El Senado de la República aprobó el dictamen por el que se expide la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, que permitirá sancionar a las personas físicas y morales, nacionales y extranjeras que tengan conductas irregulares en contrataciones públicas de carácter federal.
El Senado de la República aprobó el dictamen por el que se expide la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, que permitirá sancionar a las personas físicas y morales, nacionales y extranjeras que tengan conductas irregulares en contrataciones públicas de carácter federal.
Asimismo, establece castigar a las personas físicas y morales nacionales en caso de ejercer una conducta irregular en transacciones comerciales internacionales.
En materia de sanciones, el dictamen avalado fija la multa, e inhabilitación, para aquellas personas que incurran en hechos de corrupción.
Además, implanta un procedimiento de investigación que permitirá a las autoridades competentes contar con las facultades indispensables para perseguir y sancionar, de manera efectiva, las conductas irregulares previstas.
En este sentido, se menciona que tanto para los servidores públicos, pero de manera especial los particulares, personas físicas y morales, la legislación en materia de contrataciones públicas no ha resultado efectiva y es insuficiente para inhibir conductas corruptas.
Un ejemplo de ello, agrega, es que no han sido previstas dentro del orden jurídico, sanciones administrativas para los particulares que incurren en conductas de corrupción en contrataciones públicas.
Asimismo, la Secretaría de la Función Pública será la autoridad competente para aplicar esta Ley y dictará las disposiciones administrativas necesarias para el adecuado cumplimiento de la misma
De igual forma, será competente para aplicar sanciones administrativas por las conductas irregulares previstas.
Al respecto, el senador Ricardo García Cervantes, del PAN, resaltó que esta es la primera legislación que incluye en una conducta corrupta tanto al funcionario público como al empresario privado “que en su interacción causan un daño a la sociedad y a la economía nacional”.
Sin embargo, reconoció que “quedamos todavía en deuda como legisladores, políticos y sociedad, de tomar el tema de la corrupción en los tres niveles de gobierno”.
“No son sólo los funcionarios del Ejecutivo federal los que tienen responsabilidad en las contrataciones públicas, en el Senado y en la Cámara de Diputados también tendremos que aplicar estas disposiciones”, precisó.
En su oportunidad, el senador priista Jesús Murillo Karam dijo que esta nueva ley aporta en el combate a la corrupción, ya que permite ampliar el ámbito de acción del Estado en otra área más.
“Creo - -dijo- - que es una iniciativa útil, importante y oportuna para el país”.
Agregó que es sin duda un paso más en “una parte, en una fracción”, de la corrupción en la que intervienen los particulares, que no por serlo pueden están eliminados de una sanción de esta naturaleza.
En tanto, el senador Tomas Torres Mercado, del PRD, indicó que las verdaderas conductas que afectan el patrimonio de la nación no han sido objeto de cambio de la clase política mexicana.
Ante ello, propuso la extinción de dominio en delitos cometidos por servidores públicos; “¿realmente quieren avanzar en el combate a la corrupción en México? Lleguémosle al enriquecimiento ilícito, al cohecho, al peculado y al fraude”.
Al hablar en contra del dictamen, el senador petista Ricardo Monreal Ávila consideró que con esta ley se está creando prácticamente un nuevo fuero para personas físicas o jurídicas que pertenecen a la clase empresarial o relacionadas con las contrataciones públicas.
Esta propuesta de ley anticorrupción- -subrayó- - constituye precisamente un intento aislado que probablemente no produzca los efectos deseados ni aún de carácter marginal.
El dictamen que contiene el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, se envió a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
