Vega: “Sabemos por la prensa que SOGEPSA está ante este dilema: o se produce una inyección de capital, o se amplían los avales, o se va al concurso, o se liquida la sociedad, y el Principado, avalista de la financiación pendiente del polígono de Bobes, se queda con el pufo, y se paralizarían las obras del polígono sin posibilidad de recuperar lo ya invertido, por falta de pago”
- “Cualquier solución que no implique la continuidad de la sociedad o su liquidación ordenada causará graves daños colaterales a los acreedores, entre los que hay numerosos expropiados que pagarán las consecuencias de la gestión temeraria de quienes legalmente deberían asumir responsabilidades con sus propios patrimonios”
- “Parece que Javier Fernández se niega a asumir los avales de los préstamos del polígono de Bobes, lo que podría ser la causa inmediata de una situación concursal que se declarará para evitar las responsabilidades de los actuales administradores, lo que conduce inevitablemente al peor de los escenarios posible”
Oviedo. Los medios de comunicación están haciéndose eco de que la Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo del Principado de Asturias, SOGEPSA, necesita de manera inmediata 27 millones de euros para financiar las operaciones de los polígonos industriales de Bobes (Siero) y Lloreda (Gijón), ya que de los 10 millones de euros que se tenían que haber amortizado el pasado 30 de septiembre por la operación de Lloreda, sólo se pagaron al BBVA tres, dejando los siete restantes para enero de 2013. Es decir, SOGEPSA podría encontrarse en causa de disolución, en caso de no conseguir la financiación, lo que generaría responsabilidades patrimoniales personales por parte de los administradores, si estos ni piden esa disolución ni instan el concurso, lo que hace prever que algunos de ellos lo instarán de manera inmediata en el próximo consejo de administración que se celebre.
El presidente de la Comisión de Fomento de FORO, Juan Vega, ha manifestado que “conviene recordar que las operaciones que generan este desequilibrio financiero en SOGEPSA traen causa en decisiones políticas adoptadas por el Gobierno socialista de Vicente Álvarez Areces y, prueba de ello, son las cantidades avaladas (reflejadas en el Gráfico adjunto) que convierten inevitablemente la deuda de SOGEPSA en deuda pública del Principado de Asturias, pues la disolución de la sociedad traerá aparejada la inmediata ejecución de los avales por parte de los acreedores”.
Vega añade que “según hemos sabido por los medios de comunicación, no hay dinero, ni ingresos ordinarios que se puedan generar en SOGEPSA para atender las obligaciones a las que ha de hacer frente a principios del próximo año. SOGEPSA necesita desesperadamente 27 millones de euros y, al parecer, solicitó al Banco de Santander y al BBVA el aplazamiento de esas operaciones y la ampliación de los importes y los plazos de vencimiento de las pólizas hasta diciembre de 2019. Cita Vega textualmente un diario que afirma que 'el Banco de Santander aún mantiene en estudio esta petición, mientras que el BBVA se mostró dispuesto a refinanciar la operación del polígono de Lloreda y a trasladar la amortización parcial de 10 millones de euros a enero de 2013, siempre y cuando el Principado avale la totalidad del importe y no sólo el 85%, como hasta el momento', pero el Ejecutivo regional rechazó esa posibilidad, cuando tiene avalada la totalidad de los préstamos del polígono de Bobes. Es decir, parece que Javier Fernández se niega a asumir las consecuencias de las decisiones de su partido en el Gobierno de Asturias, lo que podría ser la causa final de una situación concursal que está a punto de producirse, si es que no se ha producido ya, que nos conduce al peor de los escenarios posibles”.
En consecuencia, Vega considera que “SOGEPSA está ante este dilema:o se produce una inyección de capital, o se amplían los avales, o se va al concurso, o se liquida ordenadamente la sociedad, y el Principado, avalista de la mayor cuantía en juego -la deuda pendiente de de un polígono en avanzada ejecución como Bobes-, se queda con el pufo, y además, se crearía un enorme problema con la consiguiente paralización de las obras por la falta de capacidad de pago. Además, cualquier solución que no implique la continuidad de la sociedad o la liquidación ordenada de la misma, causará graves daños colaterales a los acreedores presentes y futuros, entre los que hay numerosos expropiados que pagarán la gestión temeraria de administradores y directivos, que legalmente deberían asumir las responsabilidades con sus propios patrimonios. Según revela el diario EL COMERCIO, los miembros del consejo de SOGEPSA que no forman parte del Gobierno están escandalizados porque la Consejera de Fomento y el Director General de Infraestructuras no dieron respuesta alguna a su pregunta fundamental: "si se habían dado por enterados de forma oficial de que SOGEPSA no podía hacer frente a sus obligaciones financieras".
Al parecer está previsto que el consejo de SOGEPSA se reúna a mediados de noviembre, dos meses antes de que finalice el plazo para refinanciar los 24 millones del polígono de Bobes con el banco de Santander (15) y el BBVA (9) que vencen de manera inmediata, por lo que los administradores de la parte privada podrían haber decidido ya instar a la sociedad a presentar el preconcurso de acreedores para evitar sus responsabilidades, con lo que se pone de manifiesto ya la situación en la que podrían estar incurriendo los administradores nombrados por la administración pública que conociendo la posible situación de insolvencia de la empresa no insten de manera inmediata el concurso en vía judicial.
La Ley de Sociedades de Capital, en su Artículo 263, determina que éstas deben disolverse por "pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso", y en cualquier caso están sometidos a responsabilidades, tal y como establece el Artículo 236 y siguientes: "los administradores de derecho o de hecho como tales, responderán frente a la sociedad, frente a los socios y frente a los acreedores sociales, del daño que causen por actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo."
A la vista de todo lo anterior, FORO anuncia la presentación en la Junta General del Principado de una Interpelación Urgente al Gobierno del Principado para que
1º.- Informe sobre las deudas encubiertas del Principado de Asturias, dado que sólo entre SOGEPSA, ZALIA y SEDES se llevarán buena parte del rescate de Asturias, sin que todavía a estas alturas el Gobierno haya aclarado por qué razón no ha previsto en ese rescate las medidas necesarias para asegurar la financiación de las provisiones que le corresponden en las deudas de esas y otras sociedades del sector público, tal y como prevé el Apartado 4 del epígrafe IV, "Condiciones fiscales y otras condiciones particulares", del "Programa para la aplicación del mecanismo de apoyo a la liquidez de las comunidades autónomas" remitido a las Comunidades Autónomas el pasado 20 de septiembre, en virtud del "Real Decreto-ley 21/2012, de 13 de julio, de medidas de liquidez de las Administraciones públicas y en el ámbito financiero", que en su Apartado 4. dice con toda claridad: "El contenido del plan de ajuste será el acordado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas con cada Comunidad Autónoma. El plan de ajuste incluirá, además de las medidas de ingreso y gasto necesarias para cumplir con los objetivos de déficit y de deuda del sector público".
2º.- Explique quién decidió construir los polígonos de Bobes y Lloreda sin accesos que permitiesen vender las parcelas -lo mismo que ocurre en ZALIA-, y sin fondos propios para construirlos, y quien endosó la financiación de la compra de las oficinas del Principado en el Calatrava a SEDES, así como otras muchas deudas más.