FACUA-Consumidores en Acción se dirigirá a las autoridades de Sanidad para exigir que se hagan públicas las marcas que comercializaron pienso en el que se han detectado restos de ADN de perros y ovejas.

La asociación reclama la máxima transparencia a la hora de informar sobre cuáles son las cuarenta y dos empresas que han puesto en el mercado estos productos para que los consumidores puedan actuar en consecuencia.

Según informa La Voz de Galicia, la empresa de harinas y grasas Fernando Corral e Hijos, que presuntamente introducía en la cadena alimentaria restos de cadáveres de animales, llegó a comerciar con 42 firmas de toda España y del extranjero.

Por medio de un escrito, FACUA pide a las autoridades contundencia a la hora de sancionar a esta empresa y a todas aquéllas responsables de haber puesto en el mercado los productos afectados.

La asociación insta a las autoridades a aclarar si hay constancia de las grasas "se hubiesen utilizado para la elaboración de productos alimenticios para humanos", algo que el propio informe de la Guardia Civil no descarta.

Además, según la información publicada, entre las compradoras están algunas empresas de fabricación de aceites industriales y productos químicos, y se dan varios casos de firmas que comercializan alimentos para mascotas.

Con el fin de evitar que la sospecha salpique a todo el sector, FACUA considera que es necesario identificar qué empresas son las afectadas en Galicia (donde aparecen dos casos), Murcia, Valencia, Barcelona, Toledo, Castellón, Cartagena, Zaragoza, Salamanca, Ciudad Real, Valladolid, Segovia y Cáceres, e incluso en Portugal y Holanda.

La investigación del Seprona

El juzgado de instrucción número 3 de Ponteareas ha admitido a trámite la denuncia del Seprona de Vigo por un delito contra la salud pública y falsificación documental, después de que las investigaciones del cuerpo en Galicia y Salamanca destaparan a un grupo organizado que presuntamente introducía en la cadena alimentaria restos de cadáveres de animales.

Hasta el momento hay once personas implicadas pero no se descarta que se amplíe el círculo. La investigación se inició hace años a raíz de las irregularidades detectadas en las incineraciones de animales de la comarca del Val Miñor.

En febrero de 2012 se descubrió una fosa común con cientos de cadáveres de perros, ante lo cual la Guardia Civil intervino imputando a varias personas por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, así como falsedad documental y de certificados. 

Las pesquisas demostraron que un establecimiento de recogida de animales abandonados emitía documentos asegurando la correcta gestión de los cadáveres que, sin embargo, eran enterrados bajo tierra.

Esta irregularidad se estaba llevando a cabo también por diversas clínicas veterinarias, perreras o centros de equitación, entre otros, una prácticacon la que se ahorraban el coste del transporte de los cadáveres hasta la planta incineradora.