Esther Díaz considera que los dos nuevos decretos y la orden ministerial presentados hoy a las autonomías recortan los servicios y auguran más privatizaciones

• La aportación del Gobierno central al Plan Concertado en Asturias para este año disminuye en un 41%

Madrid/Oviedo.-La consejera de Bienestar Social y Vivienda del Principado, Esther Díaz, aseguró hoy que el Gobierno central del Partido Popular sigue dando pasos para “demoler” definitivamente la Ley de la Dependencia. “Continúa con la trayectoria que comenzaron el pasado mes de julio,  por un lado dirigida a privatizar los servicios, y por otro, a paralizar su aplicación, ahora con el aumento de la burocracia”, señaló tras asistir a la reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia celebrada hoy en Madrid.

La titular de Bienestar Social mostró la oposición del Gobierno asturiano a los dos decretos y la orden ministerial presentados esta tarde por el Gobierno de España, en lo que supone una nueva reforma de la Ley de la Dependencia, por entender que su modificación tiene una tendencia “clara hacia la privatización, dirige la conversión de los servicios en cartera de aseguradoras privadas y modifica la ley por la vía del Real Decreto”. Motivos por los que votó en contra de las normativas presentadas.

Respecto al decreto que regulará las prestaciones de la ley  y que establece una nueva definición de lo que son servicios y prestaciones, Esther Díaz afirmó que la prestación económica vinculada al servicio pasa a denominarse Servicio de prestación económica, siendo ésta una medida con la que el PP “deja clara su apuesta por el sector privado y por priorizar el conocido como cheque-servicio, suponiendo este cambio que se le da un dinero al beneficiario para que acuda a la iniciativa privada y de esta forma la Administración se desentiende de la prestación del servicio, corriendo la diferencia por cuenta del beneficiario”.

Además, la consejera de Bienestar Social manifestó que “se produce una inadmisible modificación” de una ley por vía de un Real Decreto,  cuestión que supone “una auténtica burla al Estado de Derecho y la aplicación del rodillo de la mayoría absoluta parlamentaria”.

Por otro lado, con respecto al Real Decreto por el que se regula el nivel mínimo de protección establecido en la ley, la consejera explicó que aumentará la burocracia, los certificados y la tramitación, en definitiva, “el trabajo de mesa se ralentiza, poniendo nuevas trabas para que las prestaciones y servicios lleguen a las personas dependientes, y suponiendo una vuelta de tuerca más para Asturias, ya que, expresamente, hemos dicho, en estos últimos meses, que haremos un esfuerzo especial para evitar la paralización de la aplicación de la ley”. Por ello, Díaz denunció que “truncará el objetivo que se había marcado el Ejecutivo asturiano de compatibilizar la revisión de expedientes y la entrada de nuevos beneficiarios al sistema”. Además, la consejera manifestó que con este Real Decreto también “se persigue pagar menos a las comunidades autónomas, ya que, en caso de no cumplir con las nuevas prescripciones para la grabación de datos, no se paga la prestación o servicio que reciben las personas dependientes”.  Su aplicación supondrá “más ahorro, menos pago, más burocratización y más recorte”.

Con respecto a su oposición a ambos decretos, matizó que “no solo está basada en un posicionamiento político, sino también en cuestiones técnicas refrendadas por un informe realizado por los servicios de la consejería “.

Planes concertados

Por otro lado, la responsable de Bienestar Social manifestó su oposición, una vez más, al “brutal recorte hecho por el Gobierno central, primero en los Presupuestos Generales del Estado y ahora en la distribución de la partida, donde se confirma que el Gobierno de España deja en manos de los ayuntamientos y las comunidades autónomas el sostenimiento de los servicios sociales básicos y se desentiende de una de las necesidades más prioritarias para los ayuntamientos”.

En este sentido recordó que para Asturias la aportación del Estado en 2012 ya se redujo en más del 45%, y que en 2013 lo ha hecho en otro 41%. Concretamente la distribución es la siguiente:

FOTO: Ministerio de Igualdad