Por Greenpeace.-En estos días donde los periódicos parecen monografías sobre corrupción política y negocios sucios, me ha venido a la memoria la visita que recibí el 10 de abril de 2004. Se trataba de Ángel Sanchís Perales, ex-tesorero del Partido Popular, que quería contarnos sus proyectos agroforestales en la finca de La Moraleja (provincia de Salta, Argentina).

El Sr. Sanchís nos contó que su finca, de 30.000 Ha, tenía grandes posibilidades: pista de aterrizaje, ferrocarril en sus proximidades y un gaseoducto en construcción para dar energía a su finca exclusivamente. Muy bien, pero ¿qué quería exactamente Ángel Sanchís de Greenpeace?

La Moraleja, según nos contó su dueño, tenía 12.000 hectáreas en producción (soja transgénica, extracto de limón) y el resto era monte "no productivo" que Sanchís quería poner “a producir” realizando plantaciones de maderas “nobles”: teka, caoba, cerezo, roble, etc.  Para ello había que deforestar el bosque nativo, pero Ángel Sanchís nos explicaba que iba a ser bueno para el medio ambiente. Había calculado la cantidad de dióxido de carbono que habría de fijar esta plantación y la comparaba con las emisiones de gases de efecto invernadero que producía no recuerdo que ciudad. También, se comprometía a certificar estas nuevas plantaciones de árboles bajo sistemas de certificación forestal responsable.

Y con estas premisas, pensaba el Sr. Sanchís que Greenpeace podría estar de acuerdo. Le preguntamos si el bosque nativo no fijaba también dióxido de carbono y si no habría que tener en cuenta también la biodiversidad del bosque. Pero, según dijo el Sr. Sanchís, el bosque nativo de Salta no era productivo.

Sanchís supo pronto que Greenpeace no iba a avalar el proyecto, pero dado que el argumento de “incrementar los sumideros de carbono” no había funcionado, Sanchís disparó un último y sorprendente cartucho ofreciéndonos una gratificación en caso de colaboración. Impresionados, le explicamos educadamente cuáles eran las (únicas) vías de financiación de Greenpeace y le reiteramos nuestra vocación en defensa de los bosques. No tuvimos más contacto con él.

El final de esta historia es triste. A pesar de la aprobación de Ley de Bosques (que, entre otras cosas, establecía una moratoria a nuevas deforestaciones), los dueños de La Moraleja consiguieron su propósito. Dos semanas después de que el Congreso de Argentina aprobara la Ley, los representantes de La Moraleja solicitaron la autorización para deforestar 5.900 hectáreas.

Había poderosas razones para moverse con rapidez, ya que la Ley de Bosques catalogaría posteriormente el bosque nativo de La Moraleja (el mismo al que el Sr. Sanchís se refería como “no productivo”) dentro de la Categoría I, la de mayor protección.

En 2009, el Defensor del Pueblo de la Nación elaboró un informe sobre la deforestación en Salta que criticaba el daño irreversible de los desmontes autorizados por las autoridades provinciales. En dicho informe, las autoridades de esta provincia argentina reconocieron que no existía un ordenamiento territorial o ambiental en la provincia previo a las autorizaciones de los desmontes, como exigía la ley. Algo que jugó a favor de los propietarios de la finca La Moraleja.

Cuando leemos en la prensa que Ángel Sanchís recibió un crédito del ICO o que los fondos que Luis Bárcenas tenía en Suiza podrían haber sido derivados a estas actividades agro-forestales en Argentina, en Greenpeace comprobamos, una vez más, que la corrupción política no sólo es mala para la economía del planeta, lo es también para sus recursos naturales.

Miguel Ángel Soto, responsable de la campaña de Bosques de Greenpeace