Por Miguel Piñeiro y Alberto Torres
El 26 de octubre de 2009 cuatro agentes de la guardería del Ulla realizaban un control sobre varios salmones marcados con radiotransmisor. Siguiéndole la pista a uno de ellos, los agentes llegan a un congelador de un restaurante de Pontevea, en el que localizan dos ejemplares. El propietario del local, L. M. L. S., declara a la guardería y hace indicar en el boletín de denuncia que los salmones se los había proporcionado J. G. R., peón de la Xunta de Galicia que trabajaba en el Centro de Ximonde.
MiguelPesca.com, una vez más, se apunta la primicia y desde dos frentes concretos con intereses directos se desata una persecución teledirigida hacia quienes dimos la información.
El tiempo pone a cada uno en su sitio. ¿Se han cumplido las amenazas de los sindicalistas que amparaban a uno de los imputados? ¿Dónde meten ahora sus bravatas con amenazas de juzgado de por medio? ¿Es rigurosamente cierto y estricto todo lo que informamos en su momento?
No han podido tener frente a MiguelPesca.com un modus operandi más improcedente. Nosotros, en cambio, hicimos las cosas clara y honestamente, firmando con nombre y apellidos y, sobre todo, sirviéndonos de datos fidedignos, contrastados e inapelables. Frente a la profesionalidad periodística pusieron los insultos y los anónimos como único contraargumento intentando desviar la atención del foco de la noticia: que un trabajador del centro de Ximonde había traficado ilegalmente con dos salmones.
En Trueiro y en esta web habíamos publicado con anterioridad al suceso en cuestión que teníamos indicios de que del capturadero de Ximonde habían salido ejemplares con destinos nada lícitos. Nadie nos hizo caso hasta que la denuncia en firme puso al descubierto la realidad del trapicheo ilegal de salmones.
Ahora, la resolución del expediente abierto por la Xunta de Galicia ha sido esta:
A J. G. R, laboral de la Xunta de Galicia, se le abrió un expediente disciplinario que se resolvió con la suspensión de sueldo de tres meses y traslado forzoso. En cuanto al propietario del establecimiento implicado, L. M. L. S., el expediente sancionador se ha resuelto con multa de 6.000 € más 2.270 € de daños al tratarse de una falta calificada como grave.
Pero ante esta resolución, debemos volver a realizar una serie de preguntas:
¿Cuáles son las averiguaciones del expediente abierto y a qué conclusiones se ha llegado?
¿El trapicheo de salmones fue un hecho aislado o era una práctica habitual?
¿La instrucción tomó declaración a todas las partes implicadas y afectadas por el asunto?
¿El peón J. G. R. actuaba solo o formaba parte de una red más compleja?
¿Conocían sus allegados, incluso familiares compañeros de trabajo, las prácticas de J. G. R.? En caso afirmativo, ¿por qué no lo denunciaron a su debido tiempo?
¿Se ha aplicado en la sanción la circunstancia agravante de que el culpable abusó de su posición y de la confianza pública?
¿Por qué no se le da la publicidad debida, si es un acto de furtivismo y comercialización ilegal de salmónidos, como se le ha dado a otras denuncias y sanciones?
¿Por qué no se publica la resolución del expediente en el DOGA?
¿Quién o quienes y con qué intención han tapado el asunto a pesar de la extrema gravedad de los hechos?
¿Se ha investigado si es cierta la afirmación del imputado L. M. L. S. de que los cuatro agentes denunciantes y el propio peón implicado intentaron hacer desaparecer el nombre de este último de la denuncia?
¿Quién había autorizado al peón J. G. R. a manipular y marcar salmones cuando no tenía la cualificación profesional necesaria para hacerlo?
Y, por último, lo que nos parece más grave en términos comparativos: ¿Cuánto le costarían dos salmones ilegales a un pescador, si le aplicasen la Lei de Pesca? ¿Es justa, en consecuencia, la sanción de tres meses de sueldo aplicada al operario de la Xunta de Galicia?
Exigíamos, en su momento, que se depurasen responsabilidades a todos los niveles, que se actuase con contundencia, que se investigase hasta el fondo. Ese era el momento de tomar medidas e iniciar acciones ejemplarizantes para que este suceso no empañase la trayectoria de los muchos y buenos profesionales de la guardería del Ulla que estaban al margen del expolio del capturadero y no tienen nada que ver con este tipo de prácticas, esa misma guardería que lleva sobre la espalda y sufre la mala prensa de “la otra guardería”.
Cerrar el caso de esta manera, con estas formas y con una sanción irrisoria al peón de la Xunta deja en mal lugar a la Administración y a todos los que hayan tomado parte en el proceso, desde su apertura hasta la nimia y deshonrosa resolución aplicada.
Por tres meses de sueldo de peón, salieron muy baratos los dos salmones.
