El diputado advierte que ese documento no es más que un anteproyecto que, además, denuncia la ausencia de control interno por parte del Imserso

Gaspar Llamazares, diputado de IU de Asturias, exige al Gobierno explicaciones sobre el supuesto pago de ayudas a la dependencia a las comunidades autónomas por 30.000 beneficiarios ya fallecidos. El diputado asturiano quiere conocer si el inisterio de Sanidad avala la afirmación del Consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha con motivo de la reunión de la comisión interterritorial de Bienestar de que según el mencionado informe el sistema de atención a la dependencia había financiado las prestaciones de casi 30.000 dependientes ya fallecidos y que serían unos 140 millones los estafados. El diputado advierte en las preguntas por escrito al Gobierno de que el Tribunal de Cuentas afirma en una nota oficial que “en ningún caso” puede deducirse que de sus trabajos de fiscalización de los servicios de dependencia que hasta 2011 había 30.000 fallecidos en toda España a los que se abonaba inadecuadamente este tipo de ayudas. Es más, a juicio de Llamazares ese “supuesto informe” del Tribunal no es sino un anteproyecto que se encuentra en fase de alegaciones y, por tanto, ni siquiera ha sido entregado al Congreso de los Diputados ni tiene carácter definitivo. En ese anteproyecto, el Tribunal apunta a una ausencia de un adecuado control interno por parte del Imserso como responsable de la administración de la citada aplicación informática, así como de su mantenimiento y actualización.

Ante esta manipulación, el diputado asturiano pregunta si existe ese “informe” del Tribunal de Cuentas o se trata de un anteproyecto sujeto a alegaciones y que aún no ha sido entregado al Congreso de los Diputado, si conoce el Gobierno las protestas de varias comunidades autónomas contra la acusación formulada por el consejero de Castilla la Mancha, si piensa el Gobierno desmentir esa información como ya hicieron varias comunidades autónomas, entre ellas Asturias.

El diputado entiende que si el gobierno no desmiente esa falacia, “ se puede interpretar que este tipo de intoxicaciones sólo persigue el descrédito de la Ley de Dependencia y la justificación de los recortes a que está siendo sometida su aplicación”. Frente a esa posición del Gobierno, Llamazares advierte de que la “única verdad que se contrasta con las cifras es la drástica reducción de la aportación del Estado a la aplicación de la Ley de Dependencia”.

Por último solicita explicaciones sobre por qué el Imserso no ha hecho públicos los datos de Dependencia del mes de diciembre de 2012.