“La decisión judicial es una buena noticia para todos los ciudadanos y debemos felicitarnos porque además la actuación municipal y la acción de diversas asociaciones complete el trabajo al que ha renunciado la propia Fiscalía”, ha dicho Hurlé.

El delegado de UPyD enfatiza en la idea de que continuar con el procedimiento por la vía penal de forma paralela a la vía administrativa posibilita la depuración de responsabilidades y deja el camino abierto para que se tomen las medidas necesarios, y “este tipo de  sucesos no se vuelvan a repetir”.

Hurlé confía en que la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente colabore aportando toda la información que obra en su poder y que permita aclarar las causas que condujeron a este daño medioambiental. El diputado Ignacio Prendes, ya pidió públicamente en el parlamento asturiano al Principado que se personase en el procedimiento judicial como garante y protector de los derechos medioambientales, recuerda el delegado de UPyD. “Desgraciadamente esa petición no se ha cumplido”, puntualiza

Para UPyD Asturias las acciones que tengan que ver con el medio ambiente y su defensa corresponden al Gobierno del Principado y “no pueden estar al margen del procedimiento judicial abierto”.

“Pedimos una vez más que el Principado actúe de forma proactiva exigiendo todas las responsabilidades civiles y penales que tengan lugar”, concluye Hurlé.