1º  Esta iniciativa supone un paso más en la política del gobierno de primar el criterio utilitarista a la hora de regular la inmigración en este país. Si hasta ahora era el mercado laboral el elemento determinante, con esta propuesta se introduce un elemento nuevo como es el mercado inmobiliario.

2º  Resulta chocante que se relacione la posibilidad de compra de un inmoble con el otorgamiento de un permiso de residencia, sin atender a otras cuestiones como pudieran ser posibles estrategias de blanqueo de dinero o abuso de posición en un tema tan sensible para la población en general como es el de la vivienda.

3º  Al gobierno parece no importarle en esta ocasión las cuestiones relacionadas con el aprendizaje de la lengua o determinados valores culturales que en otras ocasiones si son determinantes para otorgar una autorización de residencia. Resulta discriminatorio anteponer criterios de control de los flujos en unos casos y promover la entrada en el país en otros vinculándola a un elemento tan alejado de la extranjería como es el del mercado inmobiliario.

4º  La vivienda es un tema muy serio como para frivolizar a cuenta de la normativa de extranjería. A este respecto, aprovechamos la ocasión para reclamar del gobierno  medidas urgentes de largo alcance que eviten el drama de los desahucios.