Por Adeline Marcos/SINC.-Los 195 países que se reúnen desde hoy en Doha (Catar) hasta el 7 de diciembre en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 18) comparten la voluntad de frenarlo, pero, como han ido demostrando cada año, no se ponen de acuerdo en cómo enfrentarse a él.

Sí lo hicieron, en parte, en 1997, al aprobar el Protocolo de Kioto, que obligó a los países industrializados –salvo EE UU– a reducir de 2008 a 2012 las emisiones de dióxido de carbono (CO₂) en un 5% respecto a los niveles de 1990. Pero nadie sabe qué pasará una vez que caduque el 31 de diciembre de 2012.

El 1 de enero de 2013 podría entrar en vigor, si se ratifica en la cumbre de Doha, el segundo periodo del Protocolo de Kioto apoyado por la Unión Europea (UE), Australia, Suiza e Islandia, entre otros países industrializados, que en total generan únicamente el 15% de las emisiones de gases contaminantes.

De Kioto II se excluyen los mayores países contaminantes: EE UU, China e India. A ellos se unieron en la Cumbre del Clima de Durban (Sudáfrica) en 2011, Canadá, Rusia y Japón, que salieron de Kioto al rechazar su segunda parte; y Nueva Zelanda, que mostró su oposición días antes del comienzo de esta COP 18.

La única razón de ser de esta prórroga, que podría prolongarse hasta 2017 o 2020 –otra de las decisiones a tomar en Catar–, es que en 2015 se firme un acuerdo mundial sobre el clima que incluya a todos los países, que sea jurídicamente vinculante y entre en vigor en 2020, según ha declarado Connie Hedegaard, Comisaria europea de Acción por el Clima. Este es el reto de Doha y la gran apuesta de la UE para mantener el aumento de las temperaturas por debajo de los 2 ºC.

De aprobarse el acuerdo para 2015, los países deberán incluir, según se confirmó en Durban, las recomendaciones científicas del V Informe del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), que verá la luz en 2014. Según documentos previos, esto implicaría la necesidad de no superar un aumento de temperatura de 1,5 ºC respecto a los niveles preindustriales.

Sin embargo, como han demostrado en la última semana los informes de diferentes instituciones, el pronóstico es desalentador. El Banco Mundial ha anunciado que la trayectoria seguida en la actualidad está más cerca de alcanzar un aumento de 4 ºC. “La brecha entre los compromisos para reducir las emisiones y las recomendaciones científicas es cada vez mayor”, señala a SINC Aída Vila, responsable de la campaña de Cambio Climático de Greenpeace.

La brecha económica de la ayuda

A esta grieta se añaden las diferencias económicas para combatir el cambio climático. En Durban se aprobó la estructura del Fondo Verde para el Clima que, a pesar de la crisis económica, obliga a los países desarrollados a aportar financiación a los más desfavorecidos para adaptarse. 

El objetivo es que a partir de 2020 los países entreguen cada año 100.000 millones de dólares –más de 77.000 millones de euros–a los países en vías de desarrollo. Aunque la cifra parezca importante en un momento de crisis como el que se está viviendo, no satisface del todo.

“El Fondo Verde no va a traer dinero nuevo”, apunta a SINC Ana Iglesias, investigadora en el departamento de Economía Agraria y Ciencias Sociales en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Para esta científica, que ha sido unas de las expertas elegidas para elaborar el V informe de evaluación del IPCC, la capacidad de adaptación, “de enfrentarse a algo nuevo, responder y recuperarse” de cualquier país depende de su nivel de desarrollo. Por ello, el Fondo Verde tendría que tener sinergias con indicadores de desarrollo pero esto “es muy difícil”.

Greenpeace señala que en Doha será necesario acordar el mecanismo hasta 2020 y establecer nuevas vías de financiación después de cumplir en 2012. “Los países ricos deben aumentar sus aportaciones, al menos a 20.000 millones de dólares anuales entre 2013 y 2015”, recogen desde la ONG.

