Vega: “Los representantes de FORO acudimos a la constitución del Consejo con el propósito de impulsar y velar por el cumplimiento de la Ley que regula la RTPA en materia de programación, de personal y de contratación”

• Al Consejo corresponde “la determinación semestral del porcentaje de horas de programación destinadas a los grupos políticos y sociales significativos”
• FORO velará por que la TPA respete “el marco impuesto por la legislación general, en materia de contratos del sector público, tanto en la producción audiovisual como en los servicios técnicos”
• “La elaboración de espacios informativos y de opinión que desarrollan la función de servicio público debe reservarse de manera estricta para la plantilla propia”

(Oviedo). Los representantes de FORO en el Consejo de Administración de la RTPA se incorporan en esta legislatura, como primer grupo de la oposición, con la intención de aplicar de manera estricta la Constitución, el Estatuto de Autonomía y las leyes, en todos los ámbitos de la gestión del Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias, así como las buenas prácticas en materia periodística que incluyen la necesaria separación de contenidos informativos y de opinión.

El portavoz de FORO en el Consejo y vicesecretario de Comunicación del partido, Juan Vega realizó hoy, a la entrada a la reunión del Consejo, las siguientes declaraciones: “La Televisión del Principado de Asturias no puede ser una televisión gubernamental ni tomar partido en la contienda política, sino que debe cumplir escrupulosamente su función de servicio público, respetando el pluralismo de la sociedad asturiana, con especial atención a los grupos sociales y políticos representativos, sin que por ello se permita marginar a las minorías, de acuerdo con lo establecido en los artículos 3, 7 y 20 de la Ley 2/2003, de 17 de marzo, de Medios de Comunicación Social del Principado de Asturias”.

En el Artículo 3, Principios de actuación, en el que se establecen los principios generales, se definen los principios de objetividad, veracidad e imparcialidad de las informaciones, se prescribe “el respeto al honor, la fama, la vida privada de las personas y cuantos derechos y libertades reconoce la Constitución, la separación entre informaciones y opiniones, la identificación de quienes sustentan estas últimas y su libre expresión, dentro de los límites del artículo 20, apartado 4, de la Constitución, se garantiza además el acceso a los medios de los grupos sociales y políticos representativos, respetando el pluralismo político, religioso, social y cultural de sociedad asturiana, la promoción de la cultura y la educación, con especial protección del bable, mediante la promoción de su uso y difusión en los medios de comunicación social, la protección de la juventud y de la infancia, y el respeto a los valores de igualdad que proclama el artículo 14 de la Constitución, así como la promoción de la convivencia y solidaridad reconocidas en la Constitución y el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias”.

En el Apartado l) del Artículo 7 de dicha Ley, se otorga el mandato al Consejo de administración de acometer la “determinación semestral del porcentaje de horas de programación destinadas a los grupos políticos y sociales significativos, así como el acceso de las minorías, fijando los criterios de distribución entre ellos, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 20 de la Constitución”.

Por último, en el artículo 20, Pluralismo democrático y acceso a los servicios, se determina de manera bien concreta que: “la ordenación y disposición de los espacios en la radio y la televisión facilitará el acceso a los mismos de los grupos sociales y políticos más significativos, teniendo en cuenta criterios objetivos, como la representación parlamentaria, implantación sindical, ámbito territorial de actuación y otros de análogo carácter. Asimismo, se posibilitará el acceso a los grupos políticos, sociales y culturales de representación minoritaria”.

Además de esto, Vega afirma que “el Ente y sus sociedades participadas respetarán también el marco impuesto por la legislación general, en materia de contratos del sector público, tanto en la producción audiovisual, como en las cuestiones de carácter técnico, así como en su política de personal, en la que dará prioridad, y especialmente en la producción informativa, a la plantilla propia”.

“La gestión de una televisión pública no debe caer en ningún caso en la tentación de delegar en productoras externas la elaboración de espacios informativos y de opinión que desarrollan la función de servicio público que debe reservarse de manera estricta para la plantilla propia, ni competir con los medios de comunicación privados en la contratación de productos comerciales de alto coste para luchar por la audiencia, sino que muy al contrario debe centrarse en cumplir con ese objetivo de servicio público, al menor coste posible”, concluyó Juan Vega