Un viernes más, las empleadas y empleados públicos estamos en la calle para hacer oír nuestra voz contra los recortes y agresiones que, en nombre de la crisis, están recibiendo los servicios públicos y quienes trabajamos en ellos.

Una crisis que no provocamos, ni nosotros ni tampoco la mayoría de la sociedad, pero que sufrimos con toda la crudeza porque nuestros gobernantes han elegido un camino sin marcha atrás de destrucción del empleo y del mercado de trabajo, de los servicios públicos, de las redes de protección social, del llamado estado del bienestar.

El empleo, la educación, la sanidad, la dependencia, las pensiones, la justicia, están hoy en día en grave peligro porque son servicios públicos de los que se pretende sacar negocio.

Por ello nos manifestamos nosotros y nosotras, no solamente por nuestro salario, por nuestra paga robada, por nuestros derechos eliminados, nos manifestamos también por los servicios públicos dignos, de calidad y para todos, nos manifestamos contra unas medidas injustas y antipopulares que están conduciendo a millones de personas hacia la marginación social, contra unos recortes sociales y laborales que atacan sobre todo a la clase trabajadora de la que formamos parte. Porque este Gobierno cobarde, se envalentona con los débiles para defender los privilegios de los poderosos.

Pero hoy estamos también aquí para hacer una denuncia concreta. Hoy queremos denunciar que ante la movilización sostenida que llevamos impulsando desde hace ya más de 6 meses, cuando hemos respetado escrupulosamente todos los requisitos legales para ejercer nuestro derecho de manifestación, cuando en las decenas de manifestaciones y acciones realizadas no ha habido ni el más mínimo incidente de orden público, tenemos a un compañero denunciado por la policía con una propuesta de sanción de hasta 300 euros por “alterar la seguridad colectiva u originar desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos”, como consecuencia de la movilización del viernes 7 de diciembre del pasado año. El mismo día en el que otras 10 compañeras y compañeros fueron identificados cuando en la jornada de puertas abiertas de esta Junta General, cometían el grave delito de leer en voz alta en el hemiciclo artículos de la Constitución. Una Constitución secuestrada por la élite política en la que derechos como el trabajo, la vivienda, la negociación colectiva, el acceso libre a la justicia, a la sanidad o  a la educación se han convertido en papel mojado.

La denuncia interpuesta contra este compañero es injusta, como lo son la incoación del expediente y cualquier propuesta de sanción. Si le denuncian a él, que nos denuncien a todos, porque a la hora de defender nuestros derechos, todos los que estamos aquí somos uno.

Sabemos que la estrategia de este Gobierno para imponer sus injustas medidas también pasa por acallar las protestas y que para ello no dudará en utilizar la amenaza, la fuerza y la represión, pero queremos que sepan que no somos delincuentes.

Y que como ciudadanos, exigimos que el celo que desde el Ministerio del Interior y las Delegaciones del Gobierno se emplean para vigilar, denunciar o intimidar, se dirija hacia quienes realmente delinquen en este país. Exigimos que se persiga a quienes saquean la caja del dinero público, a quienes derrochan los recursos de todos con su nefasta gestión política, a los políticos corruptos que se aprovechan de su cargo para cobrar hasta por respirar, a quienes sin oficio ni beneficio hacen de la política su negocio, a defraudadores, a banqueros sin escrúpulos, a quienes se hacen ricos a costa de explotar a los demás o a los que se lucran cobrando subvenciones para luego cerrar empresas, a toda la panda de sinvergüenzas que provocaron esta crisis y a quienes se enriquecieron con ella; a esos es a los que hay que perseguir, denunciar, juzgar y encarcelar, no a quienes cumplimos con nuestro trabajo, vivimos de nuestro salario y nos rebelamos ante los ataques contra nuestras condiciones de vida, defendiendo unos derechos sociales y laborales conquistados por quienes nos precedieron para que quienes vengan detrás tengan un futuro mejor y no una sociedad miserable, clasista, injusta y sin derechos.

Es un deber cívico resistirse contra la injusticia social. Y son derechos ciudadanos, constitucionalmente protegidos, el de la libertad de expresión y el de manifestación. Si lo que pretenden es amedrentarnos, la reacción va a ser la contraria. Seguiremos con más tesón y también con más determinación.

El único camino digno que tenemos es rebelarnos, levantarnos y luchar. La defensa de los servicios públicos es también la defensa de una sociedad mejor, más justa e igualitaria. Somos inmensa mayoría los que defendemos estos valores y debemos persistir en la movilización. Tenemos una fuerza imparable: la razón. Y con la razón y la justicia por bandera, mientras tengamos fuerzas, vamos a seguir adelante.