• La consejera de Bienestar Social y Vivienda cifra en 3.060.000 euros menos el gasto real del servicio que la cuantía asignada, lo que notarán las empresas y los trabajadores asturianos del sector

Esther Díaz asegura que el Gobierno de España recorta la financiación de la Ley de la Dependencia en Asturias para 2013 en más de diez millones de euros respecto a 2011

Asturias.-La consejera de Bienestar Social y Vivienda, Esther Díaz, cifró hoy en 3,06 millones de euros y en 204.000 horas menos el recorte que sufrirá el servicio de ayuda a domicilio en Asturias el próximo año a causa de la reforma de la Ley de Dependencia llevada a cabo por el Gobierno de Mariano Rajoy.  Díaz, que ofreció estos datos durante su comparecencia esta tarde en la Junta General del Principado, aseguró que las 2.166 personas dependientes que antes de la reforma tenían derecho a unas 850.000 horas de ayuda en sus hogares, ahora perderán 204.000 de ellas, un recorte que reducirá en 3.060.000 euros la financiación que para la prestación de este servicio reciben las empresas y los trabajadores del sector.

Esther Díaz informó al Parlamento asturiano sobre la atención a la dependencia y las medidas adoptadas para minimizar el impacto de los drásticos recortes aprobados por el Gobierno de España. Durante su intervención, la consejera analizó el impacto de los recortes y proporcionó los siguientes datos, actualizados el pasado 1 de noviembre:

• 7.975 cuidadoras en el entorno familiar, a partir de 1 de septiembre, vieron reducidas su paga en un 15% y se les dio de baja en la Seguridad Social.

• 708 usuarios con derecho al servicio de teleasistencia gratuita, a partir de enero tendrán que abonarlo, al menos en un parte.

• ·         774 personas que hoy pueden vivir en su domicilio, con sus familias, porque pueden compatibilizar la ayuda a domicilio con un Centro de Apoyo a la Integración (CAI) o Centro de Día, tendrán que dejar de hacerlo si el Principado no asume con cargo a su presupuesto, casi tres millones de euros, de la ayuda domiciliaria. 

Esther Díaz añadió que el Estado dejará de abonar unos 344.000 euros mensuales por los 17.187 asturianos con grado I, II y III reconocido por la Ley de Dependencia, y recordó que en 2013, la aportación del Gobierno central para la aplicación de esta ley en Asturias se reducirá en algo más de 3,5 millones de euros en concepto de nivel mínimo. “Y si a estos añadimos unos siete millones del nivel acordado eliminado ya en 2012, la cifra de aportación del Estado aún es menor, aproximadamente, de algo más de diez millones de euros para el próximo año respecto a 2011”, aseguró.

Además, reiteró que en el conjunto de la reforma hay tres tipo de medidas, las que tienen un fin meramente de ahorro: el recorte; las dirigidas a favorecer la entrada de una manera preferente de la iniciativa privada en el sector, y las que pretenden ralentizar su aplicación, con el objetivo de paralizar la ley. Esther Díaz denunció en este sentido que “el PP, en esta materia, como en otras, tiene unos claros prejuicios ideológicos y está utilizando la crisis para desmantelar el sistema público o para no desarrollarlo, y así convertirlo en un negocio privado”. Y añadió: “Sólo a través del carácter público de los servicios sociales se garantiza que los servicios de la dependencia sean un derecho y por tanto, sometidos a los principios de igualdad de oportunidades, equidad y universalidad”.

Medidas del Gobierno asturiano

La consejera de Bienestar Social destacó en la Cámara que el “Gobierno de Asturias no se limita a criticar las medidas de recorte, ya que trabajamos para minimizar su impacto”. A lo largo de 2013, garantizó, no se paralizará la aplicación de la ley y la entrada al sistema de nuevos beneficiarios, puesto que además de cumplir con la revisión de las prestaciones ya concedidas, se va a continuar realizando nuevas valoraciones y acuerdos de PIA (Plan Individualizado de Atención).  Además, se mantendrá la compatibilidad de  dos servicios básicos como son la ayuda a domicilio y el centro de día o CAI, cuestión que se realizará a través de los planes concertados de servicios sociales básicos con los ayuntamientos.

Por último, la consejera informó de que se están analizando otras posibilidades que “dependerán en todo caso del decreto de copago nacional, para mantener algunas de las exenciones de nuestro decreto autonómico de 2011, e incluso incorporar alguna más para aliviar a las rentas más bajas”.