“No es función del Gobierno velar por los beneficios empresariales de esta industria, perjudicando con ello los intereses generales” ha declarado Raquel Montón, responsable de la campaña Nuclear de Greenpeace.

Asimismo, Greenpeace denuncia la prepotencia de la compañía al afirmar que el cese definitivo de la explotación, antes del 31 de diciembre, podría revertiese si no se acabase promulgando la Ley. Las facultades en este proceso de cierre, que está en marcha y es definitivo, las tiene el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Esta institución depende del Parlamento, de manera que, según la organización ecologista, esta declaración destapa en toda su crudeza la situación de dominación de estas compañías sobre el mercado eléctrico falsamente liberalizado por ley, sobre el Gobierno de España, y sobre el máximo órgano de representación que es el Parlamento.

La pasada madrugada, la central nuclear de Garoña dejaba de producir electricidad y el suministro eléctrico no ha percibido esta carencia, como se puede observar en la curva de demanda de Red Eléctrica de España. La energía eólica ha cubierto sobradamente esta desconexión; en ese momento la eólica representaba el 44% de la demanda eléctrica. Greenpeace destaca que ha quedado demostrado que esta central es absolutamente prescindible ya que dejó de funcionar y el sistema eléctrico ni se inmutó.

Finalmente la organización ecologista señala que la reforma energética que se necesita debe evitar estos chantajes, para ello es necesario que se termine con el oligopolio del mercado eléctrico y se separe la generación, distribución, y comercialización eléctrica; que las tarifas cubran todos los costes, incluidos los ambientales para dejar de seguir incrementando el déficit de tarifa, que se impidan las compensaciones a las compañías eléctricas, y que el modelo energético que se persiga sea un modelo inteligente, eficiente y 100% renovable. Para todo ello Greenpeace pide participación pública y transparencia.