Durante la Asamblea Anual del FMI y Banco Mundial, celebrada en Tokio, Argentina presentó una declaración final que marca la posición del país, que lleva la firma del ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y fue elevada por el secretario de Finanzas, Adrián Cosentino, quien ofició como cabeza de la delegación argentina.

El documento fue enviado al Comité Monetario y Financiero del FMI e incluye las posturas del resto de los países que integran la silla argentina, que son Bolivia, Uruguay, Chile y Paraguay.

En particular, Lorenzino utilizó el ejemplo del actual "intento de embargo" de la Fragata Libertad en Ghana, para dar cuenta "del vacío legal en la arquitectura financiera internacional" en este tipo de cuestiones.

El Gobierno argentino volvió a instar a favor de la instrumentación de medidas que permitan dar por tierra con este tipo de amenazas que suelen blandir los fondos buitres.

El documento recuerda que Argentina completó en un 93 por ciento la normalización de la deuda en default, a través de operaciones voluntarias de canje de pasivos que fueron rechazadas por los fondos buitres que compraron los títulos que tienen en su poder "a centavos de dólar".

Por caso, vale mencionar que Grecia también sufrió la presión de este tipo de acreedores, y en sendos artículos de la prensa del momento mencionaron a Kenneth Dart, el archienemigo de la Argentina, como el beneficiario de un pago de deuda griega sin quita, aún después de que el país heleno realizó la operación de canje, lo que lo ubicó en un nivel privilegiado respecto del resto de los acreedores.

En el mismo texto enviado al Fondo, el Gobierno volvió a criticar el rol de las calificadoras de riesgo, donde "los esfuerzos de la argentina" por normalizar la deuda no se reflejan en las notas crediticias.

En este sentido, ponderó los cambios realizados por Estados Unidos y Europa, "que reforzaron la supervisión y regulación de las mismas desde el 2010", y explicó que "desde el 2011 las calificadoras deben revelar sus manuales de crédito y sus metodología las comisiones que aplican  por sus servicios ante la comisión de valores local" (CNV).

Asimismo, el Gobierno reiteró "su compromiso con la comunidad financiera internacional, en donde la Argentina demostró que puede trabajar con el FMI en la base del respeto mutuo y en el reconocimiento de la soberanía argentina en la elección de sus elecciones de políticas".

El gobierno argentino, que no tiene en vigencia créditos con el FMI, marcó el estado de su relación con el organismo multilateral:  "nos beneficiamos de la asistencia técnica del FMI para desarrollar un nuevo IPC (índice de precios al consumidor), a nivel nacional; completados y publicamos los tres ROSC en regulación financiera y supervisión (una evaluación conjunta del Banco Mundial y el FMI realizada el año pasado sobre el sistema financiero), y estamos avanzado con el staff del Banco Mundial y el FMI en el informe FSAP", un reporte macroeconómico al que se someten los países del G20, expresó.

En el mismo documento, el Gobierno reiteró una vez más que para salir de la crisis de deuda se necesitan políticas de crecimiento con inclusión, muy contrarias a las políticas de "consolidación fiscal" que pregonó el Fondo hasta el momento, con poco éxito.

De hecho, la administración argentina subrayó el texto donde FMI reconoció a través de último Informe de Perspectivas Mundiales (WEO) de que el organismo "pudo haber subestimado el impacto negativo de la consolidación fiscal en varios países.

"Este reconocimiento es el primer paso que debería derivar de que el FMI cambie su estrategia en Europa y repiense su posición en lo que respecta a la resolución de la crisis y las reestructuraciones de la deuda", lanzó el ministro en la declaración conjunta formulada en representación de Bolivia, Uruguay, Chile y Paraguay, que hizo pública Cosentino, antes de partir hoy de retorno a Buenos Aires.