La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato en Colombia de Ana Fabricia Córdoba Cabrera, lideresa social afrodescendiente de desplazados que buscan la restitución de tierras en la región de Urabá. Asimismo, la Comisión expresa su profunda preocupación por la nueva amenaza de muerte dirigida a defensoras, defensores y organizaciones de derechos humanos.

Según la información recibida por la CIDH, Ana Fabricia Córdoba era integrante de la Ruta Pacífica de las Mujeres, y fundadora de la Asociación Líderes Hacia delante Por un Tejido Humano de Paz (LATEPAZ) dedicada a acompañar a víctimas de desplazamiento forzado. Ana Fabricia Córdoba Cabrera habría denunciado varias violaciones a derechos de personas desplazadas cometidas por paramilitares en los barrios de la Cruz y la Honda en Medellín.  La información indica que el 7 de junio un hombre disparó a la lideresa con un arma de fuego mientras se transportaba en un autobús con ruta a Santa Cruz. Preocupa profundamente a la CIDH que autoridades del gobierno colombiano han admitido públicamente que el asesinato de Ana Fabricia Córdoba podría haberse evitado, ya que desde el 9 de mayo el Programa de Protección del Ministerio del Interior habría tenido conocimiento sobre las amenazas contra la lideresa sin que se hubieran implementado medidas de protección oportunamente.

De acuerdo a la información disponible, días antes del asesinato, decenas de organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos de la población desplazada, incluyendo a Ruta Pacífica de las Mujeres a la cual pertenecía la defensora, recibieron una amenaza de muerte con fecha del 2 de junio firmada por el grupo armado “Rastrojos”, la cual estaba dirigida a quienes tuvieran una participación activa en el marco de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras aprobada el pasado viernes 10 de junio. Entre las organizaciones señaladas como objetivos en la amenaza se encuentran CREAR, Arco Iris, Fundación Social, Sisma Mujer, Red de Empoderamiento, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, FUNDEPAZ, Casa Mujer, Ruta Pacífica de las Mujeres, FUNDHEFEM; CODHES, FUNDEMUD, MOVICE, UNIPA y Fundación Nuevo Amanecer. Asimismo, en la amenaza se hace referencia a varias personas, entre ellas Viviana Ortíz; Angélica Bello; Ruby Castaño; Maria Eugenia Cruz; Piedad Córdoba; Lorena Guerra e Iván Cepeda. Integrantes de varias de las organizaciones señaladas así como de las personas que se encuentran individualizadas en la amenaza son beneficiarias de medidas cautelares otorgadas por la CIDH. Igualmente, la Comisión observa con preocupación que en el documento firmado por los “rastrojos” se amenaza al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

La Comisión reitera que uno de los primeros pasos para proteger eficazmente a las defensoras y defensores es legitimar públicamente su trabajo, y tomar medidas para protegerlos desde el momento en que la autoridad pública toma conocimiento de que existen amenazas en su contra en razón de su trabajo. La Comisión recuerda que en muchos casos, como el de Ana Fabricia Córdoba, la muerte de defensoras y defensores está precedida de amenazas que fueron puestas en conocimiento de las autoridades.

La Comisión urge al Estado a garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de los familiares de Ana Fabricia Córdoba, investigar los hechos y sancionar a los responsables de su asesinato. Asimismo, la Comisión insta al Estado de Colombia a adoptar en forma inmediata y urgente todas las medidas necesarias a fin de garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de las defensoras y defensores de derechos humanos, especialmente de las organizaciones y personas que han sido amenazadas. El Estado debe procurar una investigación integral y sistemática de la amenaza respecto de todas las organizaciones y personas que se encuentran enunciadas en la misma.

La Comisión reitera que la labor de las defensoras y los defensores es esencial para la construcción de una sociedad democrática sólida y duradera, y para la plena vigencia del Estado de Derecho. En este sentido, los actos de violencia y otros ataques en su contra afectan el rol fundamental que tienen en la sociedad y sumen en la indefensión a todas aquellas personas para quienes trabajan.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General de la OEA.