Abel Matutes, Villar Mir y Bautista Soler son algunos de los que podrían beneficiarse de la reforma
El proyecto de reforma de Ley de Costas es arbitrario y no favorece a todos por igual, desprotege ecosistemas, prolonga la ocupación privada 75 años más y no tiene en cuenta el peligro y costes del cambio climático
A finales de 2011, el ministro Arias Cañete anunciaba una profunda reforma de la Ley de Costas y la presentó en julio de 2012, sólo seis meses después del anuncio. Muy pocos sectores han tenido el privilegio de acceder a los borradores del texto y participar en la redacción de la Ley. Un proyecto de reforma legislativa que no estaba ni siquiera contemplado en el programa electoral del PP en las elecciones generales. La organización ecologista está sorprendida con la urgencia con la que se ha tramitado esta ley de gran calado ambiental y social. Greenpeace ha denunciado en varias ocasiones que ninguna organización ambiental, científica o autonomía ha tenido acceso al texto antes de que fuese presentado como anteproyecto.
El ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha sido siempre persona de confianza del Partido Popular y no es la primera vez que ocupa un puesto ministerial. Durante el periodo 2004-2011, tras ser ministro, Cañete ha repartido su tiempo y sus intereses entre el Congreso de los Diputados y sus negocios privados en sectores varios como en las petroleras Dúcar o Petrologis Canarias. En 2004, cuando Arias Cañete deja de ser ministro de Agricultura, es nombrado consejero de la promotora Bami Newco junto a los principales empresarios del ladrillo, como Joaquín Rivero, Bautista Soler o Ignacio López del Hierro. En 2011, antes de volver a la cartera, el ministro renuncia a su puesto como consejero en Bami pero se reserva una acción. Estos datos demuestran que la carrera de Cañete no está ligada a la protección del medio ambiente sino a unos intereses muy distintos.
La nueva Ley de Costas excluye a las salinas del terreno público costero. Greenpeace señala que Abel Matutes, ex ministro de Exteriores del PP y actual vicepresidente del Consejo de Turismo de la CEOE, ha llegado a declarar sobre la reforma de Ley de Costas que "es una Ley en la que yo mismo he trabajado mucho" y dada la disposición transitoria primera del Proyecto de Ley de Costas, en la que se excluye del dominio público marítimo terrestre las salinas y zonas inundadas destinadas a cultivos marinos, no cabe duda. Abel Matutes tiene importantes intereses empresariales en estos tramos de costa como 25 salinas en la Bahía de Cádiz o la empresa Aquacria de Arousa. Su colega y expresidente de Baleares con el PP, Gabriel Canellas, es también propietario de muchas propiedades en Formentera, indultada de la aplicación de la Ley o las Salinas de Ibiza y San Pedro del Pinatar (Murcia).
Otro empresario relacionado con el Partido Popular es el ex ministro Villar Mir, que posee a través del Grupo Villar Mir empresas asentadas sobre márgenes de diferentes rías, entre otras empresas Fertiberia en Huelva o Ferroatlántica en la ría de Boo (Cantabria). Estas industrias asentadas en dominio público marítimo-terrestre con concesiones de actividad, en el caso de Ferroatlántica, que caducarían con la vigente Ley de Costas en 2018, se ven beneficiadas de los recortes de la nueva Ley, tanto por la reducción de la protección de las rías de 100 a 20 metros como por la extensión de las concesiones durante 75 años más. Además, la Secretaria General de Agricultura y Alimentación, Isabel García Tejería, a las órdenes de Arias Cañete es la exdirectora de Planificación de Fertiberia.
Por último, Greenpeace relaciona los posibles intereses de constructores muy ligados con el PP. Bautista Soler, es el promotor de 10 edificios en la playa de la Patacona (Alboraia, Valencia) que podrían verse beneficiados de la disposición adicional tercera en la que los terrenos situados detrás de un paseo marítimo podrán ser privados. Bautista Soler, es socio y amigo de otros empresarios del ladrillo como el marido de María Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro o Joaquín Rivero, relacionado con una polémica promoción en Puerto Sherry (Puerto de Santa María, Cádiz) en primera línea de mar sobre terrenos vírgenes. Todos ellos, han estado relacionados junto a Arias Cañete en la inmobiliaria Bami Newco, fundada tras separarse de Metrovacesa, la principal inmobiliaria del Estado.
Por todo lo expuesto, Greenpeace pide al Gobierno que no continúe con la reforma de la Ley y que cualquier modificación de la Ley de Costas de 1988 cumpla escrupulosamente los numerosos pronunciamientos del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo sobre los deslindes ejecutados y con la ciencia existente sobre cambio climático, erosión marina y protección de los ecosistemas. El Proyecto de Ley debe ser elaborado de forma pública e independiente durante lo que resta de legislatura.
