El actual contexto de crisis, la época más negra en la presente historia democrática del estado Español, ha abocado a que 11´5 millones de personas estén en situación de pobreza, o en riesgo de pobreza y exclusión social según informe de Cáritas (21/02/2012).

Según los datos obtenidos en la E.P.A. del último trimestre las  personas desempleadas en el estado español alcanzan la cantidad de 5.778.100 personas y una tasa del 25,02%. En Asturies,  según la misma fuente, existen 105.900 personas desempleadas y una tasa de paro del 21, 84%. Según el INEM, en esta Cuenca del Nalón, son  ya 8.992 las personas en paro. Si además, tenemos en cuenta que el Índice de Población Activa en Asturies es el más bajo del Estado español y que, incluso las previsiones más optimistas indican que estas cifras aumentarán de forma considerable en el futuro, el panorama que se presenta para  millares de personas y familias no puede ser más desolador.

Aún así, vemos como los distintos gobiernos estatales y autonómicos se pliegan a las directrices emanadas de la Troika (formada por la CE, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Central Europeo (BCE) consistentes en imponer el coste de la crisis a los trabajadores y a los sectores populares,  recortando, además, de manera brutal  los Servicios Públicos esenciales, y todo ello, con el único fin de aliviar las “pesadas cargas” que sufren los bancos, grandes responsables de la actual  crisis,  olvidándose de la dramática situación en la que viven  estos colectivos antes mencionados y condenando a amplias capas de la población a la miseria más absoluta.

Desde Comprumisu por Asturies entendemos que, ante la gravedad de esta situación,  las Administraciones públicas están obligadas a situar  como  objetivo prioritario la adopción de medidas tendentes a solucionar  el problema del desempleo y sus consecuencias sociales. En este sentido, pensamos que los Aytos., debido a su cercanía a la ciudadanía, pueden y deben jugar un importante papel para tratar de paliar el desarraigo social que el desempleo genera en las personas y familias que lo sufren. 

Por todo ello proponemos se adopten los siguientes

ACUERDOS

1. Facilitar los medios para que los parados/as dispongan de la entrada gratuita a los espectáculos culturales, deportivos y eventos promovidos por el ayuntamiento de Llangréu

1.  Aplicar descuentos progresivos en  las tasas de recogida de basuras, alcantarillado y agua para los parados/as que no tengan ingresos superiores al salario mínimo y sin embargo cobren por encima del IPREM.

1. Negociar con el consorcio de transportes importantes descuentos en el precio del billete para parados/as.

1. Creación por parte del ayuntamiento de Llangréu de un sistema web de trueque, para facilitar que alguien que se quiera desprender de un objeto lo ponga a disposición de alguien que lo pueda necesitar. Así mismo se insta a crear un mercado solidario de trueque. Unas medidas sociales, solidarias y ecológicas.

1. Creación de un fondo de ayuda a la vivienda, con carácter temporal, para personas en riesgo de desahucio.

1. Creación de una oficina de información para parados/as y gente en situación de pobreza y riesgo de exclusión social o,  de no ser posible, establecer este servicio a través de los Servicios Municipales existentes.

1. Dedicar la recaudación del IBI derivada de la aplicación del Decreto del Gobierno de España (subida líneal del 10% para todos los municipios del estado español) a medidas de creación de empleo y gastos sociales, con especial atención a la situación de aquellas familias que sean desahuciadas  de sus domicilios por impagos derivados de situaciones de desempleo de sus componentes o de aquellas familias que pudieran encontrarse en situación de emergencia social sin acceso a vivienda alguna.

1. Trasladar al Gobierno de España la petición de modificación de la  legislación actual a fin  de acabar con los desahucios derivados de impagos por situaciones de pérdidas de empleo de las personas afectadas y con aquellas clausulas abusivas que los bancos imponen a la hora de conceder créditos hipotecarios. 

1. Exigir al Gobierno Español, en su calidad de estado firmante, el respeto al Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales que, en su artículo 11,  recoge la obligación del estado a hacer todo lo posible por impedir los desalojos forzados por motivos económicos y que, en caso de no evitarlos, debe velar para que se cumplan todas las garantías procesales y un realojo digno y adecuado para las familias.   

1. Subvencionar el 50 % del IBI a las personas  en situación de desempleo de larga duración, al menos un año registrado en el INEM, y que cumplan otras condiciones: El valor catastral de la vivienda no deberá superar los 100.000 euros (cifra estimativa que, en realidad, debería responder al valor promedio de la vivienda habitual en nuestro municipio), que la persona desempleada sea la titular de la vivienda, que ésta sea la vivienda habitual y que ningún miembro de la unidad familiar posea una segunda vivienda de uso residencial.