Oviedo.-La fotografía recoge momento en que la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, entrega al presidente de la Junta General del Principado, Pedro Sanjurjo, el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2013.

El coordinador de IU, Manuel González Orviz, aseguró hoy que el acuerdo de presupuestos alcanzado entre IU y PSOE servirán para parar el "golpe" del PP al estado social, con su políticas de ajustos, y que se dirigen a la atención de la mayoría de la ciudadanía. González Orviz resaltó que las cuentas regionales, y el pacto con el Gobierno de Asturias, se basa en cuatro pilares fundamentales: Un plan de choque para la ciudadanía, políticas de reactivación económica y empleabilidad, cohesión territorial y apoyo a la administración local.

La posibilidad de que en el trámite de aprobación del presupuesto se presenten enmiendas, González Orviz, y el portavoz de IU en la Junta General del Principado, coincidieron en que no tendría sentido, pues estos presupuestos ya cuentan con una mayoría absoluta, gracias al pacto entre tres fuerzas políticas pero que, en cualquier caso, deberán estudiarse las que se presenten por todos los grupos políticos.

PRESUPUESTOS 2013

UN PRESUPUESTO DE RESISTENCIA

Un presupuesto de resistencia para la mayoría de la sociedad

La prórroga presupuestaria, más allá del escenario descrito, supondría una congelación de las nuevas inversiones, afectaría a las dotaciones de las convocatorias de ayudas, afecta a las políticas sociales tocadas por la fuerte caída de transferencias del Estado y el destino de parte de los recursos propios al abono de los costes financieros. En resumen, tocaría preferentemente a la inversión y política social y apoyo a los sectores productivos tradicionales.

El acuerdo con el Gobierno de Asturias permite llegar a un presupuesto para el sostenimiento de los servicios públicos esenciales. Asturias no privatiza Hospitales ni residencias de mayores. Al contrario, continúa incorporando personal de fundaciones a la red pública, abriendo residencias bajo esta modalidad y, en este escenario, en 2013 se creara una red autonómica de escuelas infantiles de O a 3 años. Es un presupuesto para la cohesión social: mantener la política social es, en las actuales circunstancias, más política social pero además presupuestariamente crecen. Es un presupuesto para el equilibrio territorial y que reequilibra, en lo que puede, el reparto de cargas impositivas con el incremento del Impuesto de Patrimonio, la bajada a 70.000 euros del tramo alto del IRPF y, sobre todo, el Impuesto a los Bancos. Impuesto este que estando ya en vigor en Andalucía, Extremadura y Canarias, recurrido por el Gobierno al Constitucional, en Asturias nunca se había aplicado. La propia decisión del Gobierno de tratar de impedirlo sitúa la importancia de nuestra decisión. Los poderes han tenido que salir de la cueva para retirar impuestos a los mismos bancos a los que dan ayudas millonarias que detraen de nuestro bienestar.

Hemos sido tres patas en la negociación pero Izquierda Unida marcó la impronta general con algunas medidas, especialmente, el “impuesto a los bancos”.

Acuerdos y contenidos de la negociación presupuestaria

Los presupuestos se acompañan de unos acuerdos políticos destinados a garantizar la prestación pública de los servicios públicos y el desarrollo de los acuerdos presupuestarios.

La constitución de una red pública de escuelas 0 a 3 años que integre las municipales, en la que los ayuntamientos asuman las mismas obligaciones que en la red de Primaria y que se pondría en marcha en el inicio del curso 2013/2014. La fórmula que se determine habrá de garantizar los derechos adquiridos del que en la actualidad trabajan en esta futura red.

Se garantiza la flexibilidad, aunque su propio nombre ya lo indicaba, en el destino del fondo incondicionado de los ayuntamientos, pudiendo destinarse a gasto corriente. En este marco se busca un tratamiento equilibrado para todos los ayuntamientos y, también, para los que Izquierda Unida representa.

También se define el concepto de vivienda vacía, desde una perspectiva de la política de vivienda, pero que pudiera servir, si así lo entienden las corporaciones municipales y sus propios servicios jurídicos, para aplicar el recargo previsto en el IBI a estas viviendas. Concepto que el Estado no ha desarrollado tras más de una década de entrada en vigor de este concepto.

