La directora general del Instituto Asturiano de la Mujer y Políticas de Juventud, Carmen Sanjurjo, denuncia que la tramitación del divorcio en caso de agresión obliga a asumir el pago de 300 euros

La directora general del Instituto Asturiano de la Mujer y Políticas de Juventud, Carmen Sanjurjo, considera que la aplicación de la Ley de Tasas Judiciales penaliza a las mujeres y, en particular, a las víctimas de la violencia de género, por lo que reclamó al Gobierno de España la suspensión de la normativa y la adopción de medidas para paliar esta situación hasta la entrada en vigor de la Ley de Justicia Gratuita, aprobada el pasado día 11.

Carmen Sanjurjo realizó esta petición durante la reunión del Instituto Estatal de la Mujer y de las representaciones de los departamentos responsables de las políticas de mujer de las distintas comunidades autónomas, que se celebró  ayer en Madrid.

La directora general del Instituto Asturiano de la Mujer y Políticas de Juventud quiso trasladar la preocupación existente entre  los distintos colectivos y asociaciones asturianas de mujeres ante la aplicación de la Ley de Tasas Judiciales, aprobada el pasado 20 de noviembre,  que está teniendo una negativa incidencia en las políticas de apoyo a las víctimas de la violencia de género. La propia ley considera que el nuevo escenario normativo “tiene un impacto nulo” en materia de igualdad, lo que contrasta con el hecho de que el 64% de las demandas de divorcio registradas anualmente en España son interpuestas por mujeres.

La directora general del Instituto Asturiano de la Mujer precisó que si se hubiesen pagado tasas judiciales por las 110.000 demandas de divorcio registradas en 2011 los ciudadanos habrían abonado un total de 43 millones de euros, 25 de ellos por mujeres. En la situación actual, las mujeres víctimas de malos tratos tienen que pagar una media de 300 euros para iniciar los trámites de divorcio de su agresor.

Con el fin de evitar que las víctimas de malos tratos paguen esas tasas, desde el Instituto Asturiano de la Mujer se apuesta porque el Gobierno de España suspenda de manera  temporal la Orden Ministerial HAP 2662/2012 que regula la actual aplicación de las tasas judiciales hasta la entrada en vigor de la Ley de Justicia Gratuita, tal como vienen solicitando los grupos políticos, colegios y asociaciones profesionales y responsables institucionales.

Carmen Sanjurjo se interesó por conocer para cuando prevé el Gobierno central la entrada en vigor de la Ley de Justicia Gratuita, dado que “mientras que no esté aprobada esta Ley no se garantiza el acceso a la justicia gratuita a aquellas mujeres sin recursos que quieran interponer una demanda de separación o divorcio; ni siquiera en casos de violencia de género”.