Oviedo.- Ante las distintas informaciones publicadas en diversos medios de comunicación relativas a la grave situación en la que se encuentran las empresas de transporte de viajeros por carretera ROCES, AUTOCARES LINO y FERNÁNDEZ, la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y la Corporación Asturiana de Transporte (CAR) han manifestado que, de continuar así la política de transportes del Gobierno del Principado, estas empresas no serán las únicas en peligro de desaparecer.
Y es que, en los últimos tiempos, son ya varias las empresas que han desparecido, como ÁLVAREZ GONZÁLEZ Y CIA. o TRANSPORTES OLLONIEGO, compañías históricas que sufrieron las consecuencias de la crisis y, con ello, el irremediable rescate de sus concesiones. Siendo ahora las empresas ROCES, AUTOCARES LINO y FERNÁNDEZ las que se encuentran en la cuerda floja y en el punto de mira del Consorcio y, desgraciadamente no serán las únicas, si la Consejería de Fomento continúa con una política de transportes basada en el ahorro de la Administración a costa de la descapitalización de las empresas, lo que lleva a preguntarse ¿cuál será la próxima?
El sector y FADE están constantemente alertando que un Consorcio de Transportes sin financiación es insostenible y solicitando la adopción de medidas que ayuden a mantener los servicios, los puestos de trabajo y las propias empresas, pero sus propuestas son rechazadas una y otra VEZ.
Las tarifas no se actualizan en consonancia con la subida de los costes, las empresas se ven obligadas a realizar servicios que apenas tienen viajeros, rodando kilómetros en vacío, y deben aplicar descuentos a los viajeros que la Administración después no paga. Además, el Consorcio se niega a negociar con las empresas y a buscar soluciones a todos estos problemas.
Es por ello que desde estas patronales insisten en la urgente necesidad de que la Consejería de Fomento tome cartas en el asunto y adopte medidas para evitar que la situación de empresas como ROCES, AUTOCARES LINO o FERNÁNDEZ se torne generalizada y sean más las empresas cuya supervivencia se encuentre amenazada.
Estiman así necesario que se revisen las compensaciones que el Consorcio abona a las empresas concesionarias por cada billete, pues las consideran absolutamente insuficientes para garantizar la cobertura de los servicios, lo que dicen está provocando la descapitalización de las empresas; al igual que se proceda al abono de las compensaciones por el cumplimiento de obligaciones de servicio público recogidas en los títulos concesionales zonales que en muchos casos no se realiza a pesar de tratarse de concesiones que son del todo deficitarias.
Afirman también que los descuentos que la Administración aplica a los viajeros que utilizan el Billete Único deben ser abonados a las empresas concesionarias, dado que el trasvase de viajeros del billete sencillo al bono del Consorcio de Transportes, que ya sobrepasa el 50 % de los viajeros transportados, hace que este sistema sea insostenible para la economía de las empresas, partida que manifiestan que debe ser asumida por la Administración, al igual que ocurre en todas las Comunidades Autónomas que cuentan con una entidad consorcial. Las empresas consideran conveniente que se fomente el transporte colectivo y en que, como servicio público esencial pueda ser subvencionado, pero a través de las distintas políticas sociales y no a costa de las empresas del sector.
Por otro lado, mantienen que es preciso que se aplique un incremento de tarifas adecuado para compensar el déficit tarifario acumulado en los últimos años que calculan en torno al 12 %. Tal y cómo se ha visto incrementado el precio del gasóleo en los últimos meses, afirman, este incremento queda más que justificado. Entendiendo además necesario, por los mismos motivos, que se lleve a cabo un incremento del precio de los contratos de transporte escolar, los cuales al ser prorrogados sufrieron una bajada de hasta el 70 % en algunos casos, circunstancia que, afirman, es incompatible con la apuesta por un servicio de transporte de calidad y debilita gravemente la economía de las empresas.
Por último, las patronales consideran pertinente que la Administración autorice a las empresas concesionarias a llevar a cabo reducciones de expediciones en aquellos servicios que por su baja ocupación son deficitarios y están descapitalizando a las empresas y poniendo en riesgo todo el sistema concesional.
Para finalizar destacan el trato discriminatorio que viene sufriendo el sector por parte de la Administración, la cual, mantienen, durante años ha realizado cuantiosas inversiones a favor del transporte de viajeros por ferrocarril, como las destinadas al “tren-tran”, a los soterramientos en las cuencas, al “metrotrén”, etc., que no han servido para incrementar el tráfico de viajeros, si no al contrario, todo ello en detrimento del transporte de viajeros en autocar. Siendo también alarmante el despilfarro cometido en la construcción de Estaciones de Autobuses de baja ocupación, como la de Grado, Tineo, Mieres o Langreo, mientras que Gijón, ciudad más poblada de Asturias, continúa sin estación de autobuses, habiendo construido, en cambio, una Estación “Provisional” de Ferrocarril, resultando de nuevo el transporte de viajeros por carretera el gran olvidado.
