“Cuando el Estado no respeta los derechos humanos, las administraciones autonómicas y locales son los primeros interlocutores de quienes buscan protección y justicia. Por lo tanto, estas administraciones son fundamentales para la protección de estos derechos”, señaló Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España en la presentación de la Agenda de derechos humanos para Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.

Los nuevos gobiernos y parlamentos autonómicos, y las corporaciones municipales, elegidas el pasado 22 de mayo, son imprescindibles a la hora de proteger los derechos humanos de los ciudadanos, muy especialmente, por ejemplo en los ámbitos de la sanidad, la justicia o la educación, en los cuales tienen competencias definidas.

Preocupaciones y propuestas de Amnistía Internacional
Amnistía Internacional quiere incidir en las principales preocupaciones que tiene la organización en el ámbito autonómico y local y que quedan recogidas en la Agenda:

1. Lucha efectiva contra el racismo y la discriminación. La xenofobia, el racismo y la discriminación continúan siendo invisibles en España. Siguen sin existir datos oficiales que permitan registrar y analizar la magnitud de este fenómeno, y tampoco existen órganos independientes que lo investiguen.

El propio Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia en su informe de 2010, alerta del incremento de perspectivas negativas y de rechazo hacia los extranjeros. La propia campaña electoral sirvió de altavoz para la difusión de declaraciones racistas y xenófobas, lo que ha contribuido a que partidos con clara ideología racista tengan espacio en algunas corporaciones municipales.

Por otro lado, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, en su último informe sobre España, alertó sobre el uso de “controles de identificación o redadas policiales, basadas en perfiles étnicos o raciales, y realizados en lugares públicos y barrios donde hay una alta concentración de extranjeros con la finalidad de detener a aquellos que se encuentran en situación irregular en el Estado español”. En este sentido el Comité recomendó a España que se tomaran medidas para erradicar esta práctica, y que se dé formación intensiva en derechos humanos a los funcionarios que las realizan.

También son discriminatorias para Amnistía Internacional medidas como las adoptadas en Lleida y en cuatro ayuntamientos de Tarragona con las que se prohíbe el uso del burka en dependencias municipales. Para AI, la forma en que deciden vestirse las personas puede ser una expresión importante de su identidad y de sus creencias religiosas, culturales y personales, y por tanto, un derecho individual que no puede restringirse de forma arbitraria. Quienes han defendido esas prohibiciones a menudo han alegado que son necesarias para combatir la discriminación y salvaguardar la igualdad de género. “En ningún momento se han planteado que el prohibir el uso del burka en dependencias municipales puede impedir a algunas mujeres denunciar violencia de género y tampoco se han tomado medidas para investigar si las pocas mujeres que usan burka en estos municipios lo hacen de manera voluntaria o coaccionadas”, señaló Esteban Beltrán.

Por último, algunos ayuntamientos han propuesto que los padrones municipales incluyan solamente a las personas inmigrantes que tengan permiso de residencia, lo que provoca que quienes no tienen permiso de residencia no puedan tampoco disfrutar de derechos establecidos por ley, como el derecho a la salud y a la educación. Una medida contraria a la Ley de Extranjería y a las normas internacionales suscritas por España.

En este sentido, Amnistía Internacional propone:

• Que se recopilen datos para detectar discriminación hacia los inmigrantes ya sea en el ámbito de la sanidad, la educación o la vivienda.

• Que se elaboren planes locales y autonómicos integrales de lucha contra el racismo y la discriminación.

• Que se abstengan de promover iniciativas excluyentes o discriminatorias que exacerben el racismo, la islamofobia y la discriminación.

2. Menores en centros de protección terapéuticos. La situación de los menores tutelados en centros terapéuticos por las Comunidades Autónomas ha sido objeto de preocupación para varios organismos internacionales de derechos humanos. Diversas investigaciones, entre ellas la de Amnistía Internacional, sacaron a la luz que estos menores tutelados por las Comunidades Autónomas pueden ser víctimas de abusos, malos tratos o trato cruel y degradante, pueden ser encerrados en celdas de aislamiento, atados, amordazados y medicados sin la debida diligencia y en contra de su voluntad. Todo ello en un clima de impunidad por falta de investigaciones imparciales e independientes y en un contexto de invisibilidad, ya que no es posible saber el número de menores internados en este tipo de centros.

El Comité para los Derechos del Niño, en sus observaciones finales a España, mostró inquietud por la falta de un proceso uniforme para determinar lo que constituye el interés superior del menor, así como las diferencias en las Comunidades Autónomas sobre la concepción y aplicación de este principio.

En este sentido, Amnistía Internacional pide a los gobiernos de las Comunidades Autónomas que:

• Publiquen estadísticas que permitan cuantificar el número de menores ingresados en estos centros.

• Garanticen de manera efectiva el control y la inspección de los centros, permitiendo el acceso a organizaciones independientes de derechos humanos o del Estado.

• Supervisen las prácticas de funcionamiento y las medidas sancionadoras hacia los menores en estos establecimientos.

• Se aseguren que el internamiento de los menores siempre será el último recurso y que en todo caso se haga bajo autorización judicial.

3. Desalojos forzosos. En España existe un déficit en la protección jurídica de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC). Tanto las leyes como las actuaciones de las autoridades administrativas y judiciales, reflejan que estos derechos son tratados como meras prestaciones sociales, lo que se traduce en graves impactos en las vidas de las personas. Miles de personas que pueden ser desalojadas forzosamente de sus casas. Sólo en Cañada Real (Madrid), entre 25.000 y 40.000 personas, según las fuentes, podrían ser desalojadas sin ningún tipo de garantías. El próximo 24 de junio familias de Cañada Real, vuelven a enfrentarse a un desalojo inminente.

Diferentes organismos internacionales llevan años alertando a España sobre la situación de la vivienda. En 2004, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales alertaba de la situación de las personas sin hogar, y de las personas afectadas por los desalojos forzosos. En 2008, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre una vivienda adecuada llamó la atención sobre la necesidad de evaluar los efectos de los desalojos forzosos sobre las personas y garantizar la posibilidad de invocar ante los tribunales el derecho a una vivienda adecuada.

“Miles de personas son desalojadas forzosamente de sus viviendas o están en riesgo inminente de serlo sin que se les informe previamente, sin permitirles participar en decisiones que afectan a su vida y sin ofrecerles alojamientos alternativos”, manifestó Esteban Beltrán.   

Por ello AI pide a los gobiernos de las Comunidades Autónomas que:

• Pongan fin a los desalojos forzosos en sus territorios y desarrollen de manera urgente una legislación autonómica en materia de alojamiento en caso de emergencia.

Agenda para Comunidades Autónomas y ayuntamientos
Amnistía Internacional publica hoy la Agenda de derechos humanos para Comunidades Autónomas y Ayuntamientos con 10 compromisos mínimos que deben adoptar.

A los anteriormente reseñados, considerados prioritarios por Amnistía Internacional, se suman otros como, por ejemplo, proteger a las mujeres y a las niñas de la violencia de género; asegurar que las fuerzas de seguridad de ámbito local y autonómico respeten plenamente los derechos humanos y cuenten con la formación adecuada a la hora de desempeñar su trabajo; o abogar por la protección de los derechos humanos en sus programas de cooperación internacional.