La celebración de la COP 18 en Catar ha despertado controversias. Se trata de uno de los países que más CO₂ emite por habitante. Supera las 50 toneladas anuales, por delante de EE UU, con 20, y la UE, con 10. Pero este país del Oriente Medio y otros de la región tienen mucho que aportar en la lucha climática. “Son los que tienen algo que decir, es un grupo de interés importante: tienen los medios económicos y tecnológicos”, opina Iglesias. 

A pesar de ser uno de los mayores explotares y exportadores de petróleo y comprender el 15,3% de las reservas mundiales de gas natural, Catar apuesta, y cada vez más, por las energías alternativas. “La energía solar está recibiendo la máxima prioridad”, afirma a SINC Diego Martínez Plaza, investigador principal en Energía Solar en el Instituto de Investigación sobre Medio Ambiente y Energía de Catar (QEERI, por sus siglas en inglés).

En un país donde el petróleo es más barato que el agua y donde los productos básicos como los alimentos son importados, las energías limpias pueden ser una solución. Pero su desarrollo no ha hecho más que empezar, y “la investigación está muy focalizada a necesidades específicas”, informa Martínez Plaza.

Ejemplo de ello es que el 99% del agua potable de Catar procede de la desalinización del agua marina que se logra, en parte, a la energía solar. Además, se estima que el 60% de la electricidad es consumida por el aire acondicionado en temporada de verano. De nuevo la energía solar, con el acondicionamiento de aire en los edificios, es la mejor candidata para responder a esta demanda.

“Se utilizan unos dispositivos que pueden refrigerar un fluido –por ejemplo, aire– a partir de un aporte de energía térmica procedente de otro fluido distinto, como el agua”, explica el investigador español. Esta energía se suministra a temperaturas que van desde unos 80 ºC hasta 180 ºC, “perfectamente alcanzables con diversos tipos de colector solar”, añade.

A pesar de su tecnología, el país es muy vulnerable a los efectos del calentamiento que amenaza el hábitat, los alimentos, el agua y la salud. Su clima desértico choca con el gran crecimiento urbanístico y económico, y se sitúa entre los 10 países del mundo que podrían verse más perjudicados por un aumento del nivel del mar, porque la mayor parte de su desarrollo está en áreas costeras. El desarrollo medioambiental se ha convertido en unas de las prioridades en la Visión Nacional a 2030. Catar es muy vulnerable a los efectos del calentamiento que amenaza el hábitat, los alimentos, el agua y la salud

Por ello, durante la Cumbre de Rio+20 en junio de 2012 en Brasil, Catar firmó el acuerdo sobre el establecimiento del Instituto Global del Crecimiento Verde (GGGI, por sus siglas en inglés) que fomenta un nuevo modelo de crecimiento económico sostenible. Además, como país emergente también podría presentar en la COP 18 sus compromisos voluntarios en las Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación (NAMA) para reducir emisiones y mejorar la eficiencia energética. Sería el primer país de la región en hacerlo, aunque algunos ya hayan coqueteado con la idea.

Para reducir sus emisiones de dióxido de carbono, que no solo incluyen el consumo sino también la producción de combustibles fósiles destinados a otros países, Catar propone la captura y almacenamiento del carbono. Este sistema podría evitar el 90% de las emisiones de CO₂ producidas durante la combustión de gas natural para generar electricidad.

Mientras países como Catar toman medidas, la emisión de gases de efecto invernadero no da tregua. Según anunció la semana pasada la Organización Meteorológica Mundial, en 2011 alcanzaron un máximo sin precedentes: La cantidad de CO₂ en la atmósfera superó en un 140% los niveles preindustriales. Entre 1990 y 2011 se registró un aumento del 30% en el efecto del calentamiento del clima. Ante este panorama, durante las próximas dos semanas el mundo tendrá los ojos puestos en Catar con la esperanza de un nuevo acuerdo mundial sobre el clima.

Imagen: deep_schismic