Hace poco más de un mes, desde estas páginas se alertaba sobre la creciente alarma social causada por las desporporcionadas, y a todas luces inconstitucionales, medidas coercitivas planteadas por miembros del Gobierno que preside Mariano Rajoy contra los derechos de los españoles y la libertad misma (Una deriva restrictiva de derechos y libertades que comienza a dar miedo) Esta semana la alarma ha subido en tono e intensidad cuando el director general de la Policía ha propuesto, sin palitativos, prohibir la grabación y difusión de las cargas policiales y la acción de los policías en general, para evitar así que, caso de producirse un exceso, éste pueda ser conocido por la opinión pública...o por los jueces. La propuesta en sí, más allá de suponer una censura previa intolerable en un estado europeo del siglo XXI, se traduciría en la práctica en dar carta a blanca a la violencia más extrema contra ciudadanos indefensos sin que ello pudiese llegar a ser, ni siquiera, evaluado y justiciado por los tribunales. La inmensa mayoría, todos en principio, de los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado actúan según principios y convicciones democráticas y de respeto a las leyes. Nadie lo pone en duda. Ahí está el ejemplo reciente de las asociaciones de policía que han salido prestos al paso de la delegada del Gobierno en Madrid cuando, al pedir ésta que se prohiban las manifestaciones en el centro de las ciudades y otros lugares 'molestos' para el Gobierno le han recordado públicamente que ése es un derecho constitucional y, sutilmente, que se deje de gaitas. Pero también es un hecho que no todos los caracteres personales son iguales y que, en el climax intenso de un grupo de policías enfrentado a una manifestación de cientos o miles de ciudadanos, puede haber actitudes de excesiva violencia, de ensañamiento o, incluso, claramente delictivas. Y ante eso, en España como en todos los países, la existencia de leyes que lo sancionen y la observancia de los medios informativos junto a la capacidad de captación de pruebas que los modernos medios audiovisuales han dado a los ciudadanos, sirven de freno 'en caso de duda'. 

Cabe recordar que la propuesta del señor Teixidó, además, tiene menos sentido aún cuando los agentes en las unidades antidisturbios llevan ocultos sus números de identificación y su equipamiento de seguridad los hace prácticamente irreconocibles. Así, prohibir la grabación de los hechos, sólo para evitar el deplorable espectáculo de  ver a varios policías ensañándose con una joven, un anciano, un tullido, etc, no parece tener otro sentido que envitar la carga de la prueba en una ulterior denuncia ante los tribunales.

Para finalizar la semana, IU ha acusado a la fiscalía de detener a jóvenes preventivamente, guiada por los titulares de un periódico. Si el Gobierno está aplicando ya en la práctica la detención preventiva, que las leyes no permiten en este país ni en ninguno mínimamente democrático, no le extrañe llevar rapapolvos de los jueces, pero debe de contar también con que no será sólo IU, en éste caso, sino la sociedad entera la que estará vigilante para evitarlo.

El mandato electoral que recibieron los diputados que eligieron presidente a don Mariano Rajoy no incluía volver a las cavernas de una sociedad menor de edad, tutelada y castigada por pensar. Incluía sacar a España de esta crisis, provocada mayormente por el disparate financiero y mantenida ahora por la banca alemana, meta a la que debería dedicar todos sus esfuerzos el Gobierno.