El año pasado 501.530 trabajadores autónomos cotizaron por la prestación de cese de actividad, esto es la cobertura equivalente a la que perciben los asalariados cuando se quedan en situación de desempleo, según los registros de la Seguridad Social.
La cifra se mantiene en la línea de los niveles alcanzados en 2011 (501.630). En ambos casos, los resultados no incluyen a los trabajadores del Sistema Especial Agrario.
En cuanto al importe mensual, la media de la prestación por cese de actividad se situó 649,46 euros y el periodo medio de percepción fue de 2,5 meses. A lo largo del año, la Seguridad Social desembolsó 2,1 millones de euros por el abono de dicha prestación.
Hay que recordar que la cuantía máxima de esta prestación equivale al 175 por ciento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) y la mínima oscila entre el 107 y el 80 por ciento, cantidades que se incrementan en función del número de hijos que el trabajador autónomo tenga a su cargo.
Las mutuas de Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional de la Seguridad Social dan cobertura al 92,5 % de los autónomos que cotizan por este concepto al RETA y gestionan el 90% de las prestaciones generadas por cese de actividad
En concreto, durante 2012 las entidades reconocieron 1.538 prestaciones por cese de actividad, en su mayoría -el 83,4% de los casos- el cese se produjo por motivos económicos, técnicos productivos u organizativos, mientras en una pequeña proporción -11,6%- se explica por causas propias de trabajadores autónomos dependientes.
El desglose refleja que las mutuas reconocieron 1.379 prestaciones y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), las 159 restantes (el 18 y el 21,8 por ciento de las solicitudes presentadas, respectivamente).
Simplificación de requisitos
El motivo más habitual de la denegación de la prestación es la acreditación incorrecta del cese, que aparece en el 86,9% de las de las solicitudes rechazadas.
En este sentido, la Seguridad Social mantiene su compromiso de simplificar los requisitos para acceder a esta cobertura, que nació en 2011 con ciertas trabas de acceso incomprensibles que ahora hay que depurar.
El organismo público detectó que el problema más recurrente para certificar el cese de actividad por motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos es la dificultad de verificar las pérdidas en la actividad, en casos de tributación por módulos.
Esto se debe a que el rendimiento se determina mediante indicadores objetivos basados en la actividad sin tener en cuenta los flujos reales de ingresos y gastos.
La Seguridad Social estudia con representantes del sector fórmulas que ayuden a facilitar la gestión de esta cobertura.
