Los abogados contratados por España han agotado todas las vías de recurso sin lograr ni un dólar de los 1.000 millones que se exigían a la empresa ABS, la compañía clasificadora que autorizó navegar al petrolero hundido en 2002 frente a las costas gallegas

El Gobierno indica, además, en una respuesta parlamentaria al diputado de IU Gaspar Llamazares que “no es posible desglosar los recursos económicos dedicados” al restos de procedimientos judiciales que se han seguido en España, Francia y ante instancias comunitarias

(Madrid, ).- Los sucesivos gobiernos de José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy se han gastado casi 31 millones de euros (más de 5.000 millones de las antiguas pesetas) en la última década sólo en pagar las distintas acciones judiciales emprendidas en EE.UU en relación al ‘caso Prestige’, el petrolero hundido en noviembre de 2002 frente a las costas gallegas. Pese a este inmenso desembolso, el Estado español no ha conseguido ninguna de las reclamaciones ni indemnizaciones que llevaron a emprender estas actuaciones, cuya capacidad de recurso ya se ha agotado.

A estos 31 millones hay que sumarles el coste de informes, viajes, dietas y asesorías externas relativos a la asistencia jurídica al Estado en el resto de pleitos seguidos tanto en España como en Francia, así como en otras instancias legales comunitaris, incluido el juicio ya abierto y que se sigue en estos momentos en Galicia, pero “sin que sea posible desglosar los recursos económicos dedicados específicamente a estos procedimientos”.

Estos datos concretos aparecen incluidos en la respuesta que el Gobierno ha hecho llegar al diputado de Izquierda Unida por Asturias, Gaspar Llamazares, después de que éste solicitara por escrito un completo balance de las medidas adoptadas por el Ejecutivo en relación a la catástrofe del ‘Prestige’, que se hundió cargado con cerca de 70.000 toneladas de fuel pesado, al cumplirse 10 años del mayor desastre medioambiental ocurrido en España y uno de los mayores casos de contaminación marítima del mundo.

En concreto, la respuesta escrita del Ejecutivo a Llamazares señala textualmente que “por lo que se refiere a las actuaciones en Estados Unidos, la Administración del Estado ha actuado a través, en un primer momento, del despacho Holland and Knight y, posteriormente, del despacho Squire Sanders, al que se incorporó el equipo jurídico contratado inicialmente por España. El importe total de lo abonado hasta este momento (diciembre de 2012) asciende a 30.925.536, 92 euros”.

Estos elevadísimos gastos jurídicos arrancan de la decisión del Gobierno del PP de presentar, el 16 de marzo de 2003, una demanda en EE.UU contra ABS (The American Bureau of Shipping, Inc.), empresa clasificadora del buque ‘Prestige’.

El Ejecutivo explica ahora en su respuesta que “el objeto de la demanda era únicamente determinar la responsabilidad de la empresa clasificadora, al haber clasificado como técnicamente navegable un buque que, a juicio del Estado español, no debía haberlo sido. No eran objeto de ese procedimiento en Estados Unidos determinar otras responsabilidades o la causa del siniestro”.

En las cifras que el Gobierno traslada por escrito a Llamazares se incluye un grave error. “Tras evaluar los datos conocidos y la viabilidad de dicho procedimiento judicial –se señala textualmente-, el Estado español decidió, con fecha 30 de julio de 2004, ampliar la demanda reclamando a ABS una indemnización por importe de 1 millón de dólares”. Realmente la demanda fue de 1.000 millones de dólares, tras ampliarse en esa fecha los cerca de 650 millones que se pedían en un principio”.

En lo que no falla el Gobierno en su escrito es en reconocer y explicar cómo todo el dinero gastado en pleitos en EE.UU no ha servido para nada. Así, detalla que de los años 2003 a 2007 “el Tribunal de Distrito de Nueva Cork practicó la fase de aportación de pruebas por las partes (discovery), consistente en abundantes testimonios, documentación y pruebas periciales”.

