El Ejecutivo asturiano rechaza la iniciativa del grupo parlamentario popular de supresión del Consejo Económico y Social (CES)

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Asturias.-El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha acordado hoy remitir para su debate a la Junta General las proposiciones de ley para la reforma del Consejo Consultivo y la Sindicatura de Cuentas, así como la eliminación de la Procuradora General, al estimar que es un ámbito competencial exclusivo del Parlamento asturiano. Asimismo, se ha decidido rechazar una cuarta proposición de ley planteada por el grupo parlamentario popular que demandaba la desaparición del Consejo Económico y Social.

La Sindicatura de Cuentas y el Consejo Consultivo son órganos auxiliares del Principado de Asturias, cuya regulación se introdujo con la reforma del Estatuto de Autonomía de 1999. En el artículo 35 del Estatuto se señala que ambos órganos dependen directamente de la Junta General del Principado. Por su parte, la creación del Procurador General fue aprobada por unanimidad mediante ley, en 2005, por el Parlamento asturiano.

Con estas premisas, el Consejo de Gobierno ha acordado que, en relación con el futuro de estos tres órganos auxiliares, deberá ser la Junta General quien tome una decisión sobre los cambios propuestos por el grupo parlamentario popular. El Ejecutivo estima que una iniciativa sobre la eliminación o reducción de órganos auxiliares debe ser fruto de los más amplios acuerdos entre los cinco grupos parlamentarios que conforman la Cámara autonómica.

En relación al Consejo Económico y Social (CES), se ha analizado con detalle la proposición de ley que reclama la suspensión de la Ley por la que se creó este organismo en 2001. Tanto por razones de calidad democrática y representatividad ciudadana como por austeridad presupuestaria y necesidad de instrumentos de contribución a la mejora de la economía asturiana, el Consejo de Gobierno ha acordado rechazar la proposición de ley del PP de supresión del CES a partir del 1 de enero del próximo año.

Son muchas las razones, tanto políticas como presupuestarias, que justifican el rechazo a la supresión de este ente público en el que existe una amplia representación de la sociedad asturiana, desde la Universidad a todos los agentes sociales y empresariales, y que hoy por hoy es el único órgano consultivo existente en materia socioeconómica y laboral. Sorprende que se plantee la desaparición del CES en un momento como el actual, en el que son necesarias todas las contribuciones que permitan dar respuesta conjunta a la mayor crisis económica conocida en los últimos 70 años.

El CES no es un órgano del Gobierno, sino un ente público consultivo y de deliberación, en el que no hay mayoría del Ejecutivo, existen representantes en el llamado banco de las administraciones públicas de entidades ajenas al gobierno (ayuntamientos, representantes de la economía social, Universidad…) y está expresamente prohibido que los representantes designados por el gobierno sean altos cargos.

Se trata de un órgano diseñado para buscar consensos ciudadanos, en materia económica y social, y que permite dar voz a sectores y entidades, más allá del ámbito parlamentario.

Si importantes son las razones de representatividad ciudadana y calidad democrática, no menos lo son las que juegan en la conformación de criterio sobre asuntos de tanta relevancia como las decisiones económicas o laborales. En el artículo 3 de la ley del CES se establece que se trata de un ente público con el encargo de elaborar y aprobar dictámenes preceptivos y no vinculantes. Entre ellos, todos los anteproyectos de Ley y proyectos de decreto que regulen materias socioeconómicas y laborales que sean competencia de la comunidad autónoma, así como la valoración del anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Principado de Asturias.

Otro argumento que se esgrime en la proposición de ley es el económico. El presupuesto de este órgano previsto en el borrador del anteproyecto de presupuestos para 2013 asciende a 652.646 euros (una reducción del 23,3% con relación al presente ejercicio), destinándose 435.906 euros a gastos de personal y el resto a las actividades propias del CES.

Por otra parte, una vez efectuada la amortización de cuatro puestos de trabajo propuesta por el Pleno del CES, su plantilla queda constituida por cuatro funcionarios pertenecientes a la Administración de la Seguridad Social y dos laborales integrados en el convenio del Principado de Asturias. Estos seis empleados públicos tendrían otros destinos administrativos, por lo quela supresión del CES no implicaría ahorro alguno en materia de personal.

Convenio con la Fundación Albergue Covadonga

El Consejo de Gobierno autorizó, por otra parte, la firma, a través de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, de un convenio de colaboración con la Fundación Albergue Covadonga y el Ayuntamiento de Gijón para el desarrollo de un programa de incorporación social para personas en situación de desamparo o exclusión social.

El Gobierno de Asturias aportará casi 55.000 euros para que a través de este convenio se desarrollen programas individuales que favorezcan su integración social, así como el establecimiento de medidas concretas de alojamiento estable que les ayuden a recuperar sus vínculos sociales. El objetivo de este acuerdo es fomentar servicios de apoyo específicos dirigidos a personas ‘sin techo’.

El desarrollo del programa correrá a cargo de la Fundación Albergue Covadonga, entidad con una amplia experiencia en este campo y que se ha destacado por su larga trayectoria como centro de acogida, alojamiento urgente, orientación y apoyo social a sectores marginados de la población. Desde la Consejería de Bienestar Social y Vivienda se ha subrayado la importancia de la puesta en marcha, por parte de la Fundación Albergue Covadonga, de pisos de reinserción social, que constituyen una red que se coordina con otros dispositivos de atención a transeúntes, como la cocina económica o la oficina de información. 

Subvenciones Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012

En la reunión de esta mañana también se aprobó la concesión de tres subvenciones, con cargo al Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, destinadas a promotoras de alojamientos protegidos y de viviendas con eficiencia energética, por un importe de 805.818 euros. Una de ellas es una promoción en Corvera de 70 alojamientos protegidos, para los que se ha autorizado el pago anticipado de la primera anualidad, por un coste superior a 600.000 euros. Asimismo, se autorizaron las ayudas a la eficiencia energética de dos promociones de viviendas protegidas (VPA), en Gijón y Mieres, por un importe conjunto de 196.000 euros.

Colaboración con la Universidad de Oviedo en materia de igualdad

Por otro lado, el Consejo de Gobierno dio luz verde a la firma de un protocolo entre la Consejería de Presidencia y la Universidad de Oviedo para el desarrollo de actividades que integren la perspectiva de género. Este protocolo se enmarca en el convenio de colaboración sellado por el Gobierno del Principado y la institución académica asturiana el 23 de septiembre de 1996. El protocolo implica una aportación del  Principado de 10.000 euros.

Esta colaboración sirve para desarrollar actividades formativas orientadas a incorporar el género en el análisis de la realidad actual para canalizar en toda su dimensión las cuestiones de desigualdad entre hombres y mujeres y cumplir, de esta forma, con la legislación vigente en materia de igualdad. En este marco, la Universidad de Oviedo promueve estudios como el Master de Género y Diversidad o el Doctorado Género y Diversidad, entre otros, así como diversas publicaciones y actividades de formación para los estudiantes.