Se establecen mecanismos de transparencia centrados en la publicación de contratos menores y de acceso a la información. El Gobierno en el ámbito de su competencia podrá modificar las partidas presupuestarias.

El resto de los contenidos los podemos agrupar sobre los cuatro pilares:

1.        Plan de rescate a la ciudadanía.

Es importante tener en cuenta el contexto de recortes que en política social ha aplicado el Partido Popular porque lo que se hace en este presupuesto es suplir con recursos presupuestarios propios las quitas del Estado y, lo que es más importante, incrementar todos los bloques de este plan. La aportación de Estado en 2011 para “política social”, agrupando todos los conceptos era de 47 millones, cayó en 2012 a 29,9 millones (-36,3%) y en 2013 a 25,5 (-45,74 %) millones de euros. Un autentico desguace y una agresión sin precedente a los sectores sociales más desfavorecidos.

Salario Social. 45 millones de euros y con un crédito ampliable.

Crece en 13 millones, un 40 %, respecto al presupuesto prorrogado que ha sido modificado por incorporaciones de crédito para atender a las necesidades. Imprescindible esta medida en un contexto en el que la pobreza y la exclusión social avanza, cuando se llevan 17 meses de retraso en la concesión de las ayudas y cuando hay más de 46.000 personas en paro sin  prestación.

Se pretende atender a la totalidad de los demandantes que reúnan los requisitos. Para ello, se contempla el refuerzo del personal que tramita esta prestación. Se incluye una modificación de la Ley de Salario Social en la Ley de Presupuestos para el fraccionamiento de los atrasos y el descuento, contra este concepto, de las ayudas de emergencia recibidas en el periodo de tramitación.

Dependencia. 40,3 millones de euros

El presupuesto pasa de 37,7 a 40,3 millones, un 6,9%

Plan concertado, ayuda a domicilio, teleasistencia e inclusión social.

El Gobierno de Rajoy ha aplicado desde 2012 aquí una cascada de ajustes que limitan los recursos para atender a colectivos vulnerables: reducción de prestaciones, servicios y financiación de la Ley de atención a la Dependencia, así como de las prestaciones sociales básicas gestionadas por los Ayuntamientos, extinción de programas de lucha contra la exclusión, de integración social de inmigrantes, de minorías étnicas, etc.

Se mantienen las dotaciones para el plan concertado de prestaciones sociales básicas de gestión municipal (37,6 M€)

En respuesta a la extinción de ayudas estatales para el servicio local de teleasistencia a varios miles de personas no dependientes,  se asumen en estos presupuestos la financiación parcial de esta línea para garantizar que las personas usuarias puedan seguir recibiendo este servicio. El 80% de las usuarias son mujeres mayores de 80 años.

Se minimiza con financiación propia las ayudas a entidades sociales y de voluntariado (1,45 M€), para contribuir a su imprescindible colaboración en la atención a colectivos vulnerables (mayores, discapacidad, inmigrantes, minorías, reinserción de personas reclusas, personas sin hogar, etc.)

Apoyo a la atención a los mayores: refuerzo del ERA y FASAD

Las inversiones del ERA pasan de 2,4 a 5,4 millones de euros. Un incremento de 3 millones, el 125 %.  El gasto corriente del ERA pasa de 64 a 65,5 millones. Un incremento de 1,5 millones, 2,34 %.

En la Fundación Asturiana de Ayuda a la Discapacidad (FASAD), Se incrementa su presupuesto en 0,5 millones para garantizar la gestión de los centros de Turón y Navia. En este apartado se refuerzan las plazas concertadas de discapacidad, que se incrementan en 1 millón y en 0,21 millones las subvenciones a estas personas.

Ayudas de urgencia al alquiler para situaciones sobrevenidas de desahucios, agotamiento de prestaciones y otras. 1 millón de Euros, antes no las había. El Ministerio de Fomento rebajo las transferencias de política de vivienda a 1millon (-11 millones con respecto a 2011) y, además, no tiene vigente el Plan de Vivienda. El presupuesto de esta Dirección se centra en finalizar las obras en curso iniciadas en la anterior legislatura, pagar las ayudas a la compra que FAC había denegado a los compradores de VPA por agotamiento de crédito, y atender con 11 millones de euros las convocatorias de las tres líneas.

