Blimea.-Compromisu por Samartín del Rei Aurelio viene defendiendo la necesidad de que el gobierno municipal socialista, así como los diferentes grupos municipales en  la  responsabilidad que les corresponda, ya que estamos hablando de una corporación en la que el gobierno se ejerce en situación de mayoría relativa, adopten una política de absoluta transparencia, fomentadora de la democracia participativa. En este sentido pensamos que documentos tan importantes como  la Liquidación de Cuentas, correspondiente de cada año deben de hacerse públicas, utilizando la página web municipal, entre otras posibilidades, a fin de que la ciudadanía pueda conocer y opinar de primera mano, sin intermediarios algunos, sobre la realidad económica de su municipio.

                En este sentido, Compromisu presentará un escrito dirigido al Sr. Alcalde,  a fin de que se  adopten las medidas necesarias  para que se proceda a dicha publicación. La ciudadanía es  la dueña  del consistorio y por lo tanto tiene el derecho de conocer cuál es su realidad económica   y cómo se viene gestionando. 

                De las denuncias efectuadas por el PP sobre la Cuenta de Liquidación del Ejercicio 2.011 y a falta de un mayor conocimiento, no tenemos duda alguna de que eso sea así,  ya que, lo que se denuncia ahora, venía siendo práctica habitual en los años anteriores y  sólo hace falta revisar las Cuentas de Liquidación de los años precedentes para comprobarlo.

                Compromisu no sólo considera responsable de la situación económica del Ayto. al equipo de gobierno socialista, que la tiene, por su forma irresponsable de actuar. Queremos recordar también la responsabilidad del PP que, desde  su gobierno de Madrid, viene hurtando a los concejos mineros, entre ellos   Samartín,  grandes  partidas de fondos mineros, no sólo en proyectos comprometidos, sino, además, en proyectos en ejecución o terminados, afectando de forma gravísima a las arcas municipales, incumpliendo los convenios suscritos en su momento entre las diferentes administraciones y obligando a los aytos. afectados a suscribir créditos para poder pagar a las empresas adjudicatarias. Todo ello,  en una forma de actuar más propia de piratas del Caribe que de un gobierno que  actúa  conforme al derecho y a la seguridad jurídica que deberían proporcionar los contratos firmados.