La Agencia presentó un total de 18 denuncias ante la Fiscalía de Delitos Económicos de Cataluña por la posible comisión de 133 delitos contra la Hacienda Pública por parte de 23 empresas dedicadas al comercio al por mayor de artículos textiles, para regalo y otros que, en su mayor parte, importaban de China.

Estas empresas, radicadas en la provincia de Barcelona, llegaron a defraudar más de 64 millones de euros en cuotas de IVA e Impuesto sobre Sociedades entre los años 2007 y 2011 mediante un entramado dirigido a la ocultación del valor real de las importaciones y a la posterior venta en "B" de la mercancía.

De esta forma culminan las actuaciones inspectoras que la Agencia Tributaria inició sobre estas empresas en octubre de 2011, en un operativo que contó con la participación de 102 funcionarios integrados en las Dependencias Regionales de Inspección y de Aduanas e Impuestos Especiales de la Delegación Especial de la AEAT en Cataluña, con el apoyo de agentes de Vigilancia Aduanera de la propia Delegación Especial.

En el marco de este operativo, y con la autorización de los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Barcelona, se procedió entonces a la entrada y registro en 20 locales de actividad de estas empresas, situados en las localidades de Barcelona, Sant Adrià del Besós y Badalona. Fruto de dichos registros se intervino abundante documentación y copias de los archivos informáticos que contenían información sobre el volumen real de operaciones de estas sociedades, que resultó ser muy superior al que venían declarando.

Modus operandi

El fraude comenzaba en la importación de los productos con origen asiático, al declararse a la Aduana unos volúmenes y precios de la mercancía muy inferiores a los reales. Así, por un lado se defraudaba buena parte de los aranceles de importación y, por otro, esa ocultación de un alto porcentaje de sus compras permitía realizar ventas interiores a los clientes (comerciantes minoristas) fuera del circuito oficial, pero sin incurrir en incoherencias que habrían resultado llamativas para las autoridades fiscales. De acuerdo con las investigaciones realizadas, cerca del 70% de las ventas de los mayoristas se acababa canalizando por un circuito "B".

El número de personas implicadas asciende a 43, la mayor parte ciudadanos de origen chino. En relación con algunas de las empresas denunciadas, se ha detectado la presunta implicación de un representante aduanero que habría urdido un minucioso sistema de falsificación de facturas justificativas de la adquisición de la mercancía importada con el objetivo de documentar ante la Aduana española la disminución artificiosa del valor declarado.

Este complejo esquema de falsificación acababa permitiendo la sustitución de las facturas originales del proveedor asiático por otras, emitidas por sociedades instrumentales interpuestas, constituidas en China, con un valor del producto muy inferior al real.

A los más de 64 millones de euros de cuotas tributarias presuntamente defraudadas por estas empresas, tanto en IVA como en el Impuesto sobre Sociedades, habrían de sumarse los derechos arancelarios y otras cuotas adicionales que, al no superar los 120.000 euros establecidos en el Código Penal como umbral mínimo para la consideración de delito fiscal, deberán ser liquidados posteriormente en vía administrativa.

Medidas cautelares

Las actuaciones llevadas a cabo por la Agencia Tributaria contra este grupo de presuntos defraudadores se ha completado en los últimos días con un amplio despliegue de carácter recaudatorio que tiene por objetivo garantizar el cobro de deudas tributarias.

Así, y haciendo uso de las nuevas facultades atribuidas a la Administración Tributaria por la reciente Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, la Agencia Tributaria ha procedido, una vez formalizadas las denuncias por delito, al embargo preventivo de 84 inmuebles y de 240 cuentas bancarias, así como al precinto de cuatro cajas de seguridad en entidades bancarias a nombre de las personas que, por los indicios de los que dispone la Agencia, son señaladas como responsables en las denuncias.

Todo este operativo desarrollado por la AEAT en Cataluña se enmarca dentro del plan anual de control del fraude de la Agencia Tributaria, que tiene por una de sus prioridades el control integral de la importación y venta de mercancía procedente de Asia con el objetivo de desarticular posibles circuitos de economía sumergida.