Aunque todas las instituciones de la Unión Europea (UE) sin excepción tienen la obligación de garantizar una buena conducta administrativa, sus ciudadanos se topan a veces con malas prácticas que pueden ser denunciadas ante el Defensor del Pueblo Europeo, con el objetivo de garantizar la buena administración que merecen.
La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea recoge este mismo principio, mientras que el Código Europeo de Buena Conducta Administrativa refleja los valores de servicio, independencia, responsabilidad, rendición de cuentas, eficiencia y transparencia de la administración europea.
El Defensor se encarga precisamente de velar por el cumplimiento de este texto y de ayudar en el desafío de lograr unas instituciones comunitarias que estén a la altura y respondan a las exigencias de una buena administración.

¿A quién puede defender?
El Defensor del Pueblo Europeo responde a las denuncias de los ciudadanos, empresas y organizaciones de la Unión Europea acerca de casos de mala administración que hayan podido detectar en el funcionamiento de las instituciones y los órganos comunitarios.
Cualquier ciudadano o residente en la Unión Europea puede presentar una reclamación, puesto que no es necesario que haya sido afectado directamente. Además, la oficina del Ombudsman Europeo también puede actuar por iniciativa propia.

¿A quién persigue?
El Defensor del Pueblo investiga las denuncias contra las instituciones, organismos, oficinas y agencias de la Unión Europea ante supuestos casos de injusticias, discriminación, abuso de poder, omisión de información o negativa a proporcionarla, retrasos innecesarios o procedimientos incorrectos.
El Ombudsman tiene su campo de acción restringido a las instituciones comunitarias, por lo que quedan descartadas todas las denuncias contra autoridades nacionales, regionales o locales, tales como ministerios, agencias estatales y organismos municipales.
Entre las instituciones y órganos que sí puede investigar se incluyen el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea, la Comisión Europea, el Tribunal de Cuentas Europeo, el Comité Económico y Social, el Comité de las Regiones, el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Central Europeo o la Oficina de Selección de Personal (EPSO) entre otros.
Aun así, el Defensor no interviene en asuntos que estén ya en los tribunales o para los que ya haya una sentencia.

¿Cómo actúa?
El Defensor del Pueblo no tiene capacidad para tomar medidas en contra de supuestos infractores ni tampoco para obligarlos a rectificar. Por el contrario, tratará de enderezar la situación a través de observaciones, propuestas de solución amistosa o recomendaciones.
En el caso de no encontrar ninguna salida al problema, únicamente puede presentar un informe especial al Parlamento Europeo, con el objetivo de que sea éste quien tome las medidas que considere necesarias.
El Ombudsman Europeo certificó recientemente que, según los datos correspondientes a 2011, se acataron 98 de las 120 observaciones, propuestas de solución amistosa y recomendaciones que emitió ese año, lo que supone un porcentaje de cumplimiento del 81,6 %.