Las entidades financieras que se han adherido al Código de Buenas Prácticas (CBP) para la protección de deudores hipotecarios en riesgo de exclusión social han recibido 568 solicitudes durante el primer trimestre de aplicación de la medida. De las 100 entidades que suscribieron el CBP, solo 28 declararon haber recibido solicitudes.

El 73% de las peticiones se concentra en Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid. La deuda total pendiente alcanzaba los 69,5 millones de euros en ese periodo.

Estos datos se recogen en el primer informe de evaluación elaborado por la Comisión de Control que hoy se hace público. En esta Comisión están representados el Ministerio de Economía y Competitividad, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Asociación Hipotecaria Española. Los datos hacen referencia al periodo que se extiende desde el 11 de marzo hasta el 30 de junio de este año.

De las 568 solicitudes recibidas durante ese periodo, 283 se encontraban pendientes de resolver al finalizar el trimestre, es decir, un 49,8% del total. De las 285 solicitudes cuya tramitación finalizó, las entidades resolvieron 278 que correspondían a préstamos y créditos con una deuda pendiente de 36,5 millones de euros. En los siete casos restantes el solicitante desistió.

De las 278 solicitudes resueltas, en ocho casos se ha producido la dación en pago y la consiguiente extinción de la deuda. En 44 casos se ha llevado a cabo una reestructuración de la deuda pendiente de pago. El resto de solicitudes (226) han sido  rechazadas por la entidad porque el deudor no cumplía las condiciones requeridas.

Hay que tener en cuenta que estos datos se corresponden con solo un trimestre de aplicación del CBP, una medida que hasta ahora no se había puesto en marcha nunca en España. Además, la gran mayoría de adhesiones de entidades financieras al CBP no concluyeron hasta mediados de abril y la Comisión de Control tuvo que hacer algunas labores previas, como su constitución, la aprobación de las declaraciones de responsabilidad o la precisión de la información a solicitar a las entidades, que han tenido que remitir los datos en un escaso plazo de tiempo.

Estos factores explican que, en la práctica,  la vigencia del CBP haya sido inferior a los tres meses analizados. Se trata de un primer intento de dar solución al problema de los desahucios para los casos de primera vivienda y riesgo de exclusión social y, como tal, debe dársele más tiempo para demostrar su eficacia. De hecho, en el segundo trimestre de vigencia del CBP, entre los meses de julio a septiembre, se han presentado ya en torno a otras 700 solicitudes.

Es pronto, por tanto, para sacar conclusiones al respecto, pero el Gobierno ya ha señalado su intención de ampliar los supuestos de aplicación del CBP en caso de que los actuales sean. Además, el Consejo de Ministros del pasado 15 de noviembre decretó una moratoria durante dos años de los desahucios para colectivos por debajo de un determinado umbral de ingresos (19.170,4 euros anuales, en la media de la remuneración salarial en España) cuya hipoteca les suponga más del 50% de los ingresos y que además se trate de personas especialmente vulnerables por sus circunstancias familiares. Todo ello siempre referido a la vivienda habitual.

A efectos de contextualizar el informe, la Comisión de Control resalta los bajos datos de morosidad hipotecaria en España. Según el Banco de España, en el segundo trimestre de este año, la tasa de morosidad alcanzó el  3,38% cuando el negocio hipotecario representa el 40% del total del balance del sector financiero en España. Es decir, el pago de la hipoteca es una obligación que se cumple de manera generalizada en España y lo que se trata es de dar respuesta a la problemática de los colectivos más afectados por la crisis.

En sus conclusiones, la Comisión de Control destaca que un trimestre es muy poco tiempo para evaluar el funcionamiento del CBP. Entiende que, una vez conocidos los resultados del segundo trimestre, se podrá efectuar una valoración más ajustada de su aplicación. En ese momento, añade, habrá que valorar las causas que podrían repercutir tanto en el número de solicitudes presentadas como en el elevado número de operaciones denegadas.