La consejera de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Mar Moreno, ha asegurado que la Junta "no tiene reparo" en entregar al Juzgado número 6 de Sevilla, que investiga las irregularidades detectadas en Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), los sobres lacrados con las actas de los consejos de Gobierno celebrados desde 2001, para avanzar en el esclarecimiento de los hechos. Respecto a esta medida cautelar, Moreno ha señalado que la Junta "no tiene inconvenientes" en aportar esta información al Juzgado, y ha valorado que la solicitud de los sobres precintados permitirá asegurar la "confidencialidad" de los documentos.

La consejera ha mostrado la conformidad del Gobierno andaluz con esta decisión, que posibilitará mantener en depósito las actas solicitadas por el Juzgado hasta que se pronuncie el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, dependiente del Tribunal Supremo. La  Junta ya trasladó la imposibilidad legal de levantar el carácter reservado de las actas, por lo que en estos momentos, según Moreno, "procede que el Juzgado número 6 dicte el contencioso en el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción".

En este sentido, mientras llega este pronunciamiento, la consejera ha asegurado que no encuentra "reparo inicial" en entregar las actas "para su custodia" en sobres lacrados. "Nos preocupa el carácter confidencial del Consejo de Gobierno, no el contenido de las actas", ha manifestado, al tiempo que ha apuntado que es esta confidencialidad algo que la Junta ha esgrimido "en todo momento", por lo que la petición aparece como un "reconocimiento" de sus "argumentos fundamentales". Estos sobres lacrados no podrían abrirse hasta que el Tribunal se pronuncie sobre la posibilidad de levantar el carácter reservado de los documentos.

Junto a ello, la consejera ha anunciado que el Gobierno andaluz remitirá, a iniciativa propia, los certificados de los acuerdos del Consejo de Gobierno especificados en el auto emitido el pasado 30 de marzo que se hayan considerado "de interés". Así, con el objetivo de no "dilatar la investigación", se enviarán al Juzgado las certificaciones "positivas y negativas" de las demandas afloradas en el auto, y todo aquello que los servicios jurídicos estimen oportuno para la causa.

"Con independencia de la situación planteada en el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, no tenemos el menor interés en la dilación de la investigación", ha aseverado Mar Moreno, que se ha mostrado convencida de que "el esclarecimiento de los hechos juega a favor de la Junta de Andalucía", que es "parte acusadora e interesada" en este proceso.

Moreno ha reiterado la actitud que en todo momento está mostrando el Ejecutivo y ha señalado que está colaborando en "el 99,9% de la información solicitada". En sus palabras, la Junta "ha sido la que ha denunciado las irregularidades, la que ha investigado y la que ha realizado un esfuerzo titánico de organización de documentación, con un trabajo riguroso, para remitir a día de hoy más de 150.000 folios al juzgado".