Jesús Iglesias: "El discurso más contundente contra la corrupción es que alguien vaya a la cárcel"

Jesús Iglesias: "El discurso más contundente contra la corrupción es que alguien vaya a la cárcel"

El senador pide un sistema público financiación de los partidos y aclara IU está al margen de fenómenos de corrupción.


El senador de IU Jesús Iglesias aseguró que casos como el Bárcenas o Ideas solo contribuyen a desprestigiar la democracia. Frente a ello, apostó por una reacción del sistema judicial que, dijo, debería conllevar sentencias ejemplares. “El discurso más contundente contra la corrupción es que alguien vaya a la cárcel. Lo que destruye cualquier declaración pública de compromiso de la lucha contra la corrupción es que ha día de hoy en la cárcel por corrupción solo haya dos responsables políticos, a pesar de que en los últimos 8 o 10 años hemos conocido escándalo tras escándalo y que los procedimientos legales se dilatan en el tiempo hasta que la gente se olvida”.
El parlamentario dirigió sus mayores críticas a las fuerzas mayoritarias que son, dijo, las que han gobernado y quienes deberían haber adoptado medidas por la transparencia y contra la corrupción.  Lo que está claro es que o hay un sistema legal que persiga con contundencia, con consecuencias severas los fenómenos de corrupción, o las fuerzas políticas implicadas -que no somos todas y que es lo primero que hay que aclarar, que nos somos todas, Izquierda Unida está al margen de estos fenómenos- de por sí no parecen capaces de depurar las responsabilidades”. 
Jesús Iglesias se mostró especialmente crítico con las medidas puestas en marcha por el Gobierno del PP ya que lejos de servir para reducir la corrupción y el fraude ha abierto la vía para dar aún más facilidades a delincuentes fiscales y que podría haber beneficiado ya al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas. “Las manifestaciones ayer del ministro Montoro son un ejercicio de cinismo total y absoluto porque no ha aclarado si el señor Bárcenas ha acudido a la amnistía fiscal a través de alguna de sus sociedades, como parece que es así porque su mismo abogado lo reconoce. En segundo lugar esa afirmación  de que acogerse a la amnistía fiscal no elimina responsabilidades penales es parcialmente falsa: acogerse elimina las responsabilidades penales fiscales. No hay delito fiscal, puede haber otros, pero quien se cogió se libró del delito fiscal. Y para que eso quedara más claro, en un ejercicio de complicidad escandalosa, el mismo Gobierno del PP que promueve la amnistía fiscal, a la vez impone con su mayoría en las cámaras una reforma del Código Penal en materia de delito fiscal en la que se dice que, cuando alguien regulariza su situación fiscal, con esta reforma su responsabilidad no habrá nacido”.
Para el senador es indispensable que además de exigir transparencia a los cargos públicos, se exija lo mismo a otros cargos orgánicos pues, dijo, de poco sirve que se cuelguen los patrimonios de los electos si luego los patrimonios de quienes están en la “trastienda de los partidos” permanecen opacos. En cualquier caso, Jesús Iglesias reclamó una reforma de la financiación de los partidos políticos. Frente a la reducción de fondos públicos que propone el PP, el parlamentario reclamó justo lo contrario: “A lo largo de los últimos años y el Gobierno del PP ha sido el máximo adalid de ello, se ha planteado que hay que reducir la financiación pública de los partidos. Eso lo que abre es más hueco a la financiación privada y opaca. Creo que hay que establecer un sistema de financiación suficiente público y transparente de las fuerzas políticas e impedir cualquier otro mecanismo de financiación”.
Jesús Iglesias afirmó que es indispensable que se actúe desde los ámbitos jurisdiccionales con eficacia y eficiencia y para ello, añadió, se necesitan medios. “Al final se dan fenómenos  de prescripción escandalosa y en otros casos, pues como la instrucción va prendida con hilos, porque no se contó con los medios humanos y materiales necesarios, pues al final vale más un mal acuerdo que una sentencia que pueda no ser siquiera condenatoria o estar con tan poco respaldo probatorio que cualquier recurso la tumbe. La clave está en que se cumpla la ley y para eso hace falta que quienes tienen la tarea constitucional de garantizarlo cuenten con los medios y desde los gobiernos no se ha hecho eso”.

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