Cooperación al desarrollo, 5,7 millones. En los vigentes presupuestos la consignación presupuestaria es de 9 millones pero las previsiones de ejecución son sensiblemente inferiores. De una propuesta inicial de 1,7 millones se incrementó a los 5,7 millones de euros..

2.        Atencion a las personas en paro: reactivación económica, fomento del empleo y trabajadores por cuenta propia.

Aquí se han concretado ya algunas de las medidas más contraproducentes del gobierno de Rajoy: la drástica reducción de recursos en los Presupuestos de 2012 para el Servicio Público de Empleo, los programas de empleo-formación y de ayuda a la inserción laboral de desempleados/as.

El presupuesto total se sitúa en el entorno de 79 M€ en los que se ha priorizado: el sostenimiento a jornada completa de las plantillas de refuerzo de las oficinas autonómicas de atención a personas en desempleo (2,3 M€), el apoyo a los servicios municipales de empleo y desarrollo local (0,9 M€), el apoyo a las entidades sociales colaboradoras en materia de orientación profesional (1,7 M€), un incremento de los programas de formación para el empleo (34,5 M€) y un incremento de 10 a 14,5 M€ para programas locales de contratación temporal de trabajadores/as en desempleo, siendo ésta la medida más intensiva y eficaz posible en el corto plazo en la lucha contra el paro de larga duración. Se continua sosteniendo las ayudas para Centros Especiales de Empleo de personas con discapacidad (8 M€), las ayudas al autoempleo (5 M€) y a la contratación (1,5 M€), así como un programa más reducido de Escuelas Taller-Casas de Oficio-Talleres de Empleo (5,6 M€).

3.        Cohesión territorial y desarrollo agroambiental: apoyo a los ganaderos y agricultores a título principal y a la actividad sostenible en el medio rural.

 El Contrato Territorial de Explotación, se eleva a 18,5 millones de euros

Ayudas a la modernización de explotaciones agrarias, 8 millones de euros.

Grupos líder. Se incrementan de 10 a 13 millones de euros.

Política forestal. Queda en 15,5 millones de euros.

4.        Apoyo a los ayuntamientos: fondo incondicionado. Se destinan 5.983.000 euros.

Se garantiza la flexibilidad del fondo incondicionado de los ayuntamientos, pudiendo destinarse a gasto corriente.

5.        Otros elementos a destacar:

 Consejo de la Juventud. Se incrementa la transferencia a 350.000 euros. 100.000 más comparando con las previsiones del gobierno. Este incremento no se hace en detrimento de las ayudas previstas para las organizaciones juveniles.

Política de igualdad y contra la violencia sobre las mujeres. Con un presupuesto de 2.284.000 euros se garantiza las políticas de prevención y atención a las mujeres víctimas de violencia de género  y desarrollo de las políticas de igualdad.

Memoria histórica. Se comprometen 112.000 euros. 100.000 euros para el escaneo de los documentos que recogen los procesos de la dictadura contra los asturianos y asturianas que fueron trasladados al archivo militar de El Ferrol. Se trataría de una primera fase. Y los 12.000 restantes para afrontar el pago de los estudios de ADN de la fosa de Cabacheros.

Cavastur. Se aportan 10.000 euros para gasto de funcionamiento. En 2012, 0 euros.

Federación Asturiana de Parroquias Rurales (FAPAR). Se aportan 30.000 euros para  los gastos de funcionamiento la propia federación  y 31.400 euros a repartir entre cada una de las parroquias rurales para el mismo fin.

Academia de la Llingua. Se incrementa a 200.000 euros la aportación del Principado en los términos requeridos por esta institución. Se refuerza el presupuesto de la Direccion Xeneral de Política Llingüistica a 1,7 millones de euros. Se doblan las ayudas a actividades culturales, que pasan de 0,4 a 0,8 millones de euros.