Ya el 2 de enero de 2008 este mismo tribunal inadmitió en una sentencia la demanda española “al considerar que España no podía plantear una reclamación de este tipo en Estados Unidos” al no haber ratificado este país el convenio CLC (convenio internacional sobre responsabilidad civil nacida de daños debidos a contaminación por hidrocarburos). El Gobierno, ya del PSOE, decidió apelar la sentencia al considerar que la demanda “no se basaba en la aplicación de dicho convenio y, por tanto, la demanda contra ABS debía ser interpuesta ante los Tribunales del Estado donde radica dicha empresa”.

El pasado 29 de agosto de 2012 el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos (United States Court of Appeals for the Second Circuit) “dictó sentencia por la que se desestima el recurso de apelación interpuesto por el Reino de España”.

Pese a que esta instancia judicial sí reconoce ahora que España podía plantear una demanda de este tipo en EE.UU, el Gobierno explica a Gaspar Llamazares que “sin embargo, la sentencia considera que al no existir una relación contractual entre España y ABS, la única posibilidad de abrir un procedimiento ante el jurado es que existieran pruebas suficientes de que la empresa de clasificación, más concretamente los directivos de la empresa radicada en Estados Unidos, hubieran actuado con una negligencia grave o temeraria (reckless) al despachar la calificación del buque”. Y estas pruebas no se han encontrado en ningún momento, pese a la enorme cantidad de dinero gastada en la causa judicial y los 10 años que ha durado ésta.

El Ejecutivo señala también al diputado de IU que “frente a esta resolución no cabe ningún recurso ordinario ante la jurisdicción de los Estados Unidos”, aunque cabrían dos vías extraordinarias de revisión: “la primera, pedir al propio Tribunal de Apelaciones que ‘reconsidere su decisión’; la segunda, elevar una petición de examen del caso por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos”.

“Previa consulta con los abogados contratados en Estados Unidos por España –se indica también- se ha llegado a la conclusión de que no existían posibilidades de éxito en dichas vías extraordinarias de revisión (…). A la luz de las anteriores consideraciones y con el fin de evitar gastos adicionales no justificados, se decidió no utilizar ninguno de estos medios extraordinarios de impugnación teniendo en cuenta el coste de la asistencia jurídica”, se dice ahora.

Respecto al hecho de que el Gobierno sea incapaz de calcular cuánto han costado el resto de procedimientos judiciales abiertos fuera de EE.UU y el control de estos últimos, incluidos los desarrollados en España, el Ejecutivo actual del PP explica que: “En cuanto a la asistencia jurídica al Estado, en los procedimientos judiciales que se tramitan en España o se han tramitado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como la supervisión de los que se han desarrollado en Estados Unidos, han sido y están siendo llevadas a cabo por la Abogacía del Estado (Abogacía del Estado en A Coruña, Abogacía del Estado en el Ministerio de Fomento y Subdirección General de los Servicios Contenciosos), con sus medios ordinarios, sin que sea posible desglosar los recursos económicos dedicados específicamente a estos procedimientos”.

Tanto los datos que sí se detallan como los que han quedado en el aire anteriormente se refieren únicamente a los gastos generados por actuaciones judiciales en relación al ‘caso Prestige’. Se da la circunstancia de que en otra respuesta parlamentaria hecha llegar por el Gobierno, entonces del PSOE, también a Gaspar Llamazares en diciembre de 2008 se señalaba que “el hundimiento del barco ‘Prestige’, además de la catástrofe natural que supuso, ocasionó un gasto para el Estado español que asciende a más de 1.000 millones de dólares, debido al coste de las labores de descontaminación y demás daños causados”. Casualmente la misma cantidad que se incluía en la demanda presentada en EE.UU contra ABS y de la que se no se ha podido lograr ni un solo dólar, pese a los 31 millones de euros gastados.