El Gobierno ha aprobado el Reglamento que desarrolla los procedimientos que las empresas deben seguir para efectuar despidos colectivos, suspensión de contratos y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o causa de fuerza mayor.
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha explicado que la norma desarrolla lo establecido en la reforma laboral empezando por la supresión de la exigencia de autorización administrativa previa en despidos colectivos, que se sustituye por una comunicación de la decisión empresarial a la autoridad laboral. Además, ha afirmado que el Real Decreto establece el periodo de consultas como la esencia de todo el procedimiento de despido colectivo. Se trata de garantizar que los trabajadores estén informados para que puedan alcanzar soluciones equilibradas con sus empresas.
Como novedad, Báñez ha avanzado que en los supuestos de despidos colectivos que afecten a más de 50 trabajadores se establece la obligación de elaborar un plan de recolocación externa para facilitar que estos se reincorporen al mercado de trabajo.
Trabajadores de más de 50 años
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto sobre las aportaciones económicas que tendrán que realizar las empresas con beneficios que realicen despidos colectivos que afecten a trabajadores de 50 años o más.
Fátima Báñez ha señalado que el principal objetivo de la medida es moderar "el impacto de expulsión del mercado de trabajo de manera prematura e injusta de los trabajadores de más edad". "Creemos que esto va en contra de la política del Gobierno y de las recomendaciones de la Unión Europea. Además, son los trabajadores con más experiencia y nos parece que es injusto que la discriminación sea sólo por razones de edad", ha dicho.
La norma trata de frenar el impacto económico que los despidos tienen en las cuentas públicas porque se utilizan fondos públicos para pagar las prestaciones por desempleo. Además busca garantizar el sistema de Seguridad Social y acercar la edad real a la edad legal de jubilación, según la titular de Empleo.
La ministra ha destacado que la norma se aplicará a las empresas de más de cien trabajadores que hayan tenido beneficios en los últimos dos años y que realicen despidos colectivos que incluyan a trabajadores de 50 años o más. Las empresas deberán hacer una aportación económica al Estado que compense el impacto sobre el sistema de protección por desempleo. Según Báñez, no se traba de impedir que las empresas ajusten sus plantillas, sino que ese ajuste no tenga un coste para el Estado
