Intervención de la consejera de Hacienda y Sector Público, Dolores Carcedo, esta mañana en la Junta General del Principado para presentar los proyectos de ley de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2013 y de medidas urgentes de personal, tributaria y presupuestaria.
El Gobierno del Principado de Asturias presenta hoy en este pleno dos proyectos de ley que, si bien no son comparables en su relevancia, sí comparten un mismo contexto de complejidad económica y política que los explica y los condiciona. Y hablo de economía y de política, y quiero marcar ambos términos y los dos ámbitos desde este mismo momento, porque a ellos me referiré, intentando acotar dónde acaba uno y dónde empieza otro para no perpetuar las confusiones más interesadas. No todo es lo mismo.
Seguramente nunca la situación económica internacional, nacional y autonómica haya sido tan diagnosticada, examinada y detallada como en los últimos meses. Estamos en medio de una crisis arrasadora que conoce todos los análisis retrospectivos pero muy pocos y muy poco fiables estudios prospectivos. Si acaso, con mayor o menor coincidencia en periodos y fechas, la mayoría de organismos y expertos en la materia coinciden en alargar el momento de una hipotética salida de la crisis con lo que evidencian que las universales recetas de austeridad y recorte no dan los resultados previstos ni a corto ni a medio plazo. Más preocupante aún que la retardada fecha de inflexión es la sensación extendida de que para ese momento la coartada de la inefectiva austeridad se habrá llevado por delante buena parte del Estado del Bienestar, derechos hasta ahora tenidos por irrenunciables y un pacto social que en las últimas décadas nos había permitido afianzar la igualdad de oportunidades como la base de una sociedad decente y justa.
Este escenario confuso y desconcertante es proclive a los mensajes más peligrosos: instalados en la antesala del Apocalipsis, los profetas de la catástrofe –tan de moda en una fecha como la de hoy- aprovechan para colocar el cartel de “No hay futuro”. O, de haberlo, solo es uno y único, al que debemos sucumbir con la resignación acrítica de quien ya no tiene fuerza para rebelarse.
No hay una única receta. No hay una única salida. No vale el sálvese quien pueda cuando sabemos muy bien quién puede salvarse y quién nunca podrá hacerlo si no se le presta ayuda. Es esencial mantener viva esa idea, pero no desde el pensamiento meramente utópico sino desde el pragmatismo de quien, sabiendo muy bien dónde están los límites, reivindica la acción, por limitada e imperfecta que sea, antes que ampararse en la pura inacción. Como ya hemos mantenido en este mismo hemiciclo en otra ocasión, la solución de no hacer nada no es una solución.
El estrecho margen de las Comunidades Autónomas
Al macroescenario global de crisis y desconcierto en la búsqueda de soluciones efectivas se ha unido en nuestro país, afectando de lleno a una Comunidad Autónoma como la nuestra, la política de un Gobierno central que basa todas sus recetas en los recortes y que usa el cumplimiento de los objetivos del déficit impuestos por Europa como un ariete contra las comunidades autónomas y midiendo con el mismo rasero a territorios, finanzas y políticas que nada han tenido que ver en los últimos años. No todas las comunidades autónomas nos hemos endeudado hasta la bancarrota.
En cada una de mis intervenciones en esta Cámara hago mención a los datos de deuda y cada nueva oleada de información oficial en ese sentido sigue confirmando que estamos en mejor posición que la media. Con los últimos datos del Banco de España correspondientes al tercer trimestre del año, seguimos siendo la tercera comunidad menos endeudada de nuestro país, muy por debajo de la media nacional. Aun así, el Gobierno central impone unos límites de déficit indiscriminados que cercenan nuestras posibilidades de mayor endeudamiento, y por tanto mayor inversión, y se reserva para sí la flexibilidad en los objetivos de déficit concedidos por la Unión Europea sin repartir el alivio de unas décimas con las autonomías, dispensadoras como somos de los servicios básicos, hoy más esenciales. Con su reparto injusto, el Gobierno central no solo nos asfixia desde el punto de vista económico sino que intenta desmantelar hasta el cierre por derribo los pilares del Estado del Bienestar, responsabilizando a las comunidades autónomas, a todas por igual, de deficitarias y despilfarradoras. Asturias no lo es. Pero nuestra responsabilidad es el cumplimiento del déficit y no vamos a eludir esa responsabilidad, en su justa medida.
Aprovechando al máximo nuestra capacidad desde la responsabilidad
En ese sentido de responsabilidad se enmarca el proyecto de medidas urgentes en materia de personal, tributaria y presupuestaria, que recoge una serie de actuaciones orientadas a cumplir con el objetivo de déficit del 1,5% del PIB a finales de este año. Son medidas que se han pensado desde el punto de vista más equitativo posible y de repartir el esfuerzo evitando discriminaciones.
