CCOO considera inconstitucional, y que por tanto debe ser invalidada, la decisión del Gobierno de no actualizar las pensiones en el diferencial entre la subida de los precios a 30 de noviembre, un 2,9%, y el incremento inicial, de un 1%, abonado desde principios de 2012.

CCOO se dirigirá a la Defensora del Pueblo para que, en ejercicio de sus competencias decida sobre la solicitud de este sindicato de presentar recurso de inconstitucionalidad contra la decisión del Gobierno de no aplicar, con efectos retroactivos, la obligación legal de revalorizar las pensiones en el diferencial entre la inflación interanual a 30 de noviembre, un 2,9%, y el incremento inicial, de un 1%, abonado desde principios de 2012.

El Real Decreto-ley publicado ayer, "deja sin efecto" el derecho a la actualización de las pensiones correspondiente al presente ejercicio 2012. Desde CCOO entendemos que estamos ante una privación de derechos contraria a la Constitución por infringir los principios de irretroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos individuales, de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (art. 9.3 CE).

De acuerdo con lo establecido por la Ley General de Seguridad Social, las pensiones contributivas deben ser actualizadas conforme al índice de precios al consumo  acumulado entre noviembre 2011 y noviembre 2012, si éste ha resultado superior al tomado en cuenta para la revalorización practicada a principios de año; además, debe abonarse a los pensionistas  la diferencia en un pago único antes del 1 de abril del 2013, y es sobre esa actualización sobre la que deberían operar los incrementos futuros.

En la fecha de publicación del Real Decreto-ley, el 1 de diciembre de 2012, este derecho a la actualización era un derecho ya perfeccionado y consolidado para cada una de las personas que percibe una pensión contributiva de la Seguridad Social o de Clases Pasivas del Estado; no se trata de una expectativa ni de un derecho condicionado; se trata de un derecho ya adquirido y devengado, aunque no percibido.

La potestad legislativa del Gobierno no alcanza para establecer normas con carácter retroactivo que produzcan resultados restrictivos o limitativos de los derechos que se habían obtenido con base en una concreta legislación.

Por todo ello, CCOO entiende que esta decisión del Gobierno es contraria a la Constitución y debe ser invalidada. Para conseguir este pronunciamiento utilizará las herramientas que prevé nuestro ordenamiento jurídico y, en primer lugar, solicitará e instará a la Defensora del Pueblo a presentar el correspondiente recurso, sin perjuicio de promover e  impulsar, en su caso, otro tipo de actuaciones posteriores con el mismo objetivo.