El 1 de enero, Hunosa cerrará el pozo Candín. Los sindicatos ya sabían que la explotación langreana iba a ser la primera en ‘caer’, dentro del anunciado proceso de cierres, pero aún no había una fecha definitiva (“a lo largo de 2013”). Y no esperaban que las instalaciones, donde trabajan 147 empleados, se quedasen vacías desde el primer día del año.

El Candín fue, durante el verano, uno de los focos más ‘calientes’ de las protestas mineras. En el fondo de las galerías, cinco mineros permanecieron encerrados a más de 600 metros durante 50 días, mientras en la superficie, familiares y compañeros organizaban manifestaciones y levantaban barricadas, contra los recortes a la producción al carbón. La huelga concluyó, pero el Candín sigue sentenciado, poniendo fin a más de un siglo de historia (la ‘reprofundización’ data de 1930, pero ya había una mina anterior). Hunosa recolocará a los 102 mineros en otras explotaciones, mientras que los 45 empleados de las subcontratas no saben aún si habrá trabajo para ellos. También hay fecha de caducidad para los otros nueve centros de Hunosa, entre minas y lavaderos: todos cerrarán antes de 2018, si no hay un radical giro en las políticas del carbón. El desmantelamiento del sector, que no puede sobrevivir sin ayudas públicas, se cobrará 14.000 empleos en la región (3.500 directos y 10.500 indirectos). Solo Hunosa da trabajo a 1.850 personas, y según el presidente de SEPI, Ramón Aguirre, la empresa pública ya “está en proceso de liquidación o cierre”.

La mina pública se hunde, y también la privada. El grupo Alonso, propiedad de Victorino Alonso, mantiene un ERE que afecta a 556 trabajadores de sus explotaciones en Umimsa y el Coto Minero Cantábrico. El portavoz del grupo, Gerardo Biaín, recuerda que la producción ha caído de 3,5 a 2 millones de toneladas, y las ayudas de 134 a 50 millones. No es la primera vez que Alonso utiliza a sus trabajadores como ‘rehenes’ para forzar el ingreso de ayudas pendientes, amenazando con el cierre definitivo de sus minas en Asturias y León, aunque en esta ocasión, el ‘grifo’ de las subvenciones parece haberse secado definitivamente. Sus plantillas suman 2.158 trabajadores, y esta semana ha anunciado que podría plantear más regulaciones argumentando pérdidas y falta de rentabilidad. La liquidación de la minería ha comenzado, y la cuenta atrás está en marcha. Tras el Candín, el resto de pozos de la región, irán cerrando.

Los empleados de las subcontratas están siendo los primeros en sufrir los cierres. Desde que finalizaron las últimas huelgas, en julio, 92 de sus trabajadores han sido despedidos. Ni se cumplen los contratos, ni tampoco los acuerdos de absorción de este personal, firmado con Hunosa, quien se niega a asumir parte de las deudas que las empresas subcontratadas mantienen con sus plantillas, y que supera los 5.000 euros por trabajador. Aunque Hunosa se ha mostrado dispuesta a sentarse con los sindicatos para negociar un nuevo plan de empresa (el actual finaliza el 31 de diciembre), los representantes de los trabajadores exigen que primero se cumplan los pactos firmados, aún en vigor, sobre el mantenimiento de la actividad y la recolocación de empleados. Mientras tanto, el cierre de los primeros pozos ya tiene los días contados. (Fuente: OviedoDiario)