Así deben entenderse medidas como la supresión del complemento retributivo de alto cargo, la suspensión de la prolongación del servicio activo para personal funcionario y estatutario, salvo para quienes no hayan alcanzado el periodo mínimo de cotización que da derecho a la pensión de jubilación, permitiendo que el personal docente no universitario concluya el curso académico en el que se cumpla la edad de jubilación y estableciendo excepciones para el personal estatutario según criterios de especialización, necesidades asistenciales y cualificación; y la supresión de la paga extra de diciembre de 2012 a los altos cargos de la Administración, la Procuradoría, el Consejo Consultivo y la Sindicatura, y al personal de organismos, entes y empresas públicas, haciendo extensiva a otros estamentos la medida del Gobierno central de supresión de la paga extra de diciembre de 2012 a los empleados públicos.
Allí donde podemos, aprovechamos al máximo la flexibilidad que nos ofrece la norma estatal para minimizar los efectos de los recortes. Así lo hacemos en un tema tan sensible como es el de las bajas laborales regulando el complemento de incapacidad temporal de la forma más ventajosa para los empleados públicos. Así, en el caso de una incapacidad por contingencias comunes, durante los tres primeros días, que con la normativa estatal quedarían sin ningún tipo de cobertura, se reconoce un complemento del 50% de las retribuciones habituales. A partir del cuarto día y hasta el vigésimo se reconoce un complemento que, sumado a la prestación de la Seguridad Social, sea equivalente al 75% de las retribuciones habituales. Y a partir del día 21 se reconoce el 100% de las retribuciones habituales. En caso de bajas derivadas del ejercicio de la profesión o que, siendo contingencias comunes, suponen hospitalización o intervención quirúrgica, están relacionadas con el embarazo o son casos de carácter excepcional, la prestación reconocida por la Seguridad Social será complementada durante todo el periodo hasta el 100% de las retribuciones habituales. En normativa de desarrollo se regularán los casos de excepcionalidad como el de enfermedades graves, garantizando que también los empleados públicos de baja por estos motivos puedan percibir el 100% de sus retribuciones habituales.
No vamos más allá del Gobierno central. No damos ninguna vuelta de tuerca a los recortes. Pero tampoco, insisto, nos instalamos en un territorio de ficción alejado de la realidad o elegimos la confrontación. Afrontamos la realidad tomando decisiones, que muchos pueden cuestionar pero que les aseguro que están meditadas para no ahondar en la desigualdad.
Me referiré más tarde a la medida tributaria contemplada en el proyecto de ley de medidas urgentes pues se corresponde directamente con las decisiones fiscales que se toman desde Asturias y que son las que nos permiten, aun en ese estrecho margen que deja el entorno económico y político, marcar una diferencia y mantener unos ingresos que nos han permitido elaborar un Presupuesto que es en sus cifras austero, realista y coherente. Un instrumento fundamental para afrontar la situación económica. A esas cifras me refiero a continuación.
Las grandes cifras del Presupuesto de 2013
Como saben sus señorías, el Presupuesto de Asturias para 2013 asciende a 3.808 millones de euros. Si recordamos que en 2009 teníamos un Presupuesto inicial de 4.494 millones y en 2010 alcanzábamos los 4.600 millones, nos podemos hacer una idea más que ajustada del escenario restrictivo en el que nos estamos moviendo.
El gasto no financiero es de 3.563 millones de euros.
La inversión asciende a 364 millones de euros, lo que supone 336 euros per cápita, y la deuda supone 397 millones de euros. Uno estas dos magnitudes porque quiero destacar algo que muchas veces parece olvidarse: la deuda de hoy es la inversión de ayer. Si el Gobierno central flexibilizara el déficit, podríamos acometer mayores inversiones porque así nos lo permite nuestra solvencia financiera.
Otro dato de nuestra solvencia es el de ahorro corriente, que asciende a 29 millones de euros. También quiero destacar de forma especial este hecho. Asturias siempre ha tenido, a excepción del año 2011, ahorro corriente positivo, mientras que la mayor parte de las comunidades hace varios años que no generan ahorro, un indicador certero de la salud financiera y la sostenibilidad de las cuentas públicas.
En cuanto a la deuda viva consolidada, a final del ejercicio ascenderá a 2.845 millones de euros, si bien en el cómputo del objetivo de deuda para 2013 debemos descontar el pago a proveedores, por 243 millones de euros.
Caída de las transferencias y análisis de ingresos
Para entender estas cifras debemos partir, como se hace para construir el presupuesto, de los límites que nos marcan nuestros ingresos.
Los ingresos no financieros ascienden a 3.401 millones de euros. El resto, 407 millones, proviene prácticamente en su totalidad, 397 millones, del endeudamiento.
Los más importantes de nuestros ingresos no financieros siguen siendo los procedentes del sistema de financiación tanto autonómica como local: 2.625 millones de euros, un 68,9 % del total. Si incluimos también los ingresos por tributos cedidos, que forman parte del sistema de financiación en sentido estricto, la cifra ascendería a 2.905 millones de euros, el 76% del total de los ingresos.
Merece la pena destacar que las transferencias del Estado, dejando aparte el sistema de financiación, fueron en 2010 de 397 millones de euros y para 2013 se prevén 118,6 millones, lo que supone una caída del 70%.
Nuestro escenario de ingresos no financieros para 2013 es similar al contemplado en el Plan Económico-Financiero y está 111 millones por debajo del presupuesto ejecutado en 2011.
Para contener la caída de ingresos se han tomado unas decisiones fiscales dentro de nuestra limitada capacidad normativa y siempre con criterios de equidad. Pese a ello, y como consecuencia de las restricciones del objetivo de déficit impuestas, la capacidad presupuestaria real es menor a la contemplada en el Plan Económico-Financiero en 132 millones de euros. Insisto, si no se hubieran tomado las decisiones fiscales que ahora mismo paso a explicarles estaríamos en una situación realmente difícil. Hablaríamos de una capacidad presupuestaria ficticia, válida para la demagogia populista que no pasa del papel, inservible para trasladarse del papel a la realidad.
Decisiones fiscales
Tres son las novedades fiscales para 2013. La primera es la modificación del impuesto sobre el patrimonio, tal como está recogido en el proyecto de ley de medidas urgentes. En este proyecto se contempla un incremento progresivo del tipo aplicable desde el 10% a las bases más bajas al 20% a las más altas y se introduce una bonificación del 99% para los patrimonios especialmente protegidos de contribuyentes con discapacidad. Este incremento supone un aumento en los ingresos previstos de 3 millones de euros, con lo que la recaudación global por este tributo será de 23 millones de euros.
Recoge también el Proyecto de Presupuestos para 2013 una medida tributaria ya plasmada en el Plan Económico-Financiero, la que se refiere a la duplicación de la tarifa autonómica del impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos, el conocido como céntimo sanitario y lo hace con una buena noticia para los transportistas: a partir del 1 de enero se les devolverá la totalidad del tipo autonómico, los 4 céntimos por litro de gasóleo y no solo 2, como estaba previsto en principio en nuestro Plan. Atendemos así una conocida demanda del sector.
En ejercicio, y también en reivindicación, de nuestro derecho a las competencias en materia fiscal, el Gobierno del Principado introduce para 2013 el impuesto sobre los depósitos en entidades de crédito, que prevé 30 millones de euros de ingresos. Este tributo grava a las entidades, no a los ciudadanos y así se recoge de forma explícita en el artículo que lo regula en la Ley de Presupuestos, en el que asimismo se establecen deducciones a las entidades con el objetivo de facilitar la fluidez del crédito hacia fines de carácter benéfico-social, inversiones de interés autonómico, financiación de iniciativas empresariales y trabajadores autónomos y proyectos de financiación pública y público-privada.
Hasta ahí las tres novedades impositivas del Proyecto de Presupuestos 2013. No existen otras. No se incrementa el canon de saneamiento, al que ni siquiera se repercute la subida del IPC. Ha sido objeto de largo debate en las comparecencias de varios consejeros y no quiero dejar de mencionar aquí, nuevamente, que tan solo se introducen cuatro modificaciones de las que dos son meramente técnicas y otras dos apenas tienen repercusión en los ingresos. Los ingresos previstos por el canon en 2013 reflejan el comportamiento de un tributo que sufrió una importante modificación en 2011, tanto es así que, si a principios de 2011 se preveían 35 millones de recaudación, a finales de año ya se habían ejecutado 47 millones de euros. Y con cifras del tercer trimestre de 2012, se han ejecutado 40 millones y es en el cuarto trimestre cuando se registra la recaudación trimestral más elevada del año.
Más allá de las cifras: prioridades políticas
En cualquier caso, son estas decisiones fiscales, que son también políticas pues vienen a reivindicar la capacidad normativa del Principado en materia tributaria y el ejercicio de su corresponsabilidad fiscal desde la lealtad institucional -y que defenderemos frente a usurpaciones y secuestros-, las que nos permiten mantener gasto corriente e inversión en el áspero entorno de caída de transferencias e ingresos. Hay contención de gasto, naturalmente que hay contención de gasto, pero la contención de gasto tiene un límite, que es el mantenimiento de la calidad de los servicios. Un límite intraspasable.
Y ahí nos encontramos con la orientación política inequívoca y diferenciada del gasto de nuestro Presupuesto, tal como ya se destacó en el momento mismo de su presentación en esta Cámara: garantiza el mantenimiento de los servicios públicos básicos, da apoyo y protección a quienes más lo necesitan, y concentra importantes recursos en las políticas de empleo y la promoción económica.
El gasto social alcanza los 2.565 millones de euros, lo que supone el 67% del total del Presupuesto. Repito una vez más este aspecto porque nunca está de más, y menos ahora, reivindicar lo fundamental.
Y ha sido fundamental en este Presupuesto paliar desde nuestra capacidad de recursos mermados y límites que se estrechan la tierra baldía que van dejando los recortes hechos desde el Gobierno central allí donde más se necesita hoy protección, refugio y recursos para salir adelante. Así, se ha hecho un especial esfuerzo en contrarrestar la reducción de los fondos ministeriales en partidas especialmente sensibles. Mis compañeras y compañeros de Gobierno han dado en sus comparecencias cumplido detalle de algunas de esas partidas en cifras, yo me limitaré a la enumeración significativa de algunas acciones. Cómo, por ejemplo, se incrementa la partida destinada a ayudas a libros de textos, reducida en un 30% para 2013; cómo se destinan, en cifras globales, 51 millones de euros a personas en situación de dependencia minimizando el recorte del Gobierno central en la ley de dependencia; cómo hay 46 millones de euros dedicados al salario social. Y quiero recordar el mantenimiento de las ayudas al transporte escolar, el incremento de los recursos destinados a los comedores escolares, a las becas y ayudas a estudiantes universitarios, y que se mantienen asimismo los recursos para las mujeres víctimas de violencia de género. No podemos dejar a las personas fuera del sistema, no precisamente ahora.
Y en este rápido recorrido por las prioridades destacables de un Presupuesto marcadamente orientado a garantizar la igualdad de oportunidades, déjenme destacar también que se concentran importantes recursos en el empleo y la promoción económica, que reciben más de 135 millones de euros e incluyen acciones para el fomento del empleo y autoempleo así como iniciativas vinculadas a la investigación, el desarrollo y la innovación. Y cómo se destinan 103 millones a transferencias al sector ganadero para garantizar el desarrollo sostenible en el medio rural. O cómo a los municipios asturianos, que por segundo año consecutivo han visto cómo se anula en la práctica el Plan provincial de obras y servicios, se los dota de una partida para las inversiones básicas de 2,4 millones de euros y se les abre el Fondo de Cooperación Local, con 6 millones de euros, también al gasto corriente, que sabemos que es ahora mismo su mayor prioridad económica. En total, el Presupuesto pone a disposición de los concejos de Asturias 177 millones de euros.
Tenemos recursos escasos, es innegable. Por eso en este Presupuesto se concentran allí donde son más necesarios, se prioriza lo que se cree esencial, se toman decisiones preservando lo que queremos seguir definiendo como imprescindible. Y es ahí donde residen su potencial y su fuerza.
La esperanza y el acuerdo
No hay una sola salida para la crisis. Sabemos que son necesarios los ajustes y queremos la eficiencia en el gasto, pero ni los ajustes ni la eficiencia pueden ser coartadas para arrasar con lo imprescindible. La política de la austeridad, aun siendo necesaria, no es suficiente. Y, si es la única receta, resulta inútil y demoledora. Solo acompañada de políticas de solidaridad y de políticas de crecimiento pueden abrirse espacios a la esperanza.
Quiero destacar finalmente un aspecto sin el que tampoco habrá solución posible, al menos colectiva, al actual estado de las cosas: el acuerdo. El desacuerdo perpetúa la inercia, solo el acuerdo cambia las cosas. El respaldo político que hay detrás de los números y las políticas de este Presupuesto lo hace más fuerte y por tanto más efectivo. No nace de la inútil imposición ni de la mayoría arrasadora sino del medido y responsable esfuerzo del consenso. Dotar a Asturias de un Presupuesto para 2013 merece todos los esfuerzos. Iniciar la gestión presupuestaria desde principios de año con total normalidad es lo que le otorga garantías de efectividad. Tener un Presupuesto es una buena noticia para Asturias.
