Santiago de Chile.-Hoy domingo se clausura en Santiago de Chile la "Cumbre de los Pueblos de América Latina, el Caribe y Europa. El encuentro tiene lugar en paralelo a la Cumbre de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y pretende centrarse en los derechos de los pueblos por encima de las leyes de mercado y los intereses de las empresas. Ecologistas en Acción participa en la reunión alternativa.
Bajo el lema “Por la justicia social, la solidaridad internacional y la soberanía de los Pueblos", se celebrará una marcha, charlas y otras actividades a lo largo del fin de semana. La cumbre de los Pueblos se centrará en analizar el contexto de crisis económica y financiera mundial. “Es una oportunidad importante para cuestionar las distintas dimensiones de la crisis y los intentos gubernamentales de utilizar la inversión de capitales europeos en América Latina como un camino de salida a ella", explican desde la organización de este encuentro paralelo.
El Gobierno español participa en la cumbre oficial, cuyo título es «Alianza para el desarrollo sostenible: Fomentando las inversiones de calidad social y medioambiental». A diferencia de otros países de la Unión Europea, en el caso español no hubo debate parlamentario ni reuniones preparatorias con la sociedad civil para definir posiciones de cara a la cumbre.
Por ello, Ecologistas en Acción y otras organizaciones presentes en la cumbre de los pueblos preparan una carta dirigida al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la que expresan su preocupación por diferentes aspectos.
Es alarmante el apoyo ilimitado del Gobierno a las empresas españolas con intereses en América Latina, por encima de vulneraciones de Derechos Humanos y Derechos Sociales, Económicos, Culturales y Ambientales que se cometen en la región. También lo es la exigencia de seguridad jurídica para las inversiones españolas, en tanto que los intereses de las compañías se colocan por delante de los de los pueblos.
Preocupante resultan también los Tratados internacionales de inversiones (TII) –como son los Tratados Bilaterales de Inversión (TBIs) y los capítulos de inversiones en los Tratados de Libre Comercio (TLC). Otorgan a las empresas transnacionales derechos extraordinarios, permitiendo a las corporaciones sortear leyes y cortes locales y demandar a Estados soberanos ante tribunales internacionales asociados con el Centro Internacional de Arreglos de Disputas en Inversiones (CIADI), la Comisión de Naciones Unidas sobre Derecho de Comercio Internacional (UNCITRAL), y la Cámara de Comercio Internacional (CCI). No existen, en cambio, tribunales internacionales similares en los cuales gobiernos o ciudadanos puedan llevar a las empresas transnacionales.
Por ello, Ecologistas en Acción y otras organizaciones instan a caminar hacia un marco internacional de inversiones alternativo que incorpore obligaciones vinculantes a las empresas relacionadas con derechos humanos, económicos, laborales, sociales y medioambientales y que no otorgue a los inversores derechos mayores que a los Estados. Debe además reconocerse el derecho a restringir y controlar los flujos de capitales internacionales especulativos y desestabilizantes y determinarse que áreas como la salud, los alimentos, los servicios públicos y los recursos naturales deben estar bajo control e inversión pública.
