que no puedan ser pagadas quedarán saldadas con la entrega de esos bienes. De esa manera se protege las posesiones de las personas migrantes y sus familias.
La Senami trabaja en un proyecto productivo, con apoyo técnico y asesoría, para que Luis Solórzano pueda retornar al Ecuador haciendo realidad su sueño de instalar un negocio. POG/ Senami
