Ambas compañías tienen 10 días para acreditar que están al corriente de sus obligaciones fiscales, laborales y sociales

• El Consorcio de Transportes de Asturias estudia opciones para garantizar la prestación de los servicios regulares y escolares incluidos en las concesiones

Asturias.-La Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Transportes y Movilidad, ha iniciado la tramitación de sendos expedientes de suspensión para las autorizaciones de transporte público de viajeros que ostentan las empresas José Antonio Fernández García (conocida también como Fernández) y la compañía Roces S.A.

La empresa Fernández opera los servicios de línea regular entre Pola de Lena, Mieres y Oviedo, así como 15 rutas escolares. Traslada a unos 800.000 viajeros al año. La empresa Roces S.A presta servicios de línea regular entre Avilés y Luanco y 13 rutas de transporte escolar. En sus autobuses se desplazan unos 275.000 viajeros anuales.

El inicio de estos expedientes se produce de conformidad con lo previsto en la normativa de transportes, a la que se suma el deterioro de los servicios de transporte que prestan ambas empresas y que ha motivado quejas de trabajadores, usuarios y Ayuntamientos. 

La decisión de la Consejería de Fomento ya ha sido comunicada a ambas compañías, que a partir de ahora tienen un plazo de 10 días para acreditar que están al corriente de las obligaciones fiscales, laborales y sociales necesarias para seguir prestando servicios de transporte público. 

El Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) por su parte, una vez informado de la tramitación del expediente de suspensión, estudia las opciones para garantizar la prestación de todos los servicios de transporte incluidos en las concesiones, tanto rutas regulares como escolares.

En este sentido, adoptará las medidas de emergencia que se precisen para garantizar la prestación de los servicios de forma provisional, si fuese necesario, e iniciará los trámites para proceder a la resolución de los contratos que tiene suscritos con las empresas, si llegase el caso.

En el supuesto de que los contratos fueran finalmente resueltos, el CTA procedería con carácter inmediato a la licitación de los servicios afectados. Esta licitación tendría en cuenta la situación de los trabajadores de ambas empresas, con los que ya se han mantenido reuniones.

Con independencia del proceso en marcha, la Dirección General de Transportes y Movilidad continúa con una vigilancia permanente para que las empresas cumplan todas sus obligaciones, especialmente en materia de seguridad.