La Comisión especial no permanente de investigación del Caso Marea ha recibido un escrito en el que se denuncian una serie de irregularidades en  empresas del entorno de Igrafo, a titulares ya implicados en otras áreas del Caso Marea y que afectan a la Consejería de Salud, al Servicio de Consumo, y por consiguiente a antiguos altos cargos del último Gobierno presidido por Vicente Álvarez Areces.

Al referirse a hechos constitutivos de delito la Mesa de la Comisión de investigación del Caso Marea ha acordado hoy ,tras mantener una reunión extraordinaria en la Junta General del Principado, trasladar “de inmediato” dicho documento a la Fiscalía  del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en cumplimiento de la obligación prevista en el artículo 263 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establece que “Los que por razón de sus cargos, profesiones y oficios tuvieren noticia de algún delito público, estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal, al Tribunal competente, al Juez de instrucción, y en su defecto, al municipal o al funcionario de policía más próximo al sitio, si se tratare de un delito flagrante”.

El Presidente de la Comisión, y diputado de UPyD,  Ignacio Prendes, asegura que la documentación recibida queda en poder de los miembros que componen  la comisión y que “ahora corresponderá evaluarla en ese marco, pero que el primer paso era dar cumplimiento con la obligación de trasladarlo a la Fiscalía”.

En el escrito se adjuntan actuaciones que nunca se llevaron a efecto y se aportan datos contable precisos.