El diputado asturiano pide iniciativas del ejecutivo de Rajoy ante la Unión Europea para frenar estas actuaciones de “deslealtad”
Gaspar Llamazares, diputado de IU en el Congreso, acaba de registrar una batería de preguntas sobre el anuncio de cierre de la factoría de Suzuki Motor España, en Gijón, y sobre las deslocalizaciones empresariales, para su respuesta por escrito por parte del Gobierno de Mariano Rajoy. El diputado aporta iniciativas para frenar las deslocalizaciones y Expedientes de Regulación de Empleo que en Asturias ya se vivieron en el caso de Alas Aluminium, Autoex, Laboratorios Diasa, Venturo XXI, Panificadora Frío Vivo, Laminados Aller, Rioglass o Kerkus Metal. Llamazares tilda la actuación de Suzuki de “deslealtad y renuncia al compromiso público que la empresa había adquirido con Asturias cuando el Principado contribuyó al traslado de Suzuki de las viejas naves de El Natahoyo a la moderna factoría de Proceyo, a la formación de sus técnicos y a la introducción de tecnología en los procesos de fabricación”.
Llamazares espera una respuesta a preguntas cómo:
-¿qué iniciativas piensa desplegar el Gobierno de la nación, en colaboración con el Gobierno del Principado de Asturias? para:
1. Facilitar la negociación con la empresa de alternativas de cierre; participar en la búsqueda de inversores que puedan mantener la actividad industrial en las instalaciones de Porceyo y garanticen la incorporación de la actual plantilla de Suzuki al nuevo proyecto empresaria; velar por el mantenimiento de las prestaciones de desempleo a los trabajadores que cesen de ser protegidos por los ERES temporales, con especial atención a los mayores de 55 años; presionar a la multinacional automovilística Volkswagen, propietaria del 19,9 % de las acciones de Suzuki, para que participe en la búsqueda de alternativas para el mantenimiento del empleo amenazado en Gijón.
2. En el caso de que la multinacional japonesa mantenga su decisión de cierre, ¿qué medidas tienen previsto adoptar las autoridades para que devuelva las ayudas públicas recibidas en contraprestación a su mantenimiento en España?
3. ¿Cuál es la posición política del Gobierno frente a las deslocalizaciones industriales de empresas transnacionales?
4. ¿Piensa el Gobierno promover alguna iniciativa para que la Comisión Europea adopte una estrategia de haga frente al proceso de deslocalizaciones empresariales en el ámbito comunitario?
5. ¿Podría el Gobierno promover en el ámbito de la Unión Europea iniciativas concretas, por ejemplo: a) un código de conducta para las empresas transnacionales que operan en la Unión Europea, b) un mayor seguimiento del fenómeno de deslocalizaciones, c) sanciones para las empresas que se deslocalicen después de haber recibido ayudas oficiales de la Unión Europea que deberían serle devueltas, d) la armonización fiscal del Impuesto de Sociedades, e)la prohibición del cierre y deslocalización de centros de trabajo rentables o que busquen aumentar los beneficios mediante la deslocalización, f)la capacidad del comité de empresa para suspender un plan de reestructuración mientras obtiene la información necesaria para conocer la situación económico-financiera de la empresa, g) el mantenimiento del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, con una asignación presupuestaria suficiente, facilitando las ayudas a los trabajadores despedidos para su formación y acceso a empleos alternativos.
El diputado asturiano recuerda al Ministro Soria que el impacto del cierre sería muy fuerte para la ciudad, donde el desempleo alcanza ya a 29.488 gijoneses y sus consecuencias no se limitarían a la pérdida de 170 puestos de trabajo directos, sino que acarrearían una destrucción mayor de empleo en talleres asturianos que suministran a la factoría y transportan sus mercancías, una pérdida de más de 500 empleos indirectos.
Gaspar Llamazares advierte que la planta de Suzuki dispone de unas instalaciones modernas, punteras en innovación y de alto valor añadido, por lo que no debería ser imposible encontrar inversores que pueden emprender en ella un nuevo proyecto industrial. “Existen precedentes en los que la iniciativa pública y privada han conseguido inversiones alternativas en casos similares. Por ejemplo, el cierre de la fábrica de Yamaha en Cataluña se saldó con indemnizaciones de hasta 80 días por año a los despedidos, que se redujeron sensiblemente para los que fueron recolocados por el fabricante de repuestos aragonés Sese, que adquirió la factoría”, dice el diputado en la argumentación de la pregunta.
También apunta el asturiano que deslocalizaciones de este calibre invitan a una reflexión sobre el papel de los poderes públicos europeos ante estas operaciones de las empresas transnacionales. La creciente globalización de la economía, la intensificiación de la competencia a nivel mundial y la internacionalización de los mercados ha provocado un incremento de los procesos de deslocalización productiva de empresas con traslado a otros países con condiciones más favorables, siempre prensado tanto en lo relativo a fiscalidad y como a los costes sociales, en un intento de optimizar la rentabilidad de las inversiones realizadas pero con la consiguiente destrucción de empleo y tejido industrial en el país de origen y provocando graves repercusiones sociales y económicas en las regiones que abandonan, llevando al desempleo a miles de trabajadores, advierte el diputado. “En general, la empresa multinacional se mueve hacia zonas con menor control contable, fiscal, social y ambiental, y no sólo por razones tecnológicas justificadas. Según la Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo, “estas empresas se deslocalizan con el único objetivo de conseguir los mayores beneficios posibles y que, una vez encontrada una alternativa más lucrativa, se deslocalizan, a veces incluso sin haber cumplido los compromisos asumidos e ignorando los gravísimos daños sociales y económicos que causa su actuación”, concluye el argumento el diputado.
