Los Decanos de los Ilustres Colegios de Abogados de Oviedo y Gijón, Enrique Valdés Joglar y Sergio Herrero Álvarez, actuando en ejercicio de sus potestades de defensa y representación del colectivo de la abogacía del Principado de Asturias así como del interés general como principio rector de la función de servicio público que prestan los respectivos Colegios de Abogados, tienen interés en hacer público el rechazo frontal de ambos Colegios profesionales y del colectivo de abogadas y abogados de la región en general, al Proyecto de Ley por el que se pretenden regular determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia.

La propuesta legislativa, que conlleva la creación de nuevas tasas y el considerable incremento de las ya existentes, supone una grave alteración del derecho constitucional de la tutela judicial efectiva tal como está establecida en nuestro estado de derecho desde la promulgación de la Constitución Española y adolece del carácter social que el acceso a la justicia debe poseer, suponiendo una vuelta atrás en los más elementales principios del estado social y democrático de derecho que tantos esfuerzos ha costado conseguir, porque obstaculizará o incluso hará inviable, para una gran parte de la sociedad, la defensa de sus intereses ante los tribunales de justicia.

Las tasas que pretenden ser aplicadas suponen el encarecimiento injustificado de un servicio público de primera necesidad, como es la obtención de justicia ante jueces y tribunales, trasladando a la ciudadanía gran parte de la carga económica que corresponde al propio estado, coartando la libertad individual del acceso a la justicia y a la obtención legítima del propio derecho, que afectará, en primer término, a la sociedad en general y en segundo término a los colectivos profesionales de la abogacía. Las nuevas tasas se oponen al principio de capacidad económica y se alejan de los criterios de distribución equitativa y disponibilidad económica, afectando de manera especial a las familias con recursos medios o limitados.

El acceso a los tribunales de justicia se verá condicionado en todos aquellos supuestos en los que no sea posible acudir a la justicia gratuita porque no se cumplan los requisitos de acceso al turno de oficio, llegando a alcanzar la propuesta de cuantía de tasas hasta los 1.200 euros, sin atender a distinción de capacidad económica del justiciable, por lo que puede considerarse que la reforma propuesta conlleva una penalización económica de aquellos quienes legítimamente pretendan alcanzar una justa respuesta en la defensa de sus derechos e intereses a través de cuantos procedimientos judiciales fueren precisos.
La reforma, caso de convertirse en ley, será aplicable a la gran mayoría de los procedimientos y se pretende extender tanto a los particulares como a las sociedades y empresas y abarcar tanto los litigios de cuantía considerable como los de pequeño interés económico.

Las tasas irán desde los 100 euros de tasa por plantear un procedimiento monitorio, o, a título de ejemplos, 150 euros por el acceso a un proceso verbal, incluso los de escasa cuantía, 200 euros para recurrir la denegación de una beca de estudios en los tribunales contencioso administrativos, 300 euros de tasa por el planteamiento de un proceso ordinario, 800 euros para tener acceso a un recurso de apelación, sea cual sea su naturaleza y hasta los 1.200 euros que será necesario abonar para plantear un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

En los Colegios de Abogados se viene observando un aumento considerable de las solicitudes de justicia gratuita desde el inicio de la situación de crisis económica, aumento que con suma probabilidad continuará produciéndose en el futuro próximo, pero que no debe ser pretexto para que sea la ciudadanía la que asuma la carga económica de la financiación del sistema procesal de la justicia. Los anteriores motivos inducen a los Decanos de la abogacía asturiana a instar de los poderes políticos la adopción de otras medidas o medios más eficaces y justos para garantizar la financiación del sistema de justicia en defensa de todos nuestros colegiados y colegiadas y del servicio público que tan eficazmente prestan con su labor profesional y, en definitiva, a rechazar la reforma propuesta. Oviedo y Gijón, a 6 d