El Entrego.-Las comunidades de vecinos que soliciten autorización municipal para la instalación de ascensores que requieran ocupar suelo público estarán exentos de pago alguno. El pleno municipal que se celebrará el próximo viernes aprobará el acuerdo unánime de la Comisión de Hacienda por el cual el Ayuntamiento cederá gratuitamente suelo público para esos fines y no establecerá ninguna tasa fiscal reguladora.
Los grupos políticos con representación municipal se han decantado por la opción de la gratuidad frente a las otras dos posibles que apara la ley, como son el otorgamiento de suelo con contraprestación o la cesión sujeta a tasa por aprovechamiento de bienes de dominio público.
La cesión municipal del suelo contempla una superficie máxima de cuatro por cuatro metros y un plazo de tiempo de 75 años, sin posibilidad de prórroga. No obstante, se contemplan tres supuestos en los que la cesión cesará: cuando el edificio sea ocupado por uno de nueva planta, por rehabilitación integral y cuando desaparezca el interés público.
El alcalde del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio, Enrique Fernández, confía en que la medida “sea un incentivo para las muchas comunidades de propietarios que en su día manifestaron su interés por instalar ascensores y que carecía de espacio para ello. Con la modificación de la normativa urbanística en 2012 y ahora la cesión gratuita del suelo queremos facilitar la accesibilidad de nuestros vecinos a sus viviendas, en su mayoría personas de edad avanzada”, apuntó.
La comunidad de propietarios de la calle de Lope de Vega nº8, en El Entrego, será la primera en beneficiarse de la medida, habiendo recibido ya la autorización para la ejecución de la obra. En adelante, se prevé que la gratuidad en el aprovechamiento del suelo de dominio público sea un incentivo para otras fincas urbanas con una clara demanda social, como son las barriadas mineras.
La modificación puntual de las normas subsidiarias de planeamiento del concejo para facilitar la instalación de ascensores fue aprobada el pasado año, después de la pertinente tramitación administrativa que concluyó con la aprobación definitiva del acuerdo en Consejo de Gobierno.