Oviedo.-El coordinador de IU, Manuel González Orviz, criticó hoy la imposición de una fianza de 2.000 euros, a los imputados por los incidentes del Pozo Santiago, para eludir la cárcel hasta que se celebra el juicio, mientras que e casos de auténtica alarma social, como el del yerno del rey, Iñaki Urdangarín, todavía no se ha fijado ninguna caución. González Orviz hizo estas declaraciones durante la asistencia al juzgado de Paz de Cabañaquinta del militante de IU y encausado en el proceso, Florentino Vidal Matías Crespo, que se había desplazado hasta allí para recoger la comunicación de la fianza a satisfacer.
"Queremos trasladar nuestra solidaridad -enfatizó el coordinador de IU- a todos los trabajadores que, por defender sus derechos, están ahora encausados en un proceso que pone de manifiesto los distintos raseros de la justicia española, con una Fiscalía al servicio del Gobierno del PP, que la utiliza para criminalidad a quienes defienden el modelo de Estado Social".

Para el líder de la formación de izquierda, es "bochornoso" que se imponga a un jubilado una fianza para eludir la cárcel por unos hechos menores y se le trate de humillar "con la exigencia de que se presenté ante el juzgado tres veces al mes".
Por su parte, Florentino Vidal Matías Crespo se mostró muy preocupado por una imputación que afecta, dijo, "a toda mi familia, con una acusación que no se sostiene. Dicen que tiré piedras a un tren, algo que no hice en mi vida. Pero, además que me digan cómo, porque ese día, desde las seis de la mañana, el tren estaba en la estación y yo en el Pozo Santiago, y no veo la forma en la que puedo tirar una piedra a un tren que está a dos kilómetros de distancia".

El jubilado aseguró que tampoco tiene ninguna credibilidad la acusación de que se puso en peligro la vida de los antidisturbios. "Al único que vi con los ojos morados fue a uno de los que se manifestaban y los que recibieron golpes no fueron los policías. A mi no me pegaron, pero a otros sí".
González Orviz y Matías Crespo coincidieron en afirmar que la petición de la fiscalía tiene como única función intentar desactivar las movilizaciones contra los recortes sociales y contra las medidas que pretenden acabar con la minería. "Pero que el PP no se engañe, no nos van a amedrentar, en estos momentos es necesaria la movilización para protegernos de los que tratan de quitarnos hasta el último derecho. La movilización y la rebelión democrática es hoy más necesaria